En las últimas semanas, dirigentes y vocerías del mundo político del pinochetismo y de la derecha han expresado opiniones ostensiblemente discrepantes con el actuar de las FF.AA. y, en especial, del Ejército y de su comandante en jefe, general Ricardo Izurieta. Los desacuerdos o las críticas de esos sectores hacia las conductas y políticas adoptadas por el general Izurieta se venían manifestando desde hace bastante tiempo, pero tenían tonalidades elípticas o veladas. Últimamente en cambio adquirieron un carácter abierto y hasta agresivo.

Expresiones sintomáticas

Jacqueline Pinochet, por ejemplo, declaró a El Mostrador, el 8 de enero: “El Ejército debe tomar una decisión más enérgica y fuerte, porque mi padre fue su comandante en jefe… La gente no se da cuenta, pero se está acumulando odio. Izurieta es una persona que representa la plana mayor del Ejército, pero no es todo el Ejército.”

La Nación del 18 de enero recogió las siguientes palabras del diputado Iván Moreira: “Le preguntamos a qué Ejército pertenece y que no se olvide que él también participó del 11 de septiembre con cargos de gobierno. Siento que el comandante en jefe del Ejército se está lavando las manos como Poncio Pilatos.”

Pero, ninguna duda cabe que las declaraciones más impactantes son las que formuló el senador Jovino Novoa en entrevista concedida a La Tercera, el 21 de enero. Impactaron porque, por su investidura institucional y por su condición de dirigente destacado de la derecha, sus palabras alcanzan, inevitablemente, un rango oficial: son interpretables como representativas de lo que piensa, al menos, una parte importante de la derecha.

La beligerancia de algunas de sus frases merece ser tomada como dato analítico. Dice, entre otras cosas: “Yo acuso a la izquierda de inmorales. Les acuso que habiendo sido responsables, quieran ser ahora jueces, que habiendo sido terroristas, hoy se muestren como víctimas…”. Estos dichos no son exabruptos ni producto de una espontaneidad emocional. La elite direccional de la UDI ha dado sobradas pruebas de poseer una extrema frialdad política. Tampoco son palabras destinadas a ofender a la izquierda. Las descalificaciones son un mensaje para los miembros de las FF.AA., para recordarles con quienes están parlamentando y quienes eran, en definitiva, los detenidos desaparecidos.

El objetivo de fondo

Es evidente que el lenguaje del senador Novoa está en la antípoda del espíritu de la Mesa de Diálogo y de las formas que se han venido imponiendo en las interlocuciones entre los actores comprometidos en la búsqueda de solución a los temas pendientes en materia de derechos humanos.

Para la fracción hegemónica de la derecha nunca fue de su agrado la Mesa de Diálogo ni las dinámicas que de ella han derivado. Hay que tener en cuenta que de los muchos aspectos trascendentes que entrañó esa instancia, uno de ellos es que – probablemente por primera vez – las FF.AA. tomaron autónomamente una decisión política encaminada a resolver problemas de orden político, jurídico y ético, en los que están comprometidas. No actuaron como bloque con la derecha ni la requirieron como intermediaria. Y ahí está el meollo inspirador de las declaraciones del senador Novoa. A quien critica en el fondo es a las FF.AA., por la decisión de participar en la Mesa de Diálogo. Dice a la letra: “El error fue haberse sentado un poco a ciegas en la mesa… Hay una obligación, sobre todo, de quienes tienen responsabilidades públicas, sean militares o civiles, de analizar todas las facetas y en la mesa de diálogo se tenían muy claros los objetivos, pero no existía ninguna identidad de propósitos”.

Subyace en estas apreciaciones una divergencia esencial entre las visiones de la derecha y las nuevas visiones que se han incubado en las FF.AA. En la retórica, la derecha pareciera ser una defensora incondicional de las FF.AA como institución. Pero, en realidad, lo que la derecha quiere proteger a ultranza es el bloque político que condujo al país durante el régimen militar que ella hegemonizó y dentro del cual se incluían uniformados. Visto así, lo que la derecha aspira es a una autodefensa y para tal efecto intenta constantemente vincular a su estrategia autodefensiva a la institución FF.AA., aprovechando las circunstancias judiciales que afectan a miembros de ellas.

Nuevos horizontes de las FF.AA.

Las FF.AA. se enrumban en otra dirección: desligarse lo más pronto posible de la politización factual a la que fueron inducidas – y por la cual han devenido en las instancias que más costos han pagado – y abocarse a sus tareas profesionales acicateadas por las crecientes demandas de modernización.

Que la derecha privilegia lo primero y poco le preocupa lo segundo, o sea, el desarrollo profesional de las FF.AA., se confirma observando dos simples y elocuentes hechos.

• Su mundo político e intelectual escasamente aborda tópicos relacionados con los objetivos modernizadores en comparación a la importancia que le asignan analistas y dirigentes de la Concertación y académicos independientes.

• La insistencia de las vocerías derechistas, en los últimos tiempos, en cuanto a que el “Ejército es uno solo” y las opiniones vertidas en contra de las actuaciones del general Izurieta son, en la práctica, llamados a potenciar una oposición dentro de las filas de la institución que reintroducen las lógicas politizadoras.

Siguiendo esta línea reflexiva, las discrepancias de la derecha con las jerarquías castrenses aluden a un debate esencial y, no obstante, postergado por razones obvias. La cuestión de las violaciones de los derechos humanos ha subsumido otros tópicos sobre las efectivas responsabilidades de las FF.AA. en el régimen militar.

El ex ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, en entrevista en El Mercurio, el 21 de enero, hizo una afirmación que es clave para una reflexión de esta naturaleza: “El gobierno militar estuvo apoyado por las FF.AA., pero no fue el gobierno de las FF.AA.” Esta precisión del ex ministro es la que más se acerca a la realidad. No obstante, tanto la derecha como los militares vindican tal gobierno como gobierno de las FF.AA., y así también lo percibe la ciudadanía.

En rigor, desde el punto de vista político-ideológico y considerando los protagonistas del sistema de toma de decisiones, ese fue un gobierno de derecha. Los altos mandos castrenses de la época adscribieron a esa definición política y se comportaron como actores políticos de esa corriente. Lo que ocurrió, entonces, con las instituciones armadas, es que, siguiendo a sus mandos, apoyaron y sostuvieron a un gobierno de derecha. Es una ingenuidad pensar que la conducción efectiva del gobierno radicaba en las FF.AA. Pensar así obligaría al absurdo de suponer que las políticas económicas, sociales, sobre organización del Estado, etc., eran discutidas y adoptadas a través de procesos institucionales internos de las FF.AA.

Tal vez la confusión que existe al respecto se origina porque no se distingue entre régimen de excepción y gobierno. Puesto que un régimen de excepción se establece y se mantiene por el uso o por la amenaza del uso de la fuerza, es obvio que la responsabilidad mayor y el protagonismo en la instalación y pervivencia del régimen dictatorial en Chile radicaron en las instituciones armadas. Pero dentro de un régimen de excepción pueden ejecutarse políticas de distintos signos ideológicos. Esa es misión y decisión del gobierno y de los gobernantes que, aunque algunos vistan uniforme, son, por antonomasia, políticos. En suma, las Fuerzas Armadas otorgaron el marco de excepcionalidad para que se implementara el gobierno y las políticas de derecha, pero no fueron sus instituciones las que gobernaron.

Las FF.AA. no son propiedad de la derecha

Sin entrar a analizar las vicisitudes históricas que llevaron a estas situaciones, lo cierto es que la larga convergencia de las Fuerzas Armadas con la derecha durante el régimen militar influyó fuertemente en el adoctrinamiento político-ideológico de las primeras. Los ciudadanos militares son en su inmensa mayoría derechistas, y muchos lo son apasionadamente. A ellos se dirigen los voceros de la derecha, como el senador Novoa, cuando critican el liderazgo del general Izurieta.

Y es esta una señal del agotamiento de una sociedad que, hasta no hace mucho, resultaba instrumentalmente provechosa para ambos socios.

La derecha se resiste a aceptar que las FF.AA. abandonen la pertenencia a su bloque de poder. Y las Fuerzas Armadas, por su parte, requieren sustraerse de cualquier factor que enturbie su normal vida profesional e institucional.

En el curso de estos años, la derecha – con la anuencia de un buen número de ex miembros de las jerarquías militares – desarrolló una suerte de sentido de propiedad y de paternidad sobre las Fuerzas Armadas que, a todas luces, es cada vez más disfuncional a los intereses de las instituciones castrenses.

Este doble sentimiento puede vincularse a experiencias puntuales que ha tenido la derecha respecto de las FF.AA. El sentido de propiedad podría explicarse, por ejemplo, por la influencia y liderazgo político-ideológico que ejerce entre los uniformados. Y el paternalismo quizás se deba a sus acciones defensoras ante una hipotética persecución revanchista de la que serían víctimas las FF.AA. En cualquier caso, el resultado es que la derecha se auto concede facultades para entrometerse desmedidamente en las conductas que asumen las FF.AA. frente a los escenarios políticos.

Su rol en la concepción del Estado

Sin embargo, hay razones más esenciales que anuncian el agotamiento del tipo de vínculos orgánicos que se gestaron entre ambos estamentos. Razones que se ubican en la propia matriz de los nuevos pensamientos que rigen las políticas de derecha. El postulado derechista acerca de la necesidad de minimizar la función de lo público y de lo estatal alcanza también a las instituciones de la defensa. Poco se ha estudiado la paradoja que encierra la Constitución vigente en lo que se refiere a las funciones de las Fuerzas Armadas: el mayor número de atribuciones que allí se les asigna en realidad tiende a constreñir sus funciones al espacio del orden público. Y esto es así por la concepción global que tiene la derecha sobre la organización que deben darse las sociedades modernas. Expuesto muy resumidamente, para esta cultura política, es el mercado, o sea el universo de las relaciones privadas, el que debe autorregular las relaciones económico-sociales y asegurar el progreso del colectivo nacional. La política y las instancias estatales tienen como misión casi exclusiva a administrar los recursos fiscales. Restringida la política al ámbito preferencial de lo administrativo, la siempre latente emergencia de conflictividades sociales y políticas álgidas queda como materia a resolver por las Fuerzas Armadas en tanto “garantes de la institucionalidad”. Merced a esta concepción es que resulta absolutamente congruente que dirigentes empresariales, confesamente derechistas, demanden hoy la intervención de las Fuerzas Armadas en la Araucanía para proteger sus propiedades.

En conclusión, el distanciamiento que en estos días ha manifestado la derecha respecto del alto mando del Ejército tiene, sin duda, causas coyunturales, pero también hay un trasfondo que alude a un choque de cosmovisiones que han permanecido ocultas debido a nuestra interminable y opacante transición.