Según lo recogido por la prensa, Carlos Massad, Presidente del Banco Central, expresó que constituía una “irresponsabilidad mayúscula” los cuestionamientos al modelo económico vigente que han efectuado economistas, parlamentarios y representantes de pequeñas y medianas empresas, basándose en que el retraso en la reactivación indicaría su agotamiento. Iniciar este tipo de discusiones abriría “una caja de Pandora”, dijo.

Cuando existen problemas, y estamos inmersos en uno, lo más recomendable es discutirlos, analizarlos y no evadir su enfrentamiento. Es obvio que en un largo período de 15 años durante los cuales la economía chilena creció a altas tasas y en forma permanente, el desempleo era relativamente reducido y las principales variables macroeconómicas mostraban progresos, los cuestionamientos fueron muy débiles; pero es muy diferente cuando el cuadro cambia, no sólo en los indicadores reales sino, para darle un nombre, en la psicología social.

En este último caso, cuando se cree tener argumentos sólidos, lo positivo es enfrentar el debate, especialmente porque los cuestionamientos merecen ser replicados. Por otra parte, el llamado “modelo” ni siquiera forma parte de la Constitución, que constituye la norma que requiere condiciones más estrictas para su reforma y que en la actualidad está sometida a fuertes cuestionamientos. Esto significa que todos tienen derecho no solo a discutir el “modelo”, sino que es sano y conveniente que así se haga, porque su fortaleza depende de la capacidad de sus partidarios para superar los cuestionamientos.

Para que un debate tenga frutos deben ordenarse sus términos. El primer aspecto es precisar la materia en discusión. De partida, la palabra “modelo” es equívoca, porque contiene en el uso público al menos cuatro elementos: una ideología, una forma de organización económica de la sociedad chilena, una estrategia de desarrollo económico y las políticas concretas que se implementan.

El “modelo” actual se asocia muchas veces con el neoliberalismo, en circunstancias que esta es una proposición teórica que concibe al ser humano como alguien que actúa bajo motivaciones básicamente económicas, que responde a valores individualistas y competitivos, en que su motor es la maximización de su propio bienestar.

Pocas dudas caben que en la sociedad chilena se han agudizado los comportamientos que responden a este arquetipo y que los valores asociados a las motivaciones neoliberales tienen una mayor presencia que hace treinta años atrás; sin embargo, la discusión actual es más concreta y actual que el análisis filosófico acerca de cuan acertados sean los supuestos neoliberales para explicar el comportamiento de los chilenos.

La organización económica

Un asunto diferente es el tipo de organización económica que el país se ha dado; es decir, la manera en que se responden las tradicionales preguntas de Samuelson: qué, cómo y para quién producir.

Durante el régimen militar hubo un profundo cambio en materia de organización económica de la sociedad; algunas de estas transformaciones constituyen las características del llamado “modelo”. Se requiere su enumeración, en un ánimo de ordenamiento, más que de novedad, tal como sugiere Jacobovsky:

1.- Los mercados de bienes y servicios son el instrumento más eficaz para asignar los recursos entre los diferentes usos alternativos.
2.- El Estado no debe ser productor de bienes y servicios, excepto en el caso de los bienes públicos; le corresponde al sector privado asumir este papel y, por consiguiente, está a cargo de efectuar las inversiones correspondientes. El Estado debe limitarse a una función reguladora en aquellos casos en que no funcionen competitivamente.
3.- La economía debe estar abierta al exterior, tanto en los mercados de bienes y servicios como en los flujos de capital. Este aspecto es aún más importante en el marco de globalización que caracteriza al mundo actual.
4.- No deben utilizarse instrumentos económicos de carácter selectivo. Probablemente esta es la característica más distintiva de la sociedad económica chilena, si se le compara con otros países. En efecto, el uso de elementos de naturaleza discriminatoria es mínimo. Los ejemplos son numerosos: los precios de los bienes y servicios se fijan libremente, sin la intervención de la autoridad gubernamental, con la debida excepción de algunos monopolios naturales (agua, electricidad, servicios telefónicos, entre los más importantes); los salarios se pactan entre las partes, con la salvedad del salario mínimo; el IVA y el impuesto a las utilidades de las empresas tienen una tasa única; los derechos de aduana son uniformes y solo hay diferencias en algunos acuerdos comerciales bilaterales; el tipo de cambio tiene un solo precio y las restricciones cambiarias han desaparecido; hay un mercado libre de créditos, sin cuotas ni diferencias sectoriales y las autoridades económicas no intervienen directamente en la determinación de las tasas de interés; y las franquicias regionales y sectoriales son escasas.
5.- En la organización económica del país tiene una gran importancia la estabilidad macroeconómica, la cual se refuerza por la autonomía del Banco Central, la norma del superávit estructural de las finanzas públicas y otras instancias similares. Lo anterior se asocia al hecho que progresivamente las autoridades macroeconómicas han ido perdiendo la posibilidad de intervenir en el manejo de las políticas, aproximándose a una suerte de automaticidad en su funcionamiento.
6.-Finalmente, está el tema del “para quién”, es decir, cómo se distribuye el ingreso nacional entre la población del país. Probablemente este sea el aspecto de mayor discusión en el debate actual sobre el “modelo” y requiere de un tratamiento más detallado.

La estrategia de desarrollo y las políticas económicas

Se puede decir que la estrategia de desarrollo de un país se diseña sobre la base de varios componentes:

- La organización económica, en este caso el “modelo”. – Los objetivos económicos de largo plazo que se escogen y, por consiguiente, la ponderación relativa que tienen el crecimiento del PIB, la estabilidad, el empleo de la fuerza de trabajo y el grado de equidad, para nombrar las metas económicas más importantes. Un caso de interés ocurrió en 1990, con el inicio de los gobiernos de la Concertación, el cual asignó una importancia significativamente mayor al tema de la igualdad de oportunidades, planteado el lema de “crecimiento con equidad”. De hecho, este agregado al mero crecimiento es el que ha estado en el meollo de la discusión económica desde entonces hasta ahora.

- El conjunto de políticas económicas diseñadas para lograr estos objetivos, a partir de la organización económica y las dotaciones de factores productivos disponibles. Si, por ejemplo, se quiere crecer más rápido será necesario aumentar la inversión e incrementar la productividad del capital físico y humano existente.

Debate en diferentes planos

En la actualidad hay debates que están ocurriendo en diferentes planos, en que se mezclan asuntos meramente coyunturales con asuntos más de fondo; por lo demás, las polémicas siempre son así, especialmente cuando se trata de materias que no son científicas y, por lo tanto, esencialmente opinables.

El primer tema es el cuestionamiento del “modelo” o, mejor dicho, de la organización económica de la sociedad chilena. Si se revisan detalladamente las características mencionadas anteriormente, se observará que tanto en los partidarios del Gobierno como de la Alianza por Chile no hay cuestionamientos serios a su esencia: el mercado como asignador de recursos, el Estado como ente regulador y no productor, la apertura al exterior, la existencia de normas no discriminadoras y la estabilidad macroeconómica.

Las discrepancias son conocidas. La oposición de derecha sostiene con frenesí que deben privatizarse todas las empresas del Estado, mientras en la Concertación existen diferencias puntuales al respecto. Sin embargo, no se trata de un aspecto de fondo, cuando lo que está en discusión es si debe haber más empresa privada, pero en ningún caso menos.

Durante los 11 años de gobiernos de la Concertación también ha existido un proceso de desregulación de la economía y si se examina la naturaleza del debate actual, se trata de la rapidez con la cual se debe continuar este proceso, pero no de interrumpirlo o dar marcha atrás. El mejor caso ocurre con las reformas al mercado de capitales que serán enviadas al Congreso. El peor, con las reformas laborales, en las cuales compiten los incentivos al fortalecimiento de los sindicatos con la mayor flexibilidad laboral, que facilitaría una mayor competitividad; en todo caso, el tema sindical, aparte de ser un tema de poca importancia, se reduce a la distribución del poder al interior de la empresa.

Los cuestionamientos más frecuentes al “modelo”, aunque también en aspectos menores, se refieren a la vulneración de la regla de la no discriminación, especialmente en las numerosas peticiones de franquicias de todo orden, en especial tributario, como ocurrió recientemente con la proposición de ventajas tributarias a favor de las empresas regionales que plantearon algunos parlamentarios de la UDI. Si bien han existido retrocesos, como es el caso de las franquicias tributarias a favor del deporte, no constituye una tendencia hacia el futuro y el Ministro de Hacienda se ha mantenido en la doctrina de no otorgar preferencias arbitrarias a actividades o zonas.

El debate por la equidad

El tema de la equidad es el que divide en forma más intensa el pensamiento económico del Gobierno y la oposición de derecha. El mejor ejemplo fue el debate acerca de la ley contra la evasión tributaria. Desde un punto de vista lógico, si se quiere avanzar en la mayor igualdad de oportunidades, se requiere llevar a cabo programas de gobierno de pongan más recursos a disposición de los sectores más desfavorecidos, como ocurrirá con las reformas de la educación y la salud; si no se quiere tener un déficit fiscal, necesariamente deben elevarse los impuestos. Si no se acepta esta última consecuencia, no se está aceptando un esfuerzo redistributivo adicional.

El dilema anterior resulta complejo para la oposición, si se propone que los mayores impuestos vendrán de la disminución de la evasión, porque ese avance no sólo tiene una connotación de mayor equidad tributaria, sino mejora la eficiencia económica al incentivar una mayor competencia en los mercados.

La inflexibilidad a la baja que tiene el actual presupuesto fiscal -ya que la mayor parte de los recursos están concentrados en el gasto social (pensiones, subsidios a la educación, financiamiento hospitalario, subsidios habitacionales, etc.), los aportes a Defensa y Policía y la creación de infraestructura -, lleva a que los nuevos programas deban financiarse con los recursos provenientes del incremento de impuestos que trae consigo el crecimiento económico o bien con nuevos tributos, como el caso de la reducción de la evasión. En todo caso, puede asegurarse que, en este aspecto, la polémica estará cerrada por los próximos cinco años, ya que no habrá otra iniciativa que la eventual reducción de la progresividad del global complementario compensada por un aumento del impuesto a las utilidades de las empresas.

La estrategia de desarrollo

Durante los últimos tres años se interrumpió el crecimiento económico por encima del 7% que hubo hasta 1997. El señalar como única causa la crisis asiática y el menor crecimiento de los países industrializados con ser cierto no basta. De ahí que han surgido interrogantes acerca de si se ha llegado a una etapa del desarrollo chileno en que empiezan a agotarse las fuentes del crecimiento, especialmente si también ha surgido un fenómeno de estancamiento en el aumento del empleo y persiste una desocupación relativamente elevada. La encrucijada actual exige una discusión a fondo acerca de las causas del lento crecimiento actual, del pesimismo de los agentes económicos, de porqué los economistas especializados han errado sistemáticamente en sus predicciones de reactivación económica. Se hace necesario aclarar si han ocurrido cambios estructurales en la economía chilena, su naturaleza y sus efectos.

Hoy se está recién en una etapa de plantear hipótesis alternativas sobre las causas, y mientras no se tengan explicaciones plausibles, difícilmente se pueden emitir juicios sobre si la estrategia de desarrollo debe mantenerse inmutable, ya que estaría en condiciones de posibilitar una continuidad del exitoso proceso ocurrido hasta 1997. Si el diagnóstico es el contrario, es el momento de sugerir cambios en la estrategia de largo plazo, la organización económica y las políticas para implementarlos. Desde este punto de vista, no tiene sustento alguno formular alternativas tales como que deben seleccionarse y promoverse ciertos sectores productivos en los cuales concentrar los recursos del Estado. Aparte que no hay argumentos de peso para señalar que la neutralidad de la estrategia chilena sea una de las causas de la disminución del crecimiento productivo (incluso se podría sostener lo contrario, que es una de las razones fundamentales del éxito), habría que plantear una argumentación contundente para motivar un cambio de esa magnitud. Ese tipo de propuesta todavía no se conoce.

En definitiva, no conviene confundir las cosas. No hay cuestionamientos sólidos a la organización económica que el país se ha dado en los últimos 15 años (el “modelo”). Sólo se ha criticado seriamente la equidad que rigió durante el gobierno militar ( el “chorreo”), lo que llevó a un mayor énfasis a la búsqueda de la igualdad de oportunidades en los gobiernos de la Concertación. Al interior de este conglomerado surgen continuamente las demandas que los resultados redistributivos son insatisfactorios (discurso “autoflagelante”).

El resto, si bien no es paja, corresponde a meras discusiones de política económica, de carácter instrumental, tales como si en una situación de alto desempleo deben o no gastarse más recursos públicos en programas de empleo, o bien, si es o no conveniente la aplicación del encaje a los movimientos de capital si eventualmente empiezan a llegar al país flujos considerables de divisas de corto plazo.