La entrega de información sobre detenidos desaparecidos por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros fue un acto relevante, cercano a un hito, en la historia reciente del país. Su valor ha sido reconocido por el propio presidente de la República, por parlamentarios y dirigentes políticos, por abogados dedicados a las causas de DD.HH e incluso por familiares de las víctimas.

No obstante, y precisamente por su trascendencia, es menester analizar más en profundidad el significado global del hecho que se ubica en la línea de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo. Tarea analítica difícil, porque el tema sobrepasa los límites de la política -siempre ligada a intereses y relaciones de poder – para adentrarse en el campo de la ética colectiva y nacional. En su dimensión más esencial, el hecho comentado nos habla del estado actual del alma de la Nación.

El espíritu del documento

En un complejo esfuerzo por integrar en un análisis el carácter político y el carácter ético de este acontecimiento, lo primero que habría que constatar es que la información aportada por las Fuerzas Armadas y de Orden, por sus esencias y formas, si bien se inscribe, no reproduce en plenitud el espíritu del documento final de la Mesa de Diálogo. En él estaba escrito, y además se trasuntaba, un mensaje más íntegramente reconciliador, de mayor compromiso de todos los participantes para resolver un problema tan doloroso y una clara disposición a recuperar un sentido de nación que superara aquél que se impuso en los últimos lustros y que de facto implicaba entender la nación como la tormentosa convivencia de sectores escindidos entre sí, sin mucho más en común que el habitar un mismo territorio.

Hay que insistir: el acto se inscribe en la lógica de la mesa de diálogo, pero esta vez de una mesa coja. Faltó parte de su espíritu: a que iba mucho más allá de los lindes y cálculos políticos. Esa carencia hace que, inevitable, espontánea y racionalmente, surjan interpretaciones que consideran que los uniformados cumplieron con un trámite del compromiso, pero no con toda su esencia.

Descomposición de la ética social

En lectura puramente política, por la forma y la sustancia de sus informes, las instituciones armadas cometieron un error. Su gesto no ayuda a la creación de un clima propicio para sus propósitos político-corporativos, que, como se sabe, es el de consensuar fórmulas para que finalicen los juicios sobre violaciones de los DD.HH. Ninguno de los detractores tradicionales de esa alternativa va a cambiar un ápice sus opiniones después de los informes. Tampoco la atmósfera social se tornará más condescendiente con las demandas militares. Lo peor, no obstante, para los objetivos de las FF.AA, es lo siguiente: en el mundo político concertacionista no eran pocos los dirigentes y parlamentarios que abogaban por facilitar una solución pronta o mediata a los juicios a militares. Cabe la conjetura que después del hecho analizado quienes así pensaban van a sentir cierto cansancio y a entrar en compás de espera para decidir si vale la pena perseverar en esas posiciones ante los obstáculos que ponen las propias FF.AA. Como lo son, por ejemplo, las palabras del almirante Jorge Arancibia en cuanto a que: “O cambian las condiciones generales que pudieran permitir una obtención adicional o creo que hasta aquí hemos llegado”. O como la de retener información, según los dichos de la abogada Pamela Pereira, refiriéndose al Director General de Carabineros, Manuel Ugarte.

En el curso de los últimos meses esta idea de “cambiar las condiciones generales” fue reiteradamente expresada por el almirante Arancibia y repetida por las principales vocerías de la derecha. No es posible cuantificar en cuánto repercutió este mensaje en el resultado del acopio de información. Pero lo que sí debiera ser evidente es que este tipo de discurso es el que afecta negativamente a la ética social. Lo que en él se dice, en definitiva, es que cesando la acción de la justicia es más probable saber el destino de los detenidos desaparecidos. El supuesto pudiera ser impecable en lógica mercantil, incluso, en cierta lógica política, puesto que en ellas opera el cálculo de beneficios mensurables para las partes. Pero, ¿qué ocurre con la ética social?

Cuando se discuten las cuestiones atinentes a violaciones de derechos humanos y a los procesos judiciales, las dirigencias y autoridades de todos los ámbitos recurren, casi como muletilla, a la frase “hay que mirar al futuro”. En general, esta frase es leída como una convocatoria para que el país se dedique al crecimiento económico, al progreso en calidad de vida, a la agenda de las “cosas concretas”.

Así, el conjunto de problemas que circulan en torno a las violaciones de derechos humanos se presenta como una suerte de lastre que hay que abandonar a la brevedad. Visión reduccionista que se encuentra tanto entre quienes claman por justicia absoluta como entre quienes exigen impunidad total.

Lo que debe entenderse es que las violaciones a los derechos humanos fueron síntomas de fenómenos mayores: descomposición de la ética social, que incluye la descomposición ética de las instituciones armadas, y pérdida del sentido republicano de nación. Sistematizadas estas violaciones desencadenaron una inercia reproductiva y amplificadora de la descomposición ética y devinieron, aunque nos duela, en elemento participante en la culturización de la sociedad y en el desarrollo de patrones conductuales colectivos.

Es por estas razones que los asuntos de derechos humanos son decisivos para pensar y actuar sobre el futuro del país. La ética social y nacional está mellada por estos temas y la recomposición de una sana moral pública no puede quedar al azar de los tiempos venideros.

Si se acepta la hipótesis de que las cuestiones sobre violaciones a los derechos humanos, más que temas jurídicos o políticos o de moral individual o sectorial, son de rango ético social, entonces hay que acentuar ese aspecto.

Y en ese aspecto es donde los informes de las Fuerzas Armadas y Carabineros dejan más dudas.

Cualquier analista entiende que estas instituciones han vivido y viven circunstancias apremiantes, que la tarea que emprendieron para informar sobre detenidos desaparecidos debe haber estado plagada de conflictos de poder, de presiones y discrepancias políticas y que el llegar hasta donde llegaron no debe haber estado exento de complicaciones. Puede presumirse también que sus máximos liderazgos habrán tenido que soportar la tensión íntima que se le produce a todo jefe moralmente probo cuando ha de optar por decisiones que tensan lo ético y lo político.

Gesto Trunco

Lo realizado por las instituciones castrenses implicó coraje ético. En tal sentido hay que valorar lo actuado por el Ejército, puesto que le significó romper con la moral de la “doctrina Pinochet”, que ha consistido en negar o justificar u ocultar todo. “Doctrina” que, por lo demás, sólo la sostienen hoy sus círculos más cercanos y algunos parlamentarios de derecha, cuya obsecuencia alcanza lo grotesco.

Reconocido aquello, de todas maneras se puede decir que esta vez primó lo político, si se tiene en cuenta que la oportunidad demandaba un gesto de más envergadura ética. Quizás, y sólo quizás, un gesto mayor en ese sentido les hubiese significado a las FF.AA. un costo político temporal, pero habría sido un paso enorme en pos de lograr, en plazos prudentes, satisfacción a sus intereses políticos corporativos y tanto más en cuanto a sus intereses político históricos.

Las FF.AA. han probado casi todas las vías posibles para resolver la cuestión de los juicios a militares por violaciones de los derechos humanos: amenaza del uso de la fuerza, recursos legales, medidas político-institucionales, búsqueda de acuerdos políticos, etc. ¿Por qué no han probado con un camino que sale del alma misma del problema, la priorización de lo ético social y nacional? Camino que, por cierto, no tendrían por qué recorrerlo en solitario. Les asiste todo el derecho a reclamar que otros también lo hagan

Tal vez ese camino repondría el espíritu de respeto y confianza que se les tuvo a las FF.AA, casi a niveles irrestrictos hasta 1973 y que, a modo de ejemplo, se testimonia en lo siguiente: muchos dirigentes y personalidades de los partidos de izquierda se entregaron voluntariamente a las autoridades militares inmediatamente después de producido el golpe y ante el llamado de éstas. Bajo las mismas circunstancia es difícil encontrar en otro país un tal acto de confianza en las FF.AA. Varios de ellos son hoy detenidos desaparecidos.

¿No se les debe a su memoria, a la ciudadanía toda, a los propios miembros de las FF.AA. una reparación moral institucional que sería a su vez un reconocimiento y una vindicación a una cultura y a una ética colectiva que jamás debió perderse?