Las grandes promesas de la Cumbre de Miami eran la consolidación de la democracia y de la paz en toda la región y el inicio de una era de prosperidad económica a partir de la promoción del libre comercio, la cooperación y la integración económica a nivel continental. América avanzaría a pasos raudos en dirección a constituirse en una comunidad de naciones con las mismas convicciones políticas democráticas y con sólidas economías de mercado.

Efectivamente han quedado atrás los gobiernos autoritarios; Centroamérica se ha transformado en una zona de paz. Los conflictos fronterizos en Sudamérica se han atenuado o están encaminados por el carril de las negociaciones diplomáticas

Las economías nacionales han concluido (prácticamente todas) sus procesos de reforma, tanto en lo que se refiere al control del déficit público y la inflación, la apertura de sus economías y el retiro del Estado de funciones productivas.

La deuda externa se ha transformado en un asunto manejable a partir del abundante volumen de recursos financieros disponibles actualmente en el mundo, los que además permiten financiar los déficit en cuenta corriente de muchos países.

La inflación en la región para el año 97 fue del orden del 12% y para el 2000 se espera una inflación de un dígito. La tase de crecimiento en 1997 fue de 4,5%, la más alta de las últimas décadas. El comercio intra-regional ha aumentado, los aranceles promedio se han reducido, sea por la vía de acciones unilaterales, o por la vía de acuerdos o tratados comerciales.

Sin embargo, pese a estas alentadoras cifras macroeconómicas, la pobreza de ingresos crecía en la región a partir de 1994 gatillada por el desempleo, la desigualdad de oportunidades y la cobertura limitada del gasto social.

Democracias precarias

En el terreno político, en el continente, con la excepción de Cuba, se viven los requisitos mínimos de la democracia formal (elecciones, posibilidades de alternancia, libertad de expresión). Sin embargo, un amplio conjunto de deformaciones privan a la democracia “realmente existente” de la legitimidad necesaria para permitir al poder político un rol de promotor de la integración social, cuestión básica para generar sociedades satisfechas, pacificas y estables.

Existe una gran desconfianza de los ciudadanos respecto de la utilidad de la democracia y de la política. A la reducción del tamaño del Estado como productor y empleador, no le ha venido aparejado la existencia de mercados competitivos, sino la existencia de monopolios y otras formas de concentración de poder. Todo ello ha generado la idea de un sistema político más bien defensor de irritantes privilegios.

Además, un sistema democrático fiable y respetado debe procurar ajustar sus contrapesos. Ello exige un respeto y resguardo a las reglas de la alternancia, de parlamentarios con atribuciones y asesorías técnicas y partidos con normativas que favorezcan la transparencia de su financiamiento y funcionamiento de sus procesos electorales internos. En América Latina, estamos viviendo un nuevo período de personalización del poder, con una escasa diversidad de liderazgos. Este fenómeno puede ser la antesala de un nuevo ciclo autoritario. Los esfuerzos de Menem, Fujimori y lamentablemente Fernando Henrique Cardoso para reelegirse modificando las reglas del juego previas, el caso de Chile con sus senadores designados, el golpe civil en Ecuador, ratifican las dificultades de las imperfectas democracias de los noventa.

Lamentablemente para los ciudadanos la democracia corre el riesgo de transformarse sólo en un espacio de legitimación de un modelo económico concentrador. Este juicio no cambiará a menos que el poder político estructure su acción de un modo que recupere con fuerza el sentido virtuoso de lo público, se haga cargo del interés general interviniendo sobre el modelo de economía abierta, para reforzar sus aspectos positivos (crecimiento económico, generación de empleos y estabilidad) y actuando como una mano visible que favorece la competitividad, protege a los más débiles, las garantías individuales de todos y crea condiciones para el crecimiento económico de largo plazo, multiplicando capital humano y físico y dotando de sustentabilidad ambiental al desarrollo.

Un aspecto primordial de la revalorización de lo público, pasa por el fortalecimiento de la justicia en todos los países del continente. La independencia de los tribunales, la posibilidad de acceso a ella de los humildes, es una tremenda contribución al destierro de la violencia que se ha entronizado en ciudades, barrios y escuelas en toda América. Un sistema judicial fuerte es el principal antídoto para la corrupción y el narcotráfico y es el soporte de policías eficientes y ecuánimes y de sistemas penitenciarios rehabilitadotes. A su vez, en el contexto de una economía de mercado, la justicia es esencial para la defensa de consumidores y usuarios. La conformación de un auténtico Estado de derecho que provea de garantías a todos los ciudadanos pasa a ser una cuestión capital en nuestro continente.

En el mismo sentido, la descentralización debe ser entendida como un proceso de aproximación de los ciudadanos con el poder y un modo de acercar a la gente a los instrumentos vinculados a la solución de sus problemas y no como una manera de difuminar y precarizar, al calor de las recetas del Banco Mundial, el poder público que pierde su contundencia en la medida en que sus distintos niveles, nacional, regional y ocal se desajustan.

El fortalecimiento del Estado es crucial

Sin embargo, las principales amenazas a la democracia en el continente vienen de la pobreza, de la desigualdad en la distribución de la riqueza y la previsible pérdida de competitividad de nuestras economías en el contexto global. Estos desafíos requieren un Estado moderno que actué con energía en la orientación del proceso de crecimiento de la productividad, promoviendo la reforma educativa, la inversión en ID y el fortalecimiento de la infraestructura física.

Este Estado no es la simple expresión de intereses de grupos privados ni una muralla de contención de las demandas ciudadanas. Este Estado debe cohesionar y articular una sociedad enfrentada a los avatares de la globalización de las comunicaciones y el comercio. Por eso, en el actual debate panamericano es fundamental resaltar la significación del Estado y de lo público como un instrumento esencial para dotar de más equidad a nuestras naciones, pero también para otorgarle a estas economías más competitividad.

Este Estado entiende que el motor del desarrollo es la economía privada, la que debe disponer de capacidad de competencia sistémica. Es decir, debe poseer una oferta exportadora de calidad y diversidad creciente. Ello exige, estabilidad macroeconómica como requisito esencial. A partir de esta fortaleza surgen como ineludibles la necesidad de contar con capital humano y físico y sistemas de capacitación permanentes adaptables a nuevas condiciones. También requiere mecanismos neutrales de incentivo a la innovación tecnológica y a la capacidad de emprender. Exige a su vez, crear redes de información para que la ignorancia no se transforme en una desventaja competitiva. El Estado debe también proteger al medio ambiente y buscar compensar y revertir el daño provocado por la exportación intensiva de recursos naturales no renovables.

Respecto de la equidad, ésta comienza por polínicas sociales focalizadas para combatir la pobreza. Sigue con la generación de políticas universales que favorecen la no discriminación de género, de raza y de origen entre los ciudadanos de una nación. Continúa con la aplicación de políticas de igualdad de oportunidades que permitan a los ciudadanos modificar su condición social de una generación a otra, siendo la educación la herramienta principal para lograrla y concluye con la implementación de políticas de protección y de reducción de la incertidumbre respecto de la tercera edad y quienes sufren los rigores de un mercado laboral en constante cambio. El enfoque de orientación al usuario, en la aplicación de bienes y servicios públicos y la posibilidad de la fiscalización del uso de estos recursos por parte de los ciudadanos es otra contribución cualitativa a elevar los niveles de equidad de nuestras sociedades.

Los próximos años serán de grandes esfuerzos políticos comunes

Las tareas del poder político en América tienen que ver con la promoción de la equidad, de la competitividad de las economías y el fortalecimiento de las democracias. Este es un esfuerzo que cada nación debe realizar por separado, pero que cada vez más, por la fuerza del intercambio comercial, la magnitud de las corrientes migratorias y la transnacionalización de las comunicaciones, compete a las comunidades internacionales.

En América hay mucho que avanzar en el terreno de la liberalización del comercio, eliminando las trabas proteccionistas de todo orden y fortaleciendo los mecanismos de integración por la vía de acuerdos o tratados. Es evidente, a partir del rechazo a la solicitud de Fast Track de la Administración Clinton al Congreso Norteamericano que esto debe dinamizarse a partir de los esfuerzos de las naciones latinoamericanas interesadas en acentuar los vínculos de comercio. Sería una señal poderosa también, el establecimiento de una instancia jurisdiccional que permitiera la solución de conflictos comerciales por la vía del arbitraje o de una judicatura continental que puede establecer condiciones mínimas de protección ante las decisiones administrativas y judiciales de los Estados Unidos.

La integración económica y la cooperación pueden ser dos instrumentos esenciales para cambiar el rostro de América Latina. Ambos caminos exigen voluntad política persistente y convicción conceptual. Si alguien creía que las solas fuerzas del mercado iban a provocarnos prosperidad, pues las cifras se han encargado de desmentirlo. La economía crece, la pobreza también. La democracia deja de ser una meta de los pueblos y pasa a transformarse en un objeto de sospecha.

Es necesario avanzar en una nueva etapa de reformas en el continente, que se haga cargo de la brecha social y la nota amenazante que ésta pone a las democracias. Esto porque la idea de Estado mínimo ya está derrotada en los principales países del continente. Como prueba de ello en varias de estas naciones, coaliciones de fuerzas progresistas se aproximan a gobernar: la Alianza del FREPASO y la UCR en Argentina, el PRD en México, el Frente Amplio en Uruguay, la Alianza de Encuentro Nacional y el Partido Liberal en Paraguay por nombrar sólo algunos, son ejemplos que nos hablan de un nuevo período político en América donde la izquierda ha asumido a plenitud el espacio democrático que con esfuerzo y heroísmo ayudó a construir, planteándose ahora el propósito de transformarse en fuerza de mayorías.