El diagnóstico

El senador Adolfo Zaldívar es un político perceptivo. Ha señalado que la clase media está insatisfecha con los resultados logrados en los tres gobiernos de la Concertación y, por lo tanto, debe ser privilegiada en el próximo período (1); esta es una de sus principales posturas programáticas.

Según esta argumentación, si la clase media ha sido desfavorecida, es la consecuencia del modelo económico-social vigente en el país, el cual constituye el marco en que se han basado las políticas implementadas por Aylwin, Frei y Lagos, sucesivamente. El senador agrega que “entonces, es de toda justicia que esta esforzada clase media pregunte: ¿dónde está la falla?, si todo indica que la producción ha subido ¿por qué el empleo se ha estancado?”

Ergo, hay que cambiar el modelo y sustituirlo por una verdadera “economía social de mercado”, similar a la que permitió la reconstrucción y el progreso de Alemania después de la 2ª Guerra Mundial.

La redefinición del modelo no ha sido muy explícita, aparte de señalar que se debe introducir mayor solidaridad en la sociedad, más allá de los componentes de equidad que han acompañado a la meta del crecimiento en los 16 años de la Concertación.

En términos de propuestas, el planteamiento de Zaldívar se ha traducido, hasta ahora, en esta suerte de compensación a la clase media por las altas tasas de desocupación que hay en el país y por el endeudamiento al que tiene que acudir para responder a las necesidades familiares.

Por otra parte, afirma que “hay miles de micro, pequeñas y medianas empresas , que han debido cerrar sus puertas o que el Gobierno ha tenido que lanzarles un plan de ayuda para que sigan subsistiendo”, y agrega que “estas Pymes, que generan casi el 80% de la fuerza laboral en el país, se encuentran con el problema de que los bancos, que obtienen millonarias ganancias, las consideran muy riesgosas para prestarles dinero y les exigen tasas de interés y garantías muy altas”.

“Cambiar el modelo”

Cuando se propone un cambio en el modelo de desarrollo existente en Chile, hay que partir por preguntarse si se trata de un asunto doctrinario o solamente modificar los objetivos programáticos y las políticas que se implementarán en el futuro.

Desde un punto de vista doctrinario, lo más práctico es recurrir a los acuerdos adoptados por el IV Congreso Ideológico del PDC (2), que contiene los Principios Orientadores del Desarrollo Económico: la persona como centro de la actividad económica.

En el texto se expresa a la letra que “creemos necesario superar las deficiencias actuales de la economía y optamos por una economía solidaria, en que el mercado es el principal instrumento de asignación de recursos y el Estado el garante del bien común. Las principales características de esta economía son las siguientes:

a) Una opción preferencial por los pobres, que se traduzca en nuestro compromiso de erradicar la extrema pobreza en el plazo más breve posible.

b) La igualdad de acceso a las oportunidades de progreso personal.

c) La dispersión del poder económico, evitando la concentración del mismo, tanto en manos del Estado como de grupos privados y fomentando la pequeña, mediana y microempresa.

d) Un crecimiento estable y sostenido, generador de empleo productivo y sustentado en el esfuerzo mancomunado de empresarios, trabajadores y Estado.

e) La preservación del medio ambiente y la búsqueda de equilibrios regionales.

f) La promoción del desarrollo científico y tecnológico.

g) La promoción de la eficiencia, fomentando la iniciativa y la creatividad, y garantizando el libre funcionamiento de los mercados cuando ello asegure la adecuada asignación de los recursos, la apertura al exterior y una eficaz gestión del Estado”.

El párrafo anterior muestra que estos principios, con más o menos énfasis, son los que han guiado la estrategia seguida por los gobiernos de la Concertación y, por lo tanto, más bien se trata de privilegiar algunas metas por sobre otras, en que las carencias resultan más ostensibles como, por ejemplo, la mayor dispersión del poder económico o la promoción del desarrollo científico y tecnológico pero, en ningún caso, se requeriría cambiar el modelo económico.

Si esto es así, estamos en presencia de un asunto que no tiene carácter doctrinario, sino de cambios en las ponderaciones de las metas que se quiere lograr, es decir, una discusión sobre las políticas económico-sociales que se debe privilegiar en el próximo gobierno.

En todo caso, desde un punto de vista doctrinario, la clase media no es un segmento prioritario para la DC, ya que se define “una opción preferencial por los pobres”. Sí puede serlo desde la mirada política o clientelística, que también tiene importancia para un partido político.

La situación de la clase media

En los planteamientos de Zaldívar, el desempleo es el problema central que afecta a la clase media. Tiene la razón, pues la desocupación constituye una tragedia desde el punto de vista humano y económico.

Sin embargo, este es un efecto que sufren todos los estratos de la población y, con mayor crudeza, los sectores de más bajos ingresos, lo cual ha llevado al gobierno a privilegiar en los programas de emergencia a los trabajadores jefes de hogar y que pertenecen a los sectores de indigentes, según la clasificación de la CASEN.

Los antecedentes empíricos señalan que durante los últimos 15 años la población chilena, entre ella la extensa clase media, ha experimentado una notable mejoría de su nivel de vida, traducida en el acceso a la educación, la salud, viviendas de mejor calidad, esparcimiento y vacaciones, acceso a la cultura y a los bienes materiales, tanto perecederos como durables.

No sólo se trata de un incremento de su ingreso disponible, sino también de progreso en los indicadores sociales. Eso es incuestionable. Aun si se acepta que la distribución del ingreso monetario no se ha empeorado durante el período (3), querría decir que la clase media, en promedio, también ha aumentado sustancialmente su nivel de vida.

La otra información objetiva es que, a pesar de lo anterior, la clase media no siente que su bienestar haya crecido de la misma manera que lo reflejan los indicadores socio-económicos; está insatisfecha con los resultados del proceso. Se han planteado numerosas hipótesis al respecto, desde los sentimientos que despierta la evidente inequidad que existe en la sociedad chilena hasta la rápida asimilación que tienen los frutos del progreso, que la gente tiende a “olvidar” la calidad de vida que tenía poco antes. Sin embargo, el planteamiento que parece más consistente parece ser el efectuado por el PNUD en 1998, que ya en ese entonces, antes de caer en la fase de lento crecimiento que ocurrió a partir de ese año, estableció que las transformaciones ocurridas en Chile entre 1987 y 1997 también tuvieron como consecuencia el surgimiento generalizado de la inseguridad y la incertidumbre sobre el futuro.

Inseguridad e incertidumbre

La llegada de la modernidad hizo que la población, especialmente la clase media, tuviera acceso a mejores bienes y servicios, pero acompañados de inseguridad. No sólo se trata de la inseguridad ciudadana, en el barrio y la calle, es algo mucho más amplio.

Las remuneraciones aumentaron con rapidez, pero la ocupación se hizo menos segura; aumentaron las posibilidades de empleo, pero también de cesantía, ya que hay mayor movilidad laboral; los sectores de ingresos intermedios ahora pueden acceder al crédito, pero después hay que pagar la cuota de la tarjeta de crédito; la cobertura del sistema previsional ha aumentado, pero pocos saben cuánto va a ser el monto de su jubilación cuando se retire; ahora los hijos tienen acceso a la educación universitaria, pero hay dificultades para pagar la mensualidad, porque no tienen el crédito solidario; los establecimientos educacionales municipales son de baja calidad, pero los pagados no hay cómo financiarlos; los subsidios habitacionales solo existen para los más pobres; gracias a los avances de la medicina, la esperanza de vida aumenta considerablemente, pero no se puede financiar una enfermedad catastrófica, a menos que sea reconocido como indigente y se resigne a recibir una atención deficiente en el hospital, después de una larga espera; los ejemplos son múltiples.

En definitiva, el sistema de seguridad social, que antes protegía a la clase media, cada vez se focaliza más hacia los más pobres, y los primeros, que cuentan con un mayor nivel de ingreso tienen que buscar su propia previsión social, la cual al privatizarse es mejor, pero más insegura que el bienestar social del Estado.

Además, cada vez se incorporan segmentos adicionales de la población a esta creciente clase media.

Focalización versus clase media

El problema central es que la obligación primordial del Estado es erradicar la pobreza y, por lo tanto, concentrar sus esfuerzos en los sectores más desvalidos de la sociedad. Mientras subsistan sectores extensos de indigentes, los recursos fiscales no alcanzan para apoyar a la clase media, alcance ella al 50 o 70% de la población: así de simple y, al mismo tiempo, de complejo. Lo demás es música, cantos de sirenas.

Canalizar más recursos estatales a los estratos medios de la población, implica restarlos a las políticas sociales que buscan erradicar la pobreza.

Por lo tanto, la gran cuestión es la búsqueda de políticas que reduzcan la inseguridad de la clase media; hay que seguir dando pasos en ese sentido. Durante el gobierno de Lagos se ha avanzado en muchos aspectos, tales como el seguro de cesantía, el plan AUGE y la reciente ley que amplía la cobertura de los créditos universitarios.

El principal tema pendiente es la persistencia de altas tasas de desocupación, aunque es un tema nacional, no solamente de la clase media y que la base de los avances está en el rápido crecimiento económico.

La propia encuesta CASEN de 2003 estableció que las tasas de desocupación disminuyen a medida que se incrementa el nivel de ingreso. En el I quintil, correspondiente a los más pobres, alcanzaba al 41,6%, mientras en el V quintil, de los más ricos, a sólo el 5,9%. En el III quintil, el más característico de la clase media, llegó al 16,4% de la fuerza de trabajo de ese segmento.

En conclusión, para avanzar no se requiere cambiar un modelo que ha traído consigo el período más prolongado en la Historia de Chile de rápido crecimiento económico, paz social y estabilidad política.

El diagnóstico de las PYMES

La campaña presidencial ha desatado un verdadero póker de propuestas para apoyar a las PYMES (4). Atendiendo a los dirigentes gremiales del mundo de la pequeña empresa, los “ofertones” se han volcado de preferencia a la reprogramación de las deudas bancarias. (5)

Adolfo Zaldívar, simbolizando en ellas los problemas de la clase media, plantea renegociar las deudas a 10 años plazo, con 5 de gracia. Lavín ofrece 5 con 2 y subsidiar la tasa de interés; Piñera, que llegó más tarde al juego, está por 6 y 2 y tasas de interés “pagables” (¿qué significará?); Bachelet, más prudente, propone por “una segunda oportunidad”, pero sólo con las deudas previsionales y tributarias “como hace cuatro años”. Por último, la ya auto descartada Alvear, con seriedad, no estuvo por propiciar reprogramaciones, sino los compromisos tributarios (esa actitud, ¿influyó en su escaso respaldo?). (6)

La primera cuestión es si se requiere la reprogramación; lo segundo es establecer otras carencias del segmento.

El antecedente más cercano es la renegociación efectuada a los pequeños empresarios del sistema bancario con recursos de CORFO y a los propios deudores del INDAP en 2001-2002, en condiciones muy favorables y que arrojó un resultado muy inferior al previsto, ya que solo alcanzó a 15.505 casos, la sexta parte de los deudores.

Las razones fueron variadas, pero predominan dos aspectos: en primer lugar, la situación financiera de las empresas había comenzado a mejorar, lo cual se ha hecho más favorable en 2005. A lo anterior se agregó que las más comprometidas fueron consideradas inviables por los propios bancos acreedores, a pesar del apoyo oficial y, por lo tanto, una prórroga habría significado postergar una situación que no tenía solución, con mayores perjuicios para deudor y acreedor. Con lo muestran los estudios realizados, el segmento de las micro y pequeñas se caracteriza por una gran movilidad, tanto en la creación como la desaparición de unidades productivas.

La cartera vencida de las MIPES ha terminado por normalizarse, y si bien es algo mayor en las pequeñas, ha recuperado sus niveles históricos.

Sin embargo, los “ofertones” siempre serán bien recibidos por quienes los reciben, “a caballo regalado no se le mira el diente”. Pero, siempre hay que recordar que los recursos fiscales tienen uso alternativo.

Por otra parte, las renegociaciones no resuelven los problemas de fondo, sólo postergan las aflicciones de las empresas existentes, pero no modifican su situación futura cuando los problemas de fondo es que adolecen de dificultades de gestión o están realizando negocios sin perspectivas. Además, no ofrecen ventaja alguna para las nuevas empresas, que son las que requieren de apoyo.

El verdadero problema: acceso al financiamiento

Las estadísticas de la Superintendencia de Banco son ilustrativas sobre la realidad crediticia de las MIPES. Si se consideran los deudores comerciales del sistema, los micro deudores reciben el 1,7% de las colocaciones totales, mientras los deudores pequeños el 8,2%, entre ambos bordean el 10,0%, a pesar que suman el 94,2% del número de clientes (7); la concentración de las colocaciones es notoria.

En marzo de 2005, la deuda promedio de los 408.082 micro deudores bancarios era levemente superior a $ 1.100.000, mientras en el caso de los pequeños alcanzaba alrededor de $21.100.000. Los estudios realizados establecen que en estos dos segmentos la situación más difícil es el acceso al financiamiento, en una serie de materias en las que el sistema bancario no ofrece soluciones, a causa de una serie de “fallas de mercado”, las cuales requieren de la intervención estatal. Para responder a esas “fallas”, en algunas ya existen avances sobresalientes; en otras, proyectos; y, por último, hay carencias aún no enfrentadas:

a) Problemas de información. Los microempresarios carecen de una historia financiera y efectuar un análisis de riesgo es muy caro, en relación al monto del crédito solicitado. Uno de los programas más exitosos que se han implementado es el “Programa de Acceso al Crédito” que administra SERCOTEC y establece subsidios para incorporarse a un banco o entidad financiera. Se requiere incrementar significativamente los recursos asignados.

b) Problemas de garantías. A la insuficiencia de garantías se suma que el acreedor bancario “monopoliza” el activo cuando se le entrega. Se requiere ampliar el funcionamiento del Fondo de Garantías del Pequeño Empresario (FOGAPE), que ayuda en el primer aspecto, y aprobar el proyecto de ley que permite la existencia de Sociedades de Garantía Recíproca.

c) Estímulos a los emprendedores. Los emprendedores que inician una nueva actividad carecen de financiamiento, garantías e historia crediticia, solo tienen buenos proyectos. En la actualidad, el “capital semilla” y las “incubadoras de empresas” son incipientes y se necesita una masificación de sus acciones, poniendo un énfasis en la asociatividad de los emprendedores. Las propuestas de Michelle Bachelet de establecer un “servicio país” para este segmento y un fondo para los nuevos emprendedores merecen un estudio a fondo.

d) Burocracia. A pesar de los avances realizados por el programa “Ventanilla Empresa”, queda mucho por avanzar, en especial, en el campo municipal, donde recién se inicia y las empresas enfrentan más dificultades. La aplicación de la ley de “silencio administrativo”, el establecimiento de una ventanilla única del Sector Público, el establecimiento de un permiso provisorio de seis meses o un año para las nuevas empresas pequeñas, son tareas pendientes. Los avances en la capacitación y disponibilidad informática son decisivas para complementar lo anterior.

e) BancoEstado. Las imperfecciones del mercado financiero obligan a esta institución a cumplir tareas pioneras, de manera que llegue a ser identificado como el Banco de la MIPES.

Dicom, la cereza de la torta

No se puede dejar de mencionar otra iniciativa que ha sido propuesta por Lavín y Piñera: el DICOM. Para el primero, “estar en DICOM es una condena… y hay que sacarles a medio millón de chilenos esta mochila”, a través de una “fórmula ingeniosa”. Para Piñera habría 600.000 beneficiados (nuevamente el póker) que deben salir de DICOM sin costo. Las cifras anteriores reflejan que las propuestas van mucho más allá de las empresas, abarcarían a todos los deudores. Bachelet, fuera de los “ofertones”, sólo propicia “salir rápido”.

En este asunto cabe repetir lo que ya se ha indicado en informes anteriores: el DICOM favorece a la inmensa cantidad de los deudores, sólo es un inconveniente para los que no pagan, que es una minoría. En el caso de las MIPES, el 97% no tiene cartera vencida y presenta un historial limpio, que les permite acceder al crédito con mayor rapidez y a tasas de interés más bajas que si no tuviera una calificación que “cumple”. Por lo tanto, es un servicio valioso para la gran mayoría de los deudores, incluso en el caso de los créditos de consumo, los cuales han tenido en él un aliado para la masificación observada en el último decenio.

NOTAS

1) Para estos efectos el senador asume la definición de clase media según los ingresos que recibe la población y que, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, Casen, revela que la mitad de la población pertenece a ella. Es aquel segmento que percibe entre 290 mil y 2,2 millones de pesos mensuales por hogar (ver Adolfo Zaldívar, Urge dar un respiro a la paciente clase media, página web del Partido Demócrata Cristiano, www.pdc.cl).
2) Ver www.pdc.cl
3) Si se agrega el efecto del gasto social, las cuantificaciones efectuadas indican que la distribución que lo incluye ha mejorado en los últimos 15 años.
4) En términos estrictos, las propuestas son confusas. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) solo alcanzan a 120.000, según los datos de Impuestos Internos. Si se agregan las micro empresas, la cifra llega a 660.000, en el caso que sean formales y a 1.300.000 si se incluye también a las informales. En este último caso se llega al 99% de las unidades productivas del país, es decir, casi todas. Sólo se excluiría a las 6.500 grandes.
5) Los empresarios con problemas crediticios tienen intensos incentivos para acercarse a sus dirigentes gremiales y hacerles saber sus cuitas, mientras aquellos que no sufren de aflicciones serias de tipo financiero no alzan mucho su voz y mantienen un bajo perfil. Por lo tanto, las opiniones de los dirigentes están fuertemente sesgadas a presentar realidades poco objetivas.
6) En relación a este tema, ver asuntospublicos.org, Informes Nº460, Lavín y las pequeñas empresas y Nº465, Alvear y las pequeñas empresas
7) Los micro deudores tienen deudas menores a 500 U.F y los pequeños, entre 500 U.F y 4.000 U.F.