Según la encuesta CASEN de 2000, en Chile existían alrededor de 1.308.000 empresas. Esa cifra debe considerarse como una estimación muy aproximada, pues el estudio no pretendía ser un censo empresarial, sino medir la pobreza, como objetivo fundamental. Por otra parte, el concepto de “empresa” es algo vago, pues es difícil separar entre un microempresario y un trabajador independiente.

Se estima que alrededor de 650.000 unidades eran informales, es decir, están al margen del sistema administrativo. El resto, 652.000 unidades, eran empresas que, al menos, tenían una iniciación de actividades ante Impuestos Internos en 2001.

De ellas, las empresas grandes y medianas sumaban 20.100 registros, el 3,1% del total. El complemento, correspondía a la gran mayoría de las unidades productivas del país, las “mipes”, con el 96,9%, compuestas por 96.800 pequeñas empresas, el 14,8% del total, y las microempresas contaban con 535.000 unidades, abarcando el 82,1% de los productores nacionales. A estos dos últimos segmentos se refiere este informe.

Políticas de Gobierno

Las políticas de Gobierno para favorecer a las “mipes” tienen varios fundamentos que conviene mencionar.

a) Se parte de la base de que las empresas grandes y medianas no requieren del apoyo oficial, excepto para ciertas carencias muy específicas, como puede ser el caso de la capacitación general o el acceso a ciertas tecnologías. Por lo tanto, las políticas de fomento deben centrarse en las “mipes”, ya que enfrentan algunas condiciones no competitivas en los mercados.

b) Un elemento crucial en el fomento productivo es el incentivo al espíritu innovador y a la capacidad de emprendimiento de esos segmentos, ya que es la fuente principal de fortalecimiento de la creación de nuevas unidades productivas y empleos.

c) Las políticas también deben poner el énfasis en la igualdad de oportunidades de las “mipes” con las empresas más grandes, cuando existen condiciones en las cuales algunos mercados no funcionan competitivamente, a causa de varias imperfecciones, tales como el acceso al crédito, las posibilidades de capacitación, la disponibilidad de información, la transferencia tecnológica o las posibilidades de asociatividad. A lo anterior debe agregarse la existencia de externalidades.

En todos estos casos es necesario diseñar instrumentos de apoyo a los más pequeños, que les permita competir en condiciones de igualdad, en que sólo se tenga la ventaja de la mayor productividad.

Los elementos anteriores son compatibles con un cuadro general de la estrategia de desarrollo productivo, en que no se otorgan ventajas especiales a ningún sector de actividad económica ni tampoco a alguna región determinada, tal como ha primado en Chile en los últimos dos decenios.

Además, las políticas de fomento productivo deben diferenciarse claramente de las iniciativas de asistencialidad, que buscan sacar a grupos sociales de la pobreza, pero utilizando instituciones y programas que no pueden tener éxito cumpliendo simultáneamente objetivos tan diferentes.

El gasto en fomento productivo

Un reciente estudio realizado por el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) hace un acabado análisis de las políticas de fomento productivo durante los últimos años.

Algunas conclusiones deben resaltarse:

1.- Entre 1990 y 2002, los fondos destinados a programas estatales de fomento productivo crecieron desde $111.000 millones a $322.000 millones, expresados en moneda de igual valor, es decir, en el 188%.

2.- En 1990 existían pocos programas y los recursos se concentraban en el reintegro simplificado de exportaciones, la franquicia tributaria para la capacitación y los subsidios a la forestación y el riego. Posteriormente, se fueron agregando otros programas de carácter más específico, en que el énfasis se colocó en corregir fallas de mercado, tal como se señaló anteriormente.

3.- En 1990 los fondos estaban muy concentrados sectorialmente, lo cual fue cambiando progresivamente, mediante la incorporación de actividades ausentes, tales como el comercio, el turismo, los servicios y la pesca artesanal.

4.- En 1990 menos del 5% de los fondos para fomento productivo fueron canalizados hacia la micro y pequeña empresa. Posteriormente, esa proporción se modificó progresivamente, llegando al 34,9% en 2002 y, si se consideran las cifras contenidas en el Presupuesto Fiscal de 2004, sube al 39,8%. En cifras de igual valor adquisitivo, los recursos destinados a este segmento crecieron desde $4.800 millones en 1990 a $112.500 millones en 2002, es decir, 26 veces.

A los recursos presupuestarios deben agregarse otras iniciativas que también buscan favorecer a las unidades más pequeñas, como la simplificación de trámites, el fortalecimiento gremial, la creación de instancias de participación para los pequeños empresarios, la implementación de nuevas formas de estructura societaria, tales como la empresa familiar y la empresa individual de responsabilidad limitada, la acción de apoyo municipal y el nuevo sistema de compras estatales, entre las más importantes.

A pesar de lo anterior, el sistema de fomento de las “mipes” todavía es insatisfactorio, ya que adolece de varias insuficiencias:

i) El número de instituciones y programas implementados es demasiado numeroso, lo cual tiene por resultado varias carencias: muchas iniciativas se superponen, los objetivos no siempre están bien definidos, los recursos se diluyen o se agotan en el ejercicio presupuestario, etc

ii) Los usuarios potenciales no tienen un adecuado conocimiento de los programas existentes, a causa de la escasa difusión de las oportunidades y se han ido creando verdaderos compartimentos estancos en que operan ejecutivos gubernamentales, consultores y beneficiarios, en los cuales es muy difícil obtener el acceso a los recursos disponibles.

La experiencia acumulada y las carencias que se observan, llevan a la necesidad de apurar el rediseño de los instrumentos existentes, así como a revisar las actuales prioridades.

La inestabilidad de las “mipes”

Otro aspecto de interés para el desarrollo de una política a favor de las pequeñas empresas en Chile es el alto grado de inestabilidad que presentan en el tiempo. Estudios realizados en los países más desarrollados han reflejado el hecho que a medida que aumenta el tamaño de las empresas, tienden a permanecer un tiempo más prolongado en actividad.

En el caso de Chile, un estudio de Gustavo Crespi llega a un resultado similar(1). El autor toma como referencia para el trabajo la base de datos conformada por las declaraciones de Impuestos Internos, caracterizando a las empresas de acuerdo a las ventas realizadas en 1997 y efectúa su seguimiento para el período 1996-2001.

Los resultados indican que en 1996 se crearon 67.310 empresas y solo el 40% sobrevivió hasta el 2001, un porcentaje sorprendente bajo, aunque durante ese período el país experimentó una inesperada reducción del crecimiento económico y de las ventas.

Es interesante la secuencia seguida en la desaparición de las firmas en el tiempo, ya que “tomando una cohorte entera de empresas y siguiéndola desde su nacimiento, se encuentra que un 25% muere al cabo del primer año , de las que sobreviven 17% muere al cabo del segundo año, de las restantes 13% al cabo del tercer año y 11% al cabo del cuarto”. Sin embargo, esa destrucción de unidades productivas es coincidente con los resultados observados en otras economías, incluso desarrolladas.

Lo interesante es que se confirma la hipótesis que durante la fase decreciente del ciclo económico, se crean menos firmas y desaparecen más que en períodos de estabilidad pero, en la fase estudiada para Chile, “la tasa neta de creación de empresas sigue siendo positiva”, lo cual ocurrió en el momento menos favorable de esos años.

Además, los resultados indican que la rotación de empresas es más elevada a medida que su tamaño disminuye, lo que responde al hecho que después del primer año de funcionamiento, las pequeñas empresas que sobreviven tienden a crecer inicialmente con rapidez, aparte que, por su naturaleza, las de menor tamaño son más riesgosas.

Consecuencias de la inestabilidad

Los resultados muestran que es normal que a nivel de las micro y pequeñas empresas exista una alta desaparición, especialmente en períodos de menor actividad económica, pero son reemplazadas en mayor cuantía por nuevas firmas que inician actividades. La alta rotación explica que los dirigentes gremiales de este sector perciban una situación permanentemente crítica entre sus asociados, ya que quienes atraviesan por dificultades son los que buscan la ayuda de sus representantes para salir de las dificultades, mientras que los empresarios exitosos no solicitan respaldo.

La incógnita que surge es hasta dónde la autoridad económica debe intervenir con planes de salvataje a unidades productivas que, en su mayoría, de todas maneras están condenadas a desaparecer y el apoyo gubernamental sólo prolongaría una inevitable agonía, con mayores costos para el propio empresario y la sociedad, que destina recursos de difícil recuperación.

Sin embargo, hay momentos en el tiempo en que el auxilio oficial puede justificarse, tal como ocurrió en 1998-99 como consecuencia de la política financiera, que generó serios problemas de capital de trabajo y de costo del crédito a las pequeñas empresas, lo cual dio origen a medidas de masivo refinanciamiento de las deudas bancarias.

Un segundo aspecto es la necesidad de reforzar el cambio de enfoque ocurrido en los últimos años en las políticas gubernamentales, que modificó las prioridades desde la asistencialidad a las empresas moribundas, hacia el apoyo a la creación de nuevas empresas, al colocar la atención en el tema del emprendimiento, lo cual implica el inicio de un rediseño de las políticas de fomento a las “mipes”.

Si el foco de las políticas está en la creación de nuevas empresas, conviene resaltar que el trabajo de Crespi concluye que “el ambiente macro es el principal mecanismo inductor de la creación pura de empresas”, a lo cual agrega que el crecimiento del mercado en el cual vende sus productos es el otro factor clave para sobrevivir.

Desde un punto de vista regional, el estudio tiene algunas conclusiones de interés. Junto con señalar el proceso de concentración de las ventas en las empresas de mayor tamaño, su efecto es su crecimiento en la Región Metropolitana, de tal suerte que “las micro y PYME son un fenómeno de corte regional”, así como la tasa de creación y destrucción de empresas es mayor fuera de la capital.

Acceso al financiamiento

La conclusión más importante es que “según los resultados no pareciera ser que exista una crisis generalizada de acceso al financiamiento por parte de las PYME chilenas.(…) Sí podría existir un problema de costo del financiamiento”. Al examinar el endeudamiento, no se aprecian diferencias notorias según el tamaño de las empresas, aunque crece con la edad de las firmas.

Este resultado es coincidente con las cifras recopiladas por la Superintendencia de Bancos, que indican que la tasa de morosidad de las empresas más pequeñas continúa siendo relativamente pequeña, aunque disminuye a medida que las firmas tienen un mayor tamaño, lo que constata que el segmento más pequeño tiene objetivamente un riesgo superior y, por consiguiente, sufre mayores tasas de interés, las cuales también son explicadas por los conocidos problemas de asimetría en la información y el mayor costo fijo de administración del crédito.

La asociatividad como respuesta

La economía chilena ha estado experimentando un fenómeno de concentración de la producción en grandes empresas que abarca a numerosos sectores, especialmente en el campo del comercio y los servicios. Se puede mencionar los casos del sector bancario, las AFP y las isapres, como ejemplos en la segunda actividad.

En el comercio ocurre con las grandes tiendas, los supermercados, las farmacias y las ferreterías, entre los más notorios. Algunos de estos procesos son inevitables en una economía de mercado descentralizada, abierta al exterior y, por lo tanto, afectada por la globalización.

Entre los efectos que está provocando la concentración de las ventas está el cierre de numerosas unidades productivas pequeñas, que no pueden competir con los menores precios que ofrecen los grandes, aprovechando las economías de escala que se pueden lograr con volúmenes masivos y, algunas veces, como resultado de la competencia desleal. Habitualmente, junto al cierre de empresas se genera desocupación de mano de obra, que no puede ser absorbida totalmente por los nuevos negocios que se abren o expanden.

Las transformaciones que está experimentando el país en el área productiva son enormes e inevitables, si se quiere seguir progresando. Chile está cambiando en la medida que el mundo se transforma. La inserción en los mercados mundiales es el camino que el país escogió hace ya muchos años y los positivos resultados están a la vista, en términos de un mejor nivel de vida y una disminución de la pobreza.

Sin embargo, las transformaciones son intensas y la capacidad de adaptación nunca es rápida, especialmente cuando va acompañada de una distribución del ingreso tan desigual como la existente en Chile.

Si bien los mayores beneficiados con los cambios que están ocurriendo son los consumidores, que hoy tienen acceso a bienes y servicios que antes eran inalcanzables, los que tienen el mayor peso son las pequeñas empresas que no pueden competir con los grandes negocios. En el marco de la actual política económica es muy importante que estos empresarios tengan un buen diagnóstico de su situación, de manera de seguir el curso de acción adecuado. Se presentan varias alternativas:

a) si el problema central de la firma es una mala gestión arrastrada por muchos años, acompañada de carencia de capital de trabajo, excesivo endeudamiento u otros factores similares, es preferible un término de actividades oportuno y ordenado, y dedicarse a otra actividad. Un papel muy importante en ayudar a un diagnóstico objetivo deberían cumplirlo las entidades gremiales del sector, aunque probablemente no estén en condiciones de prestar este apoyo.

b) Si la causa de los problemas está en la competencia desleal de los grandes, el camino está en la Fiscalía Nacional Económica, cuya tarea es prevenir, detectar y corregir este tipo de comportamiento, que vulnera la libre competencia. Su intervención se ve facilitada por la nueva ley, que entrega mayores y mejores atribuciones a la autoridad encargada de esta tarea, tal como ha ocurrido en el reciente informe al Tribunal de la Libre Competencia, en que considera que algunos supermercados han tenido un “abuso de posición dominante” respecto a sus proveedores. En este campo, nuevamente parece clara la acción que puedan encabezar los gremios de la pequeña empresa, pues se requiere el esfuerzo conjunto de los afectados para tener éxito.

c) Si el problema principal es la dificultad para competir, al no poder aprovechar economías de escala, nuevamente la solución está en la asociatividad, y es indispensable el papel de los dirigentes gremiales en agrupar a los afectados, ya sea para comprar o vender juntos, incorporar nueva tecnología o capacidad informática y mejorar la capacidad de gestión conjunta. Existen los instrumentos de apoyo gubernamental, siendo operados por CORFO. En 2003 los PROFOS, instrumento clave para fomentar la asociatividad, fueron utilizados por 4.063 empresas; los Fondos de Asistencia Técnica (FAT) por 8.412 pequeños empresarios y los Proyectos de Desarrollo de Proveedores (PDP) por 4.435 firmas. Este esfuerzo debe ampliarse significativamente.

A lo anterior se suma la nueva ley de Cooperativas, que posibilitará la expansión de este sector, que solo en las 60 Cooperativas de Ahorro y Crédito actualmente existentes, tiene 600.000 socios. Adicionalmente, la mayor cobertura de los infocentros es otro instrumento de apoyo, gracias al esfuerzo conjunto del SERCOTEC, la red Enlaces y las Bibliotecas Digitales.

Sólo mediante las acciones conjuntas se puede competir en forma exitosa. En este aspecto, las entidades empresariales de la pequeña empresa juegan un papel clave.

NOTA

1) Gustavo Crespi, PyME en Chile: nace, crece y…muere, FUNDES, Santiago, octubre 2003