Las tesis que recorre este texto es que la Concertación como alianza política se encuentra en una crisis de carácter estructural. Ello a partir de la constatación de la ausencia de un marco común de interpretación de la sociedad y del sistema político chilenos. Para ser más específicos podemos decir que el marco de interpretación originario de la alianza (recuperar la democracia por la vía de la incorporación al sistema político construido por la Constitución del 80) se agotó (no por fracasado sino tal vez por cumplido). Después de haber transitado por afanes modernizadores, hoy las condiciones de posibilidad de contar con un factor aglutinante tienden a identificarse más claramente con la mera administración del poder estatal que por una visión común, desarrollada y socialmente operativa del tipo de orden social que se quiere construir, modificar o mantener.

Los síntomas de la coyuntura

A partir de la interpretación de los resultados electorales de las elecciones parlamentarias de 1997, la coalición de gobierno viene experimentando una sensación difusa de crisis. Ello tendió a confirmarse con el proceso presidencial de 1999, pero se vio desdibujado por el definitivo triunfo en segunda vuelta y por el giro en el liderazgo concertacionista que quedó plasmado en “la recepción del mensaje del pueblo”. Con el episodio de las indemnizaciones esta percepción toma nuevos ribetes. Con anterioridad a la actual coyuntura teníamos una sensación difusa porque la alianza había sabido elaborar discursos o imponer necesidades de agenda que lograban sacar del primer plano el necesario debate sobre el hecho irrefutable de una paulatina pérdida de hegemonía social y su correspondiente reflejo electoral.

Dos elementos han ayudado a que la actual situación se transforme en un momento de percepción definitiva de crisis por parte de la elite concertacionista. Por una parte, el episodio de las indemnizaciones está fuertemente marcado por componentes éticos que apuntan de modo directo a los principios de constitución y generación de solidaridades en su interior. La Concertación se formó para impedir que se perpetuara un sistema político que permanecía impune frente a los abusos de poder cometidos por un sistema autoritario de control del poder. Sin que la actual situación sea equiparable, sÍ se sitúa en el mismo territorio: el de la distancia fría entre la estructura estatal y la ciudadanía. El segundo elemento es la evidente ausencia de coherencia interna mostrada por la elite concertacionista en las pasadas elecciones municipales.

Ello debería haber bastado para evitar que la elite concertacionista pudiese eludir el debate de fondo sobre la necesidad de refundar la alianza y potenciar la circulación de elites. Sin embargo ello no sucedió y hoy los equipos negociadores están debatiendo públicamente los criterios para definir las plantillas de cupos para las elecciones parlamentarias de 2001.

Esta condición puede encontrar recursos de explicación en lo que podríamos llamar la rutinización de la alianza en el ejercicio del poder. La principal consecuencia de esto es la creciente autoreferencialidad que han desarrollado los actores políticos concertacionistas, esto quiere decir que dadas las condiciones propias del cumplimiento de labores estatales (dinamizadas por las urgencias de funcionalidad, orden y autoreproducción), estos tienden a aislarse de las dinámicas propias del sentido común ciudadano que giran más bien en torno a los ejes de la representatividad, la diversidad y la integración.

A ello debe sumársele un sistema político en vigencia que no está altamente orientado hacia la representatividad (sistema electoral, régimen político, matriz de relación Estado sociedad civil), lo que tiende a reforzar la mencionada dinámica. Es digno de destacarse como contrapunto, que las pocas dinámicas de reflexión crítica que se ha dado la Concertación sobre este tópico siempre han estado animadas por desafíos impuestos desde procesos electorales (parlamentarias 97 y el debate de flagelantes y complacientes, presidenciales 99 y los estilos de liderazgo) o por situaciones críticas de alta visibilidad en el espacio público (indemnizaciones).

Ligado a esta rutinización aparece necesariamente el acotamiento de los horizontes de sentido de los actores de la alianza. Si el horizonte de acción más inmediato de la gran parte de la elite concertacionista está centrado en el cumplimiento eficiente de sus funciones de Estado (la mayor parte de la masa crítica concertacionista cumple este rol) necesariamente el diagnóstico de lo real se tiñe de formalidad y las implicancias normativas de responsabilidad. No es lo mismo pensar el fortalecimiento de la sociedad civil desde el Estado que hacerlo desde la sociedad civil misma. En términos más globales, no es equivalente pensar las exigencias de representatividad del sistema político desde el Estado que desde los actores de la sociedad.

Sin embargo, la mera percepción de crisis es una condición necesaria pero no suficiente para la construcción de una solución. Junto a ésta se requiere de un diagnóstico acabado de las razones de la crisis, de un conjunto coherente de ideas que permitan superar la situación, de un equipo afiatado en torno a la comprensión del diagnóstico y las soluciones y de un conjunto de medidas que impongan una agenda del proceso de cambio.

Opciones y sentidos para un giro ciudadano

Frente a la claridad del estado en que se encuentra la Concertación la única opción es hacerse cargo de la construcción de un nuevo modelo de interpretación del contexto social actual. Ello no se hace a partir de cero e implica atender, a lo menos, los siguientes aspectos.

1. Identificar los espacios de toma de conciencia de las deficiencias de la acción pública. Esto tiene una derivación en tres espacios distintos pero complementarios: a) el de la política: el espacio de la retórica política, b) el de la administración: el espacio de la generación de políticas públicas y c) el profesional: el espacio de la creación intelectual.

2. Identificar y potenciar los espacios de creación de una visión coherente y afiatada del nuevo referente global de la política concertacionista. Esto posee una doble faz que se suma a los espacios del punto anterior, la del equipo y la de las recetas a implementar. Por situarlo en terminología operativa, se requiere de una minoría consistente que sea capaz de traducir y convencer a los actores involucrados en el cambio.

Entonces, la urgencia es realizar un cambio de política que permita la reconstitución de horizontes de sentido de los actores que le dan sustento político. El gran desafío de la elite concertacionista es ser capaz de reinventar su concepción del modo en que deben relacionarse los poderes públicos con la ciudadanía, es decir, debe ser capaz de renovar su visión del modo en que se construyen e implementan las políticas públicas. Estas están construidas sobre la base de interpretaciones de lo real (crisis actual de la Concertación está dada por el decaimiento de un paradigma y la pugna por imponer uno nuevo) y crear modelos normativos de acción. Es decir, toda acción pública posee un diagnóstico de la realidad y de ello proyecta cómo la imaginamos y a partir de qué principios operamos el cambio. Es necesario imponer un punto de vista.

Como vimos de modo general en párrafos anteriores, esto se logra en tres frentes paralelos, en dos de los cuales el Presidente es principal figura: la gestión gubernamental y la reconstrucción de la alianza, puesto que Lagos es cabeza del Ejecutivo y el líder la Concertación. A estas secuencias de sentido debe sumársele el componente profesional, es decir el sustento técnico teórico del ajuste de la política.

La decisión del ajuste debe estar basada en un diagnóstico de lo real. No es la mera imposición de una idea sino que proviene de una serie de espacios y hechos que cuestionan el actual referente que ayudan a la percepción del estado de crisis (¿por qué estamos perdiendo la hegemonía social?). Entonces es tarea prioritaria identificar los dos referenciales que conviven en la alianza: el giro de mercado y el de la comunidad de ciudadanos (giro republicano). El cambio de política propuesto debe tender a solucionar dicha tensión, lo que implica la imposición (legítima, lo que abre el debate sobre los espacios deliberativos de la alianza) de una idea fuerza que logra transformarse en conductora porque soluciona la disonancia cognitiva de los actores de la alianza, disonancia entre la realidad cotidiana y la visión de mundo que cada actor tiene.

Conociendo los debates de la Concertación y las experiencias comunicacionales de las campañas pasadas, principalmente la presidencial, la idea que puede hacer sentido en el conjunto de la alianza es la de complementar las transformaciones vividas por nuestra sociedad que tendieron a volcarla hacia el paradigma del mercado (años 80 manu militari y 90 con legitimidad social) con el necesario equilibrio de ciudadanía. (Estudio de Campero de 1997). El desafío pendiente de Chile es entrar en el siglo XXI no sólo con una economía ordenada sino con una ciudadanía con derechos claros y dinamizada.

¿Qué misiones se desprenden? A partir de la adopción de este punto de vista general o referencial, es posible interpretar las distintas misiones desde la clave del giro republicano. En términos de operatividad política el cambio de política que debe implementar el Gobierno de Lagos se expresaría en varias voluntades de reformas.

Primera voluntad: la existencia de un Estado de Derecho que tienda a constituirse sobre lógicas de procedimiento deliberativo. En lo que respecta a este punto, debe ser dicho que concierne a la necesidad de que el sistema de poder, su constitución institucional y por tanto procedimental, establezca los sensores necesarios para que los actores en que descansa su legitimidad, puedan escuchar y ser escuchados en sus racionamientos y visiones de mundo.

Segunda voluntad: la existencia de una sociedad civil autónoma y vivaz. Autónoma en cuanto deberá constituirse y fortalecerse a partir de la toma de conciencia y de su propia capacidad de formalización de los problemas producidos por los desajustes existentes entre el diagnóstico de las condiciones sociales realizado por los sistemas y la vivencia subjetiva que los actores desarrollan de esos mismos sectores. Vivaz en cuanto deberá disponer de las condiciones de posibilidad (sociales e institucionales) para expresarse de modo libre y eficiente frente a los poderes.

Tercera voluntad: la existencia y/o constitución de espacios públicos autónomos e igualitarios. En ésta cabe especial mención el rol jugado por los medios de comunicación en la formación y manejo de la opinión pública. Estos deberían ser pluralistas e intencionados tanto por la traducción de las visiones sistémicas hacia lenguajes menos formalizados, como paralelamente por la traducción de las visiones biográficas hacia lenguajes más formalizados. Conjuntamente, en esta condición debe incluirse la existencia de cierta institucionalización de la asociatividad que dote a la sociedad civil de las condiciones para la construcción de conocimiento y legitimación de visiones de mundo.

El sentido de constitución de la alianza que actualmente gobierna se encuentra agotado ya no sólo discursivamente sino en su operatividad social y política. Es por ello que la pura acción del gobierno o el liderazgo del Presidente no bastan para superar la situación. Existe un espacio de gestión que si bien no está abandonado requiere de un fuerte ajuste para poder intervenir de modo satisfactorio en esta coyuntura crítica: los partidos políticos han centrado su actividad en el gobierno. La elite concertacionista es mucho más amplia que el número de personas que se encuentran en puestos de gestión pública. El punto está en que no ha existido la voluntad de generar espacios de trabajo que tiendan a romper con dicha dinámica. La circulación de elites se produce por agotamiento del proyecto que las cohesiona o por presión de nuevos actores que representan una nueva forma de interpretar el sentido de la acción política en determinado contexto.