Desde que se decidió iniciar la elección directa de los dirigentes, por votación universal y secreta, entre los socialistas existe una polémica respecto de la actual modalidad de los Congresos del Partido. De esa oportunidad y hasta la fecha han sido separados los Congresos del acto de elección de la directiva nacional.

En el tiempo en que los delegados al Congreso elegían la directiva, toda su agenda (votación de la cuenta de la dirección saliente y discusión de la línea política) estaba determinada por el acto electoral con que concluían estos eventos según la tradición socialista. Con esa misma intensidad el Congreso zanjaba polémicas de naturaleza estrictamente ideológicas, que determinaban o denominaban, adscripciones a determinados cuerpos teóricos.

Estos conflictos que poblaban la izquierda mundial hasta los años ochenta, eran parte de una compleja realidad mundial cruzada por la realidad de los bloques propios de la guerra fría. Eran los tiempos del conflicto chino-soviético, de la tercera vía yugoslava y de la emergencia de la revolución cubana.

Los dos hechos mencionados – la elección del Comité Central y del Secretario General del Partido y la resolución de esas complejidades ideológicas -, le otorgaban a los Congresos un peso y una importancia singular por sí mismos.

Hoy el Congreso del PS se efectúa cuando la directiva ha sido ya elegida en actos electorales de significativa visibilidad pública. A su vez es evidente que las definiciones ideológicas por sí mismas no podrían significar la reconversión de la línea política del partido, toda vez que su núcleo dirigente ya ha sido estructurado.

Pareciera evidente, entonces, que los actuales congresos socialistas provocan menos expectación que en el pasado. Pero esto, que pudiera significar una pérdida de valor de dichos eventos, sin embargo genera una gran posibilidad para realizar un debate sustantivo sobre los temas que más debieran preocupar a los socialistas, ajeno a disputas de poder o a promesas electorales.

Así, el Congreso del Partido Socialista cumpliría sobradamente su misión si logra avanzar en la discusión de los temas de la democratización de Chile, haciéndose cargo de los cambios del país – en sus grandezas y miserias – y asumiendo la complejidad y los desafíos que enfrenta la actividad política en nuestro país. Porque pocas veces en la historia nacional la actividad política había tenido menos prestigio que en la actualidad. Y a su vez, pocas veces había sido más necesario un poder ciudadano que equilibre el poder económico y militar que tienen unos pocos chilenos.

El PS es la única fuerza política de identidad socialista que participa en una colación de gobierno en América Latina. Eso impone obligaciones y responsabilidades y por sobre todo exige asumir los debates internos con una clara comprensión de los cambios acaecidos a escala mundial y de la actual realidad continental, signada de nuevas esperanzas y no pocas situaciones conflictivas.

Modernización desde la perspectiva de los socialistas

Por mandato generado en su propia institucionalidad. El Congreso deberá definir o por lo menos avanzar seria y sustantivamente en la definición del proyecto partidario.

Y sobre esta materia es imprescindible eludir polémicas distractivas, pretensiones eruditas absolutamente inconducentes en el marco de grandes asambleas, o contiendas “ideológicas” en torno a “etiquetas” o “apellidos”.

Creemos que podremos converger en que la esencia del socialismo es la promoción colectiva, organizada y universal de aquellos derechos que permiten a los seres humanos ser más libres e iguales en sus derechos.

El documento en discusión sobre Proyecto Socialista ofrece algunas definiciones que pueden despejar o por lo menos deslindar motivos de polémicas muy extensas y prescindibles en un contexto congresal. ”Se entiende por socialismo” – dice – el movimiento social encaminado a superar las profundas limitaciones de la sociedad capitalista”, y completa la idea distinguiendo “como socialista el rumbo hacia el que apunta ese movimiento social y como socialismo, lo que va resultando de su acción y que cristaliza en una flexible disposición de formas de propiedad, de organización del trabajo, de acceso al conocimiento, de orientación de la actividad productiva y de utilización de los excedentes económicos, que garanticen a todos los hombres condiciones de vida dignas, igualdad de oportunidades y los habilite para participar en todas y cada una de las decisiones que los afecten, en el marco de una sociedad democrática”.

A partir de un consenso global sobre el concepto, los fines y la dimensión política del socialismo. Debemos abocarnos al perfilamiento de una propuesta programática para los tiempos actuales. Ello significa diseñar un proyecto de modernización progresista que considere como partes indisolubles y complementarias las transformaciones político-institucionales, económico sociales y la ampliación de las libertades individuales en el plano cultural.

Desde ese enfoque surge el modelo alternativo al neoliberalismo, en los términos en que lo hemos conocido en nuestro continente y especialmente en Chile.

El neoliberalismo es una opción que hoy ya se ve bloqueada por sus propias incapacidades. Es más, se afirma en América Latina un tiempo post-neoliberal, luego de que reiteradas políticas de ajuste, seguidas de períodos de crecimiento relativo, no han logrado frenar la pobreza, las desigualdades, la inseguridad y la exclusión. Abogar por un Estado mínimo no se compadece con la necesidad de activas políticas públicas para enfrentar los desequilibrios sociales y la pobreza, además de las necesidades de gobernabilidad derivada de democracias débiles. A su vez una inserción internacional exitosa requiere de capacidades estatales de conducción que la visión minimizante del Estado niega y por tanto impide.

Ese neoliberalismo, además, resulta pervertido por su abrazo ideológico con los integrismos religiosos y el conservadurismo cultural, y por su complicidad con las concepciones autoritarias y tecnocráticas en el manejo de los asuntos públicos.

Una modernización progresista tiene profundas connotaciones transformadoras. Debe hacer suyos los desafíos de la productividad y la equidad que tiene el país, dos factores que se potencian recíprocamente. Hay que entender que la equidad y la justicia social son parte dinámica de nuestro modelo de desarrollo, que el aumento de la productividad y la competitividad de nuestra economía pasa por una elevación global y masiva del nivel educativo y por la calificación laboral de los trabajadores y sectores populares de nuestro país. Las reformas que hacen posible la equidad social deben ser vistas e incorporadas como las palancas del desarrollo y progreso que el país requiere y llevadas a cabo enfrentando la resistencia de intereses corporativos.

Enfrentar hoy el desafío de derrotar la pobreza, de asegurar equilibrios medioambientales, de fortalecer los sistemas públicos de salud y educación y de redistribuir el ingreso, demanda un Estado activo en las tareas de regulación y de hacer transparentes, eficientes y competitivos los mercados. Un Estado capaz de llevar adelante políticas públicas activas y focalizadas que permitan discriminar a favor de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

El país no sólo debe plantearse terminar con la extrema pobreza sino que debe reducir las desigualdades de origen y en general la distancia de ingresos y riqueza entre los distintos grupos de la sociedad.

Tal rol del Estado reclama su radical modernización, la que además de considerar la incorporación de criterios de eficiencia en su gestión y de realizarse con la activa participación y compromiso de los trabajadores, debe concebirse como un gigantesco proceso de constitución de ciudadanía. Ello significa la plena disponibilidad del cuerpo estatal al escrutinio público permanente y a sujetarse a una orientación centrada en la satisfacción a los usuarios de sus servicios, particularmente a los más desprovistos de otras protecciones.

La modernización progresista debe asumir a cabalidad la lucha por las libertades individuales, reivindicando el pluralismo, la diversidad y la tolerancia cultural. La promesa de mayor libertad contenida en el proyecto de la modernidad, implica el reconocimiento y la confianza en las propias capacidades del individuo, en el libre ejercicio de la razón para realizar sus opciones políticas, espirituales y éticas.
Todo individuo, grupo o institución tiene el derecho de mostrar sus particulares respuestas a las grandes interrogantes humanas, y a las opciones morales que de ella de deriven. Sin embargo, nadie puede pretender valerse del Estado para imponer su particular visión de la sociedad en su conjunto.

Para lograr mayor equidad social se debe otorgar más poder de negociación a los trabajadores, en vistas a un justo equilibrio en las relaciones laborales. Igualmente se debe ir avanzando hacia una estructura impositiva más acorde con los estándares internacionales. No se trata de desincentivar la actividad empresarial ni de negar el lucro como motivación de la inversión privada, pero es básico asumir que los frutos del crecimiento se distribuyen de manera irritantemente desigual y que la segmentación social y espacial que ello provoca son inaceptables.

Asumir la importancia y centralidad del mercado no implica – como afirma el citado texto sobre Proyecto Socialista – “creer que el mercado puede resolver todos los problemas económicos y sociales”, visión tan equivocada “como suponer que una planificación centralizada pueda sustituirlo en su función coordinadora del proceso de asignación de recursos”.

La práctica ha demostrado hasta la saciedad que “si no existen niveles adecuados de competencia en los mercados, la economía pierde eficiencia y las sociedades desaprovecha la posibilidad de alcanzar niveles superiores de desarrollo y, en consecuencia, de bienestar para la gente”. De ahí que cuando el Estado se retira de las funciones productivas se haga más evidente que “la acción reguladora y correctiva del Estado respecto del mercado tienen un contenido estratégico para aprovechar sus potencialidades creativas e innovadoras y desplegarlas hacia el conjunto de la sociedad”.

El espacio de la política y de lo público

La convivencia simultánea de largos años de gobierno autoritario con la promoción de la ideas neoliberales, ha tenido un efecto devastador sobre los espacios públicos y, por tanto, sobre la actividad política y sus prácticas. Ello no es sólo resultado de la reducción del Estado, de la expansión del mercado a todas las esferas y de la retracción de lo privado, que ciertamente inducen los fenómenos mencionados. Pero más allá de estas causales evidentes, el hermetismo en que funcionan las instituciones y el limitado espacio de legitimidad de los conflictos son los factores que acentúan esa desvalorización de lo público, de lo colectivo.

Sin embargo y contradictoriamente, subsiste y se acentúa por parte de los ciudadanos una gran exigencia de intervención pública sobre el futuro, que permita reducir la creciente incertidumbre, la segmentación social, las desigualdades y las amenazas que se originan en la vida cotidiana.

Desde allí surge una tremenda oportunidad para el Partido Socialista de Chile. Sin embargo, el PS ha demostrado una gran dificultad e incapacidad para organizar y potenciar en el debate público el papel de los actores y movimientos sociales. Carencia partidaria que tiene consecuencias estratégicas, toda vez que un mayor protagonismo social permite desarrollar acciones y contenidos que pueden reforzar la visión socialista del proceso de modernización en marcha. Así lo demuestran las situaciones en que ha existido presencia de los actores sociales, en las que el PS ha adquirido un especial protagonismo político.

Este tema se vincula estrechamente con el mejoramiento de la calidad de la política. Si la política no refleja en la esfera que le es propia – partidos, parlamento, gobierno -, sensibilidades y prácticas sociales y culturales reales – como las que introducen los actores sociales -, efectivamente se trasforma en una actividad autorreferente, dominada por proyectos individuales y temas exclusivamente de poder. La promoción del apoliticismo y el surgimiento de infinidad de nuevos profetas, son el rostro visible del desprecio por el uso sistemático y masivo de los mecanismos democráticos, que son los únicos capaces de poner límites y reducir los privilegios de grupos minoritarios, en particular de aquellos que en nuestro país con tanta pasión defiende la derecha.

Por el contrario, una política con estrechos vasos comunicantes con la sensibilidad y devenir de la sociedad civil se vuelve una actividad llena de sentido y cercana a los intereses de la gente. Así también deben entenderse las virtudes y limitaciones de los procesos de gobernabilidad constituidos a partir de la construcción de consensos, Consensos que resultarán útiles en la medida en que sean capaces de configurar un cuerpo mínimo de reglas del juego, pero que no lo serían si se limitan a ser un mecanismo que ahoga el disenso y la diferencia y privilegia el statu quo.

En conclusión – y recurriendo nuevamente al texto del PS sobre Proyecto -, ”la participación política del ciudadano debe extenderse, más allá del sufragio, a su injerencia en las discusiones acerca de los asuntos públicos y a las consultas plebiscitarias que puedan o deban hacerse para requerir su opinión sobre los problemas que afectan a la comunidad y sus soluciones…”

Es decir que el PS debe resituar frente a la sociedad chilena no sólo la imperiosa necesidad de las reformas constitucionales pendientes, sino también la interrogante más de fondo acerca de cuál es el tipo de democracia que el país necesita y desea.

Ello sin subestimar la importancia y principalidad de la tensión que hoy cruza al sistema político chileno, que dice relación con la contradicción entre soberanía popular plena o limitada, y con la legitimación como factores de poder alternativos a los propiamente democráticos de los llamados “poderes fácticos”, particularmente de las FF.AA.

Definitivamente, ”un Estado de derecho democrático requiere de poderes judiciales y contralores independientes y capacitados para ejercer sus funciones y lo que es básico y fundamental, supone la plena subordinación del poder militar al poder civil, limitándose el primero al ejercicio de la defensa externa del Estado, absolutamente prescindente de toda injerencia en los asuntos públicos, ajenos a su estricto cometido profesional” (Proyecto Socialista)

En definitiva, la lucha por darle la real fuerza y centralidad a la soberanía popular comienza por liberarla de todo tutelaje, la principal tarea política del Partido Socialista en los próximos tiempos.

• La Concertación en el Proyecto Socialista*

Luego de seis años de gestión, la Concertación se ha demostrado como una exitosa coalición de gobierno. No se prevé en el futuro visible otra coalición política, alternativa a la Concertación, capaz de combinar la conducción de un período de progreso con la expansión de las libertades democráticas e institucionales básicas. La Concertación es hoy en día lo que en el antiguo lenguaje denominábamos una coalición estratégica, cuya profanidad programática y perdurabilidad en el tiempo debería ser inobjetablemente compatible con el crecimiento en su interior de nuestros propios liderazgos y de la alternativa de izquierda que expresa en su interior el Partido Socialista.

Pero es evidente que se requiere una amplia reflexión en su interior para que la Concertación pueda sobrevivir en el tiempo, nuevos enfoques comunes que den fuerza a su proyección más allá del 1999.

Con ese propósito, creemos que con cuatro los grandes temas que debe debatir la coalición.

1. Mantener el crecimiento, dotarlo de sustentabilidad ambiental y radicalizar los esfuerzos por equidad.

¿Cómo conseguir igual progreso para todos? No existen dudas respecto que la economía chilena es capaz de generar crecimiento y estabilidad económica, pero es evidente también que debemos discutir la manera de provocar más equidad e igualdad de oportunidades sin afectar la senda del crecimiento. Conseguir la superación de los problemas que provocan y reproducen la pobreza, la elevación generalizada de la calidad de vida y la reducción de las desigualdades, requiere no sólo seguir creciendo sino además implica llevar adelante un conjunto de reformas para dar a nuestro desarrollo sustentabilidad y duración en el tiempo. Y es indudable que existen desacuerdos en torno a las políticas y los instrumentos para conseguir tales objetivos.

2. Lograr que la pluralidad y heterogeneidad social existentes se reflejen en las instituciones y la cultura.

Se trata tanto de discutir las formas de garantizar la existencia de valores sociales distintos, todos ellos igualmente legítimos, como de permitir la expansión de los derechos de aquellos que constituyen amplio consenso como son los de la mujer, los niños, las minorías étnicas, etc. En síntesis, identificar propuestas e instituir programas que permitan cumplir estos fines.

3. Es necesario discutir el sistema político del Chile del futuro.

No basta con concluir las indispensables reformas a la Constitución. Es evidente que el sistema de decisiones del país peca de centralismo, lentitud y carencia de una lógica de participación ciudadana.

Se requiere dotar de flexibilidad y legitimidad a las instituciones, abrir a la discusión pública todos los temas, rompiendo el hermetismo de lo político, elevando su calidad y garantizando su probidad.

Para ello es crucial concluir las reformas constitucionales básicas y concentrarse en los temas de largo plazo para constituir un sistema político generado a partir de las exigencias del futuro y de la legitimidad democrática.

4. Establecer mecanismos que garantizan la competencia y la alternancia al interior de la Concertación.

Es evidente que la supervivencia de la Concertación depende históricamente de su capacidad de generar métodos de resolución de sus conflictos. Desde su fundación en 1988 ha sido así. En la actualidad es necesario desarrollar un amplio cuadro programático que le dé sustento político y ético a mecanismos aceptados de competencia regulada.

Con un acuerdo programático y mecanismos que permitan la competencia interna y que promuevan la alternancia, no habrá dudas que la Concertación puede fortalecerse y legítimamente encabezar la conducción del gobierno en los comienzos del próximo siglo.

Estos son algunos de los temas que deberían debatirse en el Congreso del Partido Socialista. Los espacios de discusión no son frecuentes ni en Chile ni en el Partido, por tanto debe aprovecharse esta oportunidad para profundizar una reflexión sobre el país y fortalecer la perspectiva del progreso y los cambios.