Con frecuencia es posible escuchar fervientes llamados a la reducción de los gastos militares en los países del Tercer Mundo. Se sostiene que esta pesada carga financiera constituye un virtual freno a las posibilidades de superación de la pobreza y estancamiento económico que padecen estas sociedades.

Aun cuando las cifras oficiales adolecen de innumerables sesgos estadísticos, diversas fuentes internacionales especializadas – el Internacional Institute for Strategie Studies (IISS) de Londres y el Stockholm internacional Peace Research Institute (SIPRE) de Suecia – sostienen que de cada 1.000 dólares que produce la región, se destinan en promedio 32,20 de ellos a los militares. Las mismas cifras sugieren que ningún país latinoamericano gasta anualmente menos de 4.000 dólares por cada militar en actividad. En el año 1987, los primeros lugares lo ocupaban Argentina, Venezuela y Chile con aproximadamente 86.000, 32.000 y 18.000 dólares respectivamente como costo fiscal para cada soldado en servicio activo.

Los actuales niveles sostenidos de armamentismo que se observa en los países de la región, tiene su antecedente de generación en el establecimiento de varios regímenes militares a partir de mediados y fines de la década del 60. Al inicio de ese lustro apenas tres países en toda Latinoamérica continental estaban gobernados abierta o encubiertamente por militares. En 1970 lo estaban 10. Tres años más tarde 13, cifra que permanecería constante, salvo un intervalo en Argentina, durante el resto del decenio. Así como la velocidad de propagación y durabilidad del poder militar fue notable, de igual forma ha sido importante la celeridad con que han vuelto a restablecerse gobiernos electos democráticamente.

En su mayoría todos estos gobiernos militares estaban inspirados de una visión de la “seguridad nacional”, que abarcaba virtualmente todos los aspectos de la vida de sus países. Sus hipótesis de conflicto localizaban a los enemigos no al otro lado de las fronteras territoriales, sino del otro lado de las “fronteras ideológicas”, cuya manifestación en cada país era la presencia del enemigo interno, contra el cual las FF.AA. se comprometían a luchar por “responsabilidad y legado histórico”.

Por esta extensión de los roles militares, las FF.AA., principalmente de América del Sur, adquieren un peso cada vez mayor en la vida social y política de cada uno de sus países. El personal militar creció aceleradamente, hoy en América Latina suman poco más de 1,3 millones. De cada mil adultos en la región, ocho – en promedio – son militares (esto sin contar las numerosas fuerzas para-militares y las reservas). De los países sudamericanos, Chile, Bolivia y Uruguay muestran las más altas tasas de relación entre militares por cada 1.000 adultos civiles (12,11 y 11 respectivamente).

Las compras bélicas

En América Latina, el gasto militar y la deuda externa están íntimamente relacionados. Una cuota importante de la actual deuda externa que aflige a los países de la región se remonta a las adquisiciones de armas hechas en la década del 70. En 1986 América Latina pagaba 2.300 millones de dólares nada más que para cubrir los intereses de la deuda adquirida por las compras de armas.

Perú es el país que más seriamente se ve afectado por sus compras bélicas: estas le significaron, entre 1975 y 1986, poco más de 3.300 millones de dólares, casi un 25% de su deuda externa, que en 1985 era cercana a los 14.000 millones de dólares.

Entre un 15 y un 20% de la deuda internacional de Argentina correspondía a las compras de armamento. Aun cuando no se puede fijar con certeza dichos montos, pues muchas cifras fueron encubiertas por otros gastos fiscales durante los gobiernos militares, algunas estimaciones fijan esas deudas en un rango que va de 5.000 a 10.000 millones de dólares. Con seguridad se conoce que entre 1975 y 1986, este país compró armas por más de 4.000 millones de dólares (en 1985 su deuda externa sumaba poco más de 48.000 millones de dólares).

El advenimiento de un gobierno democrático en Argentina significó una importante reducción en los presupuestos militares. Sin embargo, los compromisos ya habían sido fijados por los propios militares. A partir de 1884 el presidente Alfonsín limitó significativamente los recursos fiscales destinados al rubro castrense. Disminuyó el nivel de compras bélicas así como el propio contingente militar. Según datos del IISS, las importaciones de armas, que en 1981 fueron de 575 millones de dólares se constriñeron a sólo 28 millones de dólares en 1986. En ese mismo período los hombres en armas se redujeron de 185 mil a 78 mil.

Brasil, cuya deuda es la mayor de la región (100.000 millones de dólares), muestra un monto de adquisiciones bélicas comparativamente menor para el período 1976-86: 1.593 millones de dólares. En este país la demanda de material bélico ha empezado a ser cubierta, de manera importante, por su propia producción local, constituyéndose incluso en una nación exportadora de pertrechos de guerra. Además, los militares han logrado obtener importantes y significativos aumentos en sus remuneraciones, amplios programas de inversiones militares y un presupuesto que en 1988 fue muy superior al destinado a los programas sociales de urgencia.

Aun cuando el gobierno de Chile debe enfrentar un severo boicot a sus importaciones de armas (“enmienda Kennedy” de 1978), este país se ha transformado en el tercer comprador de armamentos de América Latina. Datos proporcionados por la Agencia para el Control el Desarme y Armamento (ACDA) del gobierno norteamericano, señalan que las adquisiciones chilenas de armamento en el exterior alcanzan, entre 1975 y 1987, a los 2.084 millones de dólares.

Sin duda este monto se halla subvaluado porque en Chile, al igual que en Argentina, las compras bélicas se mantienen en la más absoluta reserva y en los últimos años el gobierno de Santiago privilegió su relación en este campo con Sudáfrica e Israel, países que muestran una escasa transparencia en materia de ventas militares.

La industria bélica local: otra forma de armamentismo

El seguimiento de la producción bélica en países de Sudamérica (Brasil, Argentina y Chile) introduce una nueva fuente de inseguridad en el campo de vinculaciones intraregionales. En la 1ª Conferencia sobre Armamentismo en América Latina efectuada en Lima en septiembre de 1987, se sostenía que “al convertirse estos países en productores de armas, se ha originado un desequilibrio en la región”.

El desarrollo de esta industria local en los últimos años, es una respuesta específica a los problemas de aislamiento internacional de Chile, Argentina y Brasil y demuestra como este hecho influye en la resolución pacifica de las controversias intrarregionales.

Argentina. El mayor impuso a su industria bélica fue dado en 1967 con la implementación de un programa de compras, modernización y fabricación de equipos, conocido como “Plan Europa”. Por esta iniciativa, bajo un régimen militar, se logró la producción de los tanques ligeros AMX-13, con licencia francesa. Luego, en 1974, se inició la fabricación del Tanque Argentino Mediano (TAM) mediante un convenio con la firma alemana Thyssen-Henschel.

Este blindado cuenta con sofisticados sistemas de defensa que exigen una mantención onerosa. Un veto del propio gobierno alemán frustró las esperanzas argentinas de exportar este tanque a Malasia e Irán, por lo que su plan de producción debió ser reducido en más de la mitad.

En el plano aéreo, el mejor ejemplo fue la producción del bimotor “Pucará”, de uso contrainsurgente, reconocimiento y caza-helicópteros, características aptas para las demandas del Tercer Mundo. Sin embargo, su precio elevado lo hace inalcanzable para los países subdesarrollados (sólo se han producido 105 unidades). La Fuerza Aérea ha concentrado sus esperanzas en el jet de entrenamiento avanzado “Pampa”, desarrollado con la colaboración de la empresa alemana Dornier y que ha despertado interés de varios de sus congéneres de la región, incluso de EE.UU.

Argentina desarrolla su industria militar en condiciones de aislamiento político frente a Estados Unidos (derechos humanos/gobierno de Carter) y el aumento de tensiones con Chile en la zona austral. De esta forma, la producción local de armamento ligero y pesado, que se complementa con fuertes compras en el exterior, se convierte en uno de los pilares de su política de defensa.

Brasil. Según la Comisión de Seguridad Nacional del Senado Federal de Brasil, este país ascendió, ya en 1983, al quinto lugar entre las naciones exportadoras de equipos militares, con una facturación de US$ 1.500 millones.

En la actualidad, y por un criterio comercial de exportación (bajo precio y tecnología sencilla), existe un número mayor de blindados fabricados por la brasileña ENGESA en el resto de Sudamérica que en las propias FF.AA. del Brasil. Sus mejores clientes en la región son Colombia, Chile y Paraguay y más de 15 países en otros continentes, en los cuales han sido puestos cerca de 3.000 blindados livianos. Por el contrario, el alto costo (2 millones de dólares) de su tanque pesado, el “Osorio” ha limitado seriamente sus posibilidades de exportación y desarrollo de mercados en los países del Tercer Mundo.

El mayor éxito de la aviación brasileña ha sido el “Tucano”, 150 de los cuales fueron adquiridos por Gran Bretaña. Junto a Italia coproduce hoy el avión de apoyo táctico AMX.

Chile. A partir del golpe militar de 1973 las FF.AA. deben enfrentar serias dificultades para modernizar y adquirir armamento. Esta carencia es agudizada por el aumento en las tensiones fronterizas con Perú y Argentina. En ese marco, las FF.AA. chilenas promueven el desarrollo de una industria local de armamentos, en contradicción con los propios postulados económicos del régimen, que señalaban la inexistencia en Chile de ventajas comparativas industriales; por tanto el único camino era la importación de los productos bélicos.

En el ámbito privado, Industrias Cardoen es quien mejor logra enfrentar ese desafío. Con licencia de la firma suiza Mowag inicia la producción de vehículos blindados anfibios “Piraña”, destinados inicialmente al Ejército chileno. Luego, y beneficiado por la guerra de Irán-Iraq produce bombas “de racimo” para aviación. En la actualidad ha logrado expandir su presencia a varios países sudamericanos y europeos.

De entre las fábricas de las FF.AA. destaca la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER), con su monomotor de entrenamiento “Pillán”, que fue exportado a España y Panamá. A fines de 1989 se conoció una investigación española para detectar las causas de varios accidentes que el “Pillán” ha sufrido en cielos ibéricos. Esto expande un manto de inseguridad para el futuro de las exportaciones aviáticas.

Cuatro conclusiones

Algunas de las principales conclusiones del desarrollo industrial bélico en países de Sudamérica indican que, en primer lugar, existe un desnivel tecnológico entre estas industrias y la media tecnológica nacional. Este sector más rezagado no se ve beneficiado, ni por el “chorreo”, por la inversión en la industria bélica. La industria de armas genera pocas demandas sobre la economía global y no tiene otros subproductos que ofrecerle. La mano de obra utilizada es muy especializada y las materias primas se producen parcialmente en forma local.

La producción local de armas es, por regla general, más costosa que la importación de armas similares. Esto ocurre con mayor énfasis en la fabricación de armas pesadas que incorporan componentes de alta tecnología.

En tercer lugar, aun cuando la fabricación bélica local sea una industria altamente rentable y productiva, ella se basa inicialmente en un fuerte gasto militar del propio país.

Por último, en la medida que las actividades de producción bélicas consumen enormes recursos financieros disponibles a nivel local, tal inversión tiene un efecto económico-ideológico que afecta seriamente al conjunto de la actividad productiva nacional. De esta forma, los recursos destinados a desarrollar una industria militar en los países de la región tiende a ocultar los desequilibrios sociales y la desigualdad en la asignación de los escasos recursos nacionales.

En síntesis, el desarrollo de la fabricación bélica en América Latina emerge en condiciones internacionales vinculadas a situaciones políticas de excepción y su implementación reproduce y fortalece las desiguales condiciones socioeconómicas internas que por décadas caracterizan a los países de la región.