El sello del reciente Congreso del PS puede sintetizarse en la levedad de sus resoluciones políticas y en la relevancia de la definición de los mecanismos para elegir la próxima dirección partidaria.

Los congresos de los socialistas chilenos, salvo situaciones excepcionales, son momentos de formalización de procesos político-ideológicos que han madurado en los períodos previos, a veces relativamente calmos, otras bastante tormentosos. No resuelven sino que ratifican lo que se ha ido constituyendo en percepciones y criterios mayoritarios en el cuerpo partidario desde mucho antes de su convocatoria. Así lo fueron algunos congresos de gran trascendencia pública, como el de 1956, que reunificó a las dos tendencias socialistas que se separaron en 1952 a raíz de la segunda candidatura de Carlos Ibáñez: el evento sesionó a partir del tácito acuerdo previo de concretar la unidad con el PC en lo que habría de ser el FRAP, y de levantar la candidatura de Salvador Allende para la contienda presidencial de 1958. Similar es el caso del Congreso de Chillán de 1967, cuyas resoluciones voluntaristas venían fermentando largamente, sobre todo por la influencia de la Revolución Cubana y alucinación guevarista.

El Congreso también fue testimonio de un vicio que parece irreversible: la seducción que tienen en el activo socialista las mecánicas y las reglas para la construcción del poder interno. Cambios recurrentes, incoherencias normativas y contradicciones entre lo que se propone y aprueba en uno y otro congreso, con la consiguiente inestabilidad del diseño institucional, caminan en paralelo a la fetichización discursiva de la democracia y prácticas que la ensombrecen. El tema de la “discriminación positiva” y del voto secreto son dos capítulos que ejemplifican algunas de esas inconsistencias.

Levedad política

El Congreso fue bastante templado y sin novedades en materia de decisiones políticas. Ello no obstante los anuncios o comentarios previos que apuntaban a grandes decisiones sobre grandes temas. La presentación y amplia circulación previa de más de 50 documentos parecían avalar esas expectativas.

No fue así, y ello lo demuestra la ausencia de novedades respecto a la Concertación, uno de los asuntos que desde hace un par de años – sobre todo desde su bajón electoral parlamentario de diciembre de 1997 – ha motivado una abultada papelería que cruza diagonalmente a todos los partidos de la coalición. Y tampoco hubo novedades respecto al Gobierno, nada menos que el Gobierno de Lagos, el primer socialista en La Moneda post Allende.

Esta levedad del máximo evento político de los socialistas, sin embargo, no necesariamente debiera llamar al pesimismo. Porque lo que hizo el Congreso fue ratificar criterios y opciones que venían reiterándose sistemáticamente en los plenos del Comité Central y sucesivos Consejos Generales. En la práctica desde que la figura de Ricardo Lagos fue conformándose en un liderazgo tangible que lo acercaba al Palacio Presidencial, los socialistas fueron poniéndolo todo al servicio de esa causa. Desde las postrimerías del Gobierno de Patricio Aylwin todos los eventos socialistas fueron ratificando que la victoria de Lagos era un compromiso vital, no sometible a consideraciones de ningún tipo, y que el PS se reivindicaría de sus desatinos y actitudes durante el Gobierno de Allende.

Por la misma razón, los análisis sobre el estado de la Concertación – que hasta el momento no han cristalizado en propuestas creativas y convincentes -, en el Congreso fueron derivadas a la carpeta de las cosas pendientes. Simplemente se optó por mantener controlada la situación, sin iniciativas que pudieran enardecer a nadie, en particular al gran aliado, el PDC.

Sistemas y tendencias

El licuado interés por los temas políticos se vio compensado por las ansiedades sobre algo más entretenido: las condiciones y los instrumentos para elegir la próxima dirección partidaria, cuestión que entre los socialistas se metaboliza en torno a quienes pelearán la presidencia de la colectividad.

En esta materia se ratificó el sistema vigente desde el anterior Congreso de Concepción (1997): las autoridades unipersonales, que conforman la Mesa Directiva – además de la Comisión Política – serán elegidas por el Comité Central que resulte electo en votación universal de la militancia.

Lo paradojal es que este método de elección indirecta ha recibido el rechazo y la crítica pública del líder y otros personeros de la Nueva Izquierda, no obstante que se trata de un modelo electoral adecuadísimo a los partidos (tendencias o fracciones) orgánicamente fuertes, condición que le es reconocida por tirios y troyanos a la “corriente de opinión” escalonista.

Y no deja de llamar la atención que en los medios de comunicación se acogiera y destacara esa interpretación de una supuesta “derrota” del escalonismo respecto al sistema electoral interno. En la práctica el principal perjudicado fue Osvaldo Puccio, el único precandidato que se reconoció como tal durante el período congresal, en tanto se ha postulado efectivamente al margen de las actuales tendencias partidarias, incluso del tercerismo en cuyo padrón de personalidades figuró hasta no hace mucho.

El tendencialismo socialista puede ser cuestionado políticamente – algunos incluso lo hacen en términos “éticos” -, y en los hechos nadie en el PS se inscribe como incondicional de dicha modalidad de expresión interna. Sin embargo el sistema electoral del PS dificulta y no facilita la competitividad de los candidatos
“independientes”, y en cambio favorece a los “lotes” más disciplinados.

En un artículo en La Nación del 10 de febrero, Francisco Mouat, de reconocida raigambre escalonista, no escatimó adjetivaciones para desacreditar la normativa electoral aprobada por el Congreso del PS. Sus cuestionamientos:

a) que se mantenga la competencia por listas y no una lista única con todos los candidatos;

b) la no elegibilidad para cargos dirigentes del mismo organismo por más de dos períodos consecutivos;

c) que cada elector deba marcar por no más de un tercio de los cargos a elegir (la Nueva Izquierda propuso que fuera por la mitad más uno).

Tales normas le merecen un surtido apocalíptico de descalificaciones:
“distan de ser tan democratizadoras”, “recordando el fenecido y triste Art. 8º de la Constitución pinochetista”, “un traje a la medida para alguien” (¿¿??),“suena a stalinismo”,, “antidemocrático”, “exacerba el trabajo tendencial”. Es un ejemplo de las alucinaciones que generan en el PS las discusiones sobre temas orgánicos.

¿Es que fueron antidemocráticas las direcciones y los secretarios generales y presidentes del PS elegidos indirectamente a lo largo de casi toda su historia? ¿Lo fue Escalona cuando lo eligió un Consejo General? ¿Puede asimilarse al sistema binominal – como hace Mouat – a la libre competencia entre listas, que es lo que la Concertación postula desde su fundación y que rechaza la derecha? ¿Qué queda de las virtudes del sistema proporcional para reflejar la voluntad ciudadana?

Yendo directo a los argumentos del escalonismo:

El que la competencia sea por listas o en lista única tiene consecuencias neutras para una tendencia con alta capacidad de operar monolíticamente frente a otras con disciplinadas blandas.

Si cada elector pudiera marcar por la mitad más uno de los cargos en disputa, una minoría disciplinada (que puede ser mucho menor al 34% que opera en el sistema binominal) podría obtener la mayoría absoluta de los miembros del Comité Central.

La lista única sí reduce – no anula – las desigualdades sistémicas en que deben competir eventuales candidatos no tendenciados:
a) no produce “chorreo” de votos desde los candidatos de una lista que superan la cifra repartidora a favor de los de la misma lista que quedan debajo de dicha cifra;

b) impide que los candidatos que sacan pocos votos ayuden a salir a los que quedan por debajo pero cerca de la cifra repartidora (efecto “rastrillo”);

c) cada cual se debe “rascar con lo suyo”;

d) tiende a romper la representación de afinidades políticas, aunque las tendencias más disciplinadas tendrán siempre más capacidad de resistirlo.

• Una combinación de lista única con posibilidad de votar por la mitad más uno de los cargos a elegir resulta la modalidad más ventajosa para las corrientes disciplinadas, porque es a la vez el escenario de mayor dispersión de los votos de sus competidores en relación a un sistema de listas y representación proporcional.

• Resulta delirante homologar el fatídico art. 8º que sancionaba con las penas del infierno a las personas e instituciones por su manera de pensar, con la limitación pareja, es decir igualitaria para todos, del número de períodos consecutivos que puede postularse al mismo cargo. Dicha limitación efectivamente puede perjudicar la calidad de las direcciones partidarias, pero sin duda reduce el peligro del “apernamiento” y la oligarquización partidaria, fenómenos que no son incompatibles con procedimientos electorales democráticos.

• La limitación a dos períodos consecutivos para ejercer similar cargo afecta a todos los postulantes por igual, por lo tanto no es antidemocrática. Pero no por eso es una buena medida, en tanto puede derivar en una nivelación hacia debajo de la calidad de los colectivos direccionales.

¿En qué afecta a la Nueva Izquierda del PS los procedimientos electorales aprobados en el Congreso? En la misma medida que puede afectar a las otras tendencias: son normas reguladoras acordes con la concepción de un sistema de partidos al interior del PS, entre los cuales luce la Nueva Izquierda como el más eficiente. Y las propuestas de la Nueva Izquierda apuntaban a premiar esa condición.

Discriminación a favor de la juventud

El Congreso estableció un 15% de discriminación positiva para la juventud (hasta 29 años). Es decir que en la composición de los diversos órganos dirigentes un 15% de sus integrantes deberán ser jóvenes, lo que implica procedimientos electorales que lo aseguren. Es un tema que nos merece dos tipos de cuestionamientos, uno referido a la experiencia del PS con la discriminación positiva para las mujeres, y otro de carácter más sustantivo referido a la condición del factor juvenil en la política socialista.

Respecto a la experiencia, la discriminación positiva a favor de las mujeres es un mecanismo que ya tiene historia en el PS. Inicialmente les aseguraba un 20% tanto en los cupos de cada lista como en los órganos electos, y actualmente (desde la elección interna de 1997), tienen garantizado un 40% en las listas de candidatos y el 30% de los cargos en las instancias direccionales. También existe discriminación positiva para la etnia mapuche en la composición de los órganos dirigentes de las Regiones VIII, IX y X.

El supuesto básico de la discriminación positiva es que con dicho mecanismo se van a superar las dificultades que tiene el sector favorecido (mujeres, mapuches, jóvenes) para acceder a cargos de dirección, fenómeno que tiende a reproducir la discriminación dentro del partido. No se lo considera un modelo ideal, sino un instrumento cuya eficacia tendería a hacerlo innecesario a largo plazo.

La experiencia

La experiencia de la discriminación positiva para las mujeres en el PS nos merece dos cuestionamientos fundamentales.

En primer lugar, no hay evidencia de que haya sido eficaz en cuanto a ir reduciendo la discriminación que justificaría el mecanismo. Se supone que el aseguramiento de por lo menos un 30% de mujeres en las direcciones partidarias a todos los niveles, debería haber ido debilitando aquella discriminación sociopolítica, lo que tendría que reflejarse en una presencia femenina cada vez menos dependiente de la discriminación positiva, es decir que los casos de hombres “bajados” tendrían que haber ido decreciendo. Dicho en positivo, que la presencia de mujeres en los niveles direccionales tendría que resultar, de manera creciente, de la votación directa de los electores y no de la discriminación positiva.

Eso no ha sucedido. En la medida que el acceso de mujeres a niveles directivos sigue dependiendo en un porcentaje significativo de dicho sistema, como al inicio de su aplicación, significa que no se ha avanzado en la superación de la discriminación. En conclusión: el sistema es ineficaz para lograr el propósito esencial de reducir la discriminación anti femenina.

Por otro lado, la obligación de incluir en las listas por lo menos un 40% de candidatas mujeres ha devenido en un hecho repulsivo: la invitación desesperada, a militantes mujeres a ser candidatas, sobre la hora de inscribir las listas, dado que naturalmente no surgen las suficientes postulantes. De esta manera se produce el fenómeno denigrante de las candidatas de “relleno”, sin voluntad real de concursar, que lo hacen a desgano, por ayudar o por amistad.

Si ello es cuestionable en el plano ético, también tiene una consecuencia indeseable en el plano político: en la medida que estas candidatas a presión resultan incorporadas a las direcciones por la aplicación de la discriminación positiva, se tiende a afectar la jerarquía del concepto dirección, en el cual se funden el compromiso, la responsabilidad y la voluntad de dirigir. Ser dirigente sin esfuerzo y, peor aún, sin haberlo pretendido, reduce y no eleva la autoridad del colectivo direccional.

Motivaciones juveniles

La aplicación de la discriminación positiva a favor de los jóvenes presupone que en el PS se los discrimina, un tema en sí debatible. Pero en la hipótesis de que ello fuera así, ¿tendrá la discriminación a su favor consecuencias distintas a las que señalamos respecto a las mujeres? Es probable que surjan suficientes candidatos y no proliferen los “rellenos” pasivos. Pero por qué no pensar que puede estimular la carrera política fácil.

Y respecto a esto último una observación más esencial. Esta suerte de “subvención” a la juventud – incluso en la cuestionable hipótesis de que en el PS se la discrimina – pone en tabla un elemento básico de la identidad juvenil socialista, de la que se espera precisamente un incansable desafío a las dificultades, a no transar sus utopías, a la tenacidad contra lo conservador y las discriminaciones. Una misión poco amigable con los atajos de la ingeniería política.

En tal sentido en la historia del socialismo chileno hay antecedentes memorables. Como la irrupción de la FJS a mediados de los años 40, bajo el liderazgo de Raúl Ampuero, para hacerse cargo de un PS colapsado, cuyo renacer exigía “sangre, sudor y lágrimas”. O la notable expansión de la influencia social y política de la JS en los mundos juveniles durante el Gobierno de Salvador Allende, encabezada por Carlos Lorca.

El recurso a la discriminación positiva seguramente hará más rápido el acceso de militantes jóvenes a las direcciones partidarias, pero no necesariamente revertirá la tendencia del PS a su avejentamiento, porque el que los jóvenes se hagan más rápidamente adultos no va a rejuvenecer al partido. Y lo más peligroso, es factible que reduzca ciertos valores y motivaciones que distinguen a las organizaciones juveniles que se proyectan y prestigian ante la sociedad por su disposición a hacer la “travesía del desierto” una y otra vez.

Rechazo del voto secreto

En dos plenarios se puso en votación y se rechazó el voto secreto de los delegados. El voto secreto es una conquista democrática consustancial a la ciudadanía moderna (a partir de la Revolución Francesa).

Se puede argumentar y defender que en un partido todo militante debe transparentar su pensamiento, “dar la cara”. Es un argumento sólido, que invoca y jerarquiza la responsabilidad individual, cuestión que el voto secreto diluye en el anonimato. Pero en ese mismo plano ético colisiona con otro derecho anterior: el resguardo de la libertad de conciencia del militante, por lo que no puede ser obligado a confesar inclinaciones ni motivaciones. Se podrá estimar que es una expresión de “cobardía” o “temor”, pero nadie puede violentar su derecho a tener miedo o ser gallina.

Es obvio, además, que el derecho al voto secreto implica votación secreta de todos, de lo contrario se anula aquel reconocimiento del secreto. En síntesis, si tan sólo un votante demanda el secreto de su voto, la asamblea democrática está de hecho impelida a realizar votación secreta. Eso no se puede someter a votación.

En asambleas como las del PS, esta cuestión sobre la relación entre democracia y derechos individuales tiene efectos prácticos más pedestres: el voto abierto es clave para optimizar el comportamiento disciplinado de “fracciones” o “tendencias”. En concreto, el que “se sale de la fila” puede posteriormente ser pasible de alguna “sanción” por parte de quienes ostentan el mando del “lote”. Por el contrario, el voto secreto reduce la coerción del “lote” sobre el eventual disidente.