Las profusas denuncias, juicios, discusiones sobre coimas, cohechos, irregularidades, falta de transparencias, etc., son hechos que sintetizan y simbolizan problemas trascendentes de la sociedad chilena que van más allá de los que trasuntan elocuentemente. Incluso, algunos de los datos que se develan más claramente tienen trasfondos todavía más relevantes que no siempre se manifiestan y detectan a simple vista.

El propósito de este artículo es intentar develar y analizar algunos de esos trasfondos que, en casos, son tanto o más importantes que las situaciones que se han puesto en el debate público.

Cabe anticipar que el análisis parte de una premisa: que los asuntos concretos que han conmovido a los medios y a la opinión pública son, indudablemente, serios y graves, pero que si se les estudia e interpreta aisladamente, como simple expresión de delitos o de faltas a la ética pública, si no se les considera y evalúa dentro de un espectro problemático más amplio, entonces, de hecho, se reduciría su seriedad y gravedad y quedarían al margen de las preocupaciones asuntos menos “tangibles”, pero que constituyen fenómenos altamente riesgosos para la historia mediata y futura del país.

Encarecimiento y financiamiento de la política

Las informaciones indican que muchos de los casos investigados tienen relación con el financiamiento de la política y de sus agentes. En consecuencia, salta a la vista un primer problema: que la falta de transparencia en el financiamiento de los partidos, de su personal y de sus campañas electorales es un factor que facilita actos de corrupción o de otros ilícitos.

Pero, en realidad, el asunto no termina ahí. Queda pendiente otro tema que subyace: el alto nivel de recursos económicos que está demandando la política chilena. No hay ninguna duda que, en los últimos años, hay un ascendente proceso de encarecimiento de la producción política, fenómeno que se explica por tres causas principales.

- Por la mayor complejización y tecnificación de la política. Partidos, dirigentes y autoridades requieren hoy, y en comparación al pasado, de un cúmulo mayor de información técnica y de un mayor acuñamiento y procesamiento de múltiples y heterogéneas variables sociales antes de estar en condiciones de adoptar posiciones y definiciones. Todo lo cual conlleva gastos en asesorías, en configuración de equipos, en operadores, en sistemas de interlocuciones, etc., que otrora eran menores y algunos, incluso, soslayables.

- Por el peso que han adquirido las técnicas y los medios de comunicación modernos. La política y el político actual tienden a comunicarse con el público a través de las mismas mecánicas y siguiendo, más o menos, las mismas exigencias comunicacionales que rigen en el mercado. Por cierto, esta tendencia alcanza su máxima expresión en los períodos de elecciones y que se potencia por otras dos cuestiones:

a) Por una mayor heterogeneidad y dispersión social y una menor presencia de organizaciones y de redes sociales significativas, lo que conlleva a que partidos, dirigentes y autoridades políticas estén demandados de esfuerzos por crear y sostener sistemas comunicacionales – o de acceso a ellos – con el afán de abarcar ese amplio mundo social heterogéneo y disperso; y
b) por la cuantía de recursos económicos y comunicacionales de los que dispone y despliega la derecha, especialmente, la asociada a la UDI y que arrastra a las demás fuerzas políticas a tratar de competir en ese plano, lo que ha terminado por instalar una verdadera espiral en el monto de gastos electorales.

- Por la personalización de la política. Por diversas causas que no es el caso analizar aquí, pero que, entre otras cosas, se relacionan con la baja asociatividad y con el deterioro de los partidos, la política nacional se ha personalizado en grados desconocidos por las tradiciones. ¿Qué se quiere decir con esto? Básicamente cuatro cosas: i) que determinados sujetos políticos gravitan tanto o más que las instancias a las que adscriben, o sea, partidos o fracciones partidarias, ii) que los colectivos que los acompañan tienen con ese sujeto una relación más de dependencia que las propias de un colectivo político, iii) que el sujeto concentra y maneja poder autónomamente y iv) que pertenece o participa (o puede hacerlo) en círculos de poder integrados por actores también con facultades autónomas de decisión. Dicho en breve y en buen romance: construir ese poder personal e independiente es, en gran medida, cuestión de platas, y de no pocas platas.

Vistas así las cosas el problema de la corrupción, de otros ilícitos o de irregularidades u oscuridades que se plantean en el campo de la política es un problema indisolublemente ligado al tipo, a la calidad y al funcionamiento de la política nacional.

Política de “comerciantes”

La cuantía de recursos económicos que el funcionamiento de la política actual le demanda a sus actores para mantenerse en competencia, ejerce una presión objetivada para que el factor dinero tenga roles desproporcionadamente condicionantes de la actividad política; y mientras esa situación perdure la transparencia en su financiamiento será muy difícil de lograr y seguirá pendiente la cuestión de la transparencia en los procesos de toma de decisiones que es, en esencia, el asunto más preocupante.

Esto último se puede exponer más crudamente. El encarecimiento de la política conlleva a que, tendencialmente, las instancias y sujetos políticos incorporen entre sus tareas, en grados de importancia anormales, sobredimensionados, la obtención de recursos económicos y que, por ende, de una u otra forma, incluyan entre sus prácticas lógicas o dinámicas muy próximas a las propias del mundo del comercio. Instancias y sujetos políticos tienden a verse impelidos a comportarse también como una suerte de empresariado, a estar pendiente de la adquisición de beneficios extrapolíticos, lo que, por cierto, no necesariamente implica conductas corruptas o ilícitas, pero sí implica moverse en aguas que fácilmente se enturbian.

Tendencias privatistas y timocráticas

La sobre dimensión del factor dinero en la política nacional – que de por sí deviene en factor potencialmente corruptor y oscurecedor de la política – entraña otras dos tendencias que lesionan la salud y ética pública del país.

Una es ostensiblemente paradojal: la tendencia a la privatización de la política, o sea, la privatización de la que, por antonomasia, debería ser la más pública de las actividades.

El poder político en Chile, en proporción significativa, se encuentra distribuido entre personas o en pequeños círculos de personas que tienen en común disponibilidad propia de recursos económicos. Una parte no desestimable de políticos chilenos o de grupos de poder no son, en rigor, un producto y una síntesis de expresiones de poderes colectivos, aun cuando tengan cargos de representación popular. Construyen su poder desde lo privado y lo pueden ejercer y reproducir sin – o con escasa – necesidad del concurso de colectivos políticos y sociales que merezcan esa calificación. No son pocos los políticos o círculos de poder que operan casi como empresas privadas y lo pueden hacer gracias, simplemente, a que son capaces de autofinanciar “su empresa”, solos o con la ayuda de algunos socios.

Por cierto que esta es una realidad muy presente en los mundos socio-políticos y culturales de la derecha. No obstante, también está presente – en escala menor, es cierto, pero en ascenso – en los universos de la Concertación.

Es tal la gravitación del dinero en la política nacional que incluso influye decididamente en los procesos electorales internos de los partidos, de suerte que se erige en un fenómeno que virtualmente se ha insertado en buena parte del sistema político formal.

La tendencia privatista de la política introduce otra tendencia: las relaciones políticas o de poder adquieren un carácter cada vez más timocrático (según la RAE: “Timocracia: gobierno en que ejercen el poder los ciudadanos que tienen cierta renta”). De hecho, ya en la actualidad son detectables síntomas de ese alcance. Dentro de instancias formales y hasta institucionales de la política existen numerosos sujetos o grupos políticos meritorios que desempeñan roles marginales, con independencia de las calidades estrictamente políticas que muestren y de la representatividad que posean. Y si eso ocurre es, en muchos casos y en gran medida, simplemente porque ni los unos ni los otros acceden a las relaciones de poder de rango timocrático.

Perversión de lo democrático

En suma, el encarecimiento de la política con sus corolarios tendenciales de privatismo y timocracia configuran un escenario complejísimo pues tienden a conformar una totalidad que perturba y, en casos, parcialmente pervierte los paradigmas y los funcionamientos de lo republicano y de lo democrático.

Precisamente, si se entiende que la cuestión de las irregularidades u oscuridades en el financiamiento de la política forma parte de una suerte de patología más extendida, de una cadena que entrelaza distintas conductas que reflejan, aunque sea incipientemente, el establecimiento de situaciones sistemáticas que corren paralelas al sistema político institucional, entonces ni las discusiones ni las respuestas deberían circunscribirse a lo casuístico.

Lo pertinente sería, al menos, en una fase de debate intelectual, indagar y discutir sobre algunos aspectos más genéricos y sobre algunas responsabilidades también genéricas que participan en la construcción de entornos, atmósferas o circunstancias que, si no siempre incentivan la comisión de irregularidades, dificultan en alguna medida el saneamiento ético de la política.

A continuación se abrevian dos de estos aspectos y responsabilidades genéricas.

1. El primer aspecto puede resumirse en dos preguntas: ¿Se puede transparentar el financiamiento de la política sin transparentar la política en sí? ¿Se puede transparentar la política en sí sin transparentar su financiamiento? Ambos reclamos son uno y el mismo. No obstante, ha habido un permanente óbice para responder a ellos.

En efecto, hace años que la Concertación y sus gobiernos han propuesto medidas para detener el encarecimiento de la política (Vg. limitación del gasto en campañas electorales, hacer pública la procedencia de los recursos de los partidos, financiamiento fiscal y controlado de los mismos, etc.) Debo insistir que, en mi opinión, una de las más potentes fuentes tentadoras para perpetrar irregularidades (públicas y privadas) se encuentra en el desproporcionado gasto que incurre la política chilena.

La UDI: una porfía con su qué

Sin embargo, la UDI se ha opuesto tenazmente a esas medidas. ¿Por qué? Porque tiene una relación privilegiada con grandes empresarios y porque tiene una colusión de intereses político-corporativos con grupos económicos. En consecuencia, confesar el origen de sus ingresos equivaldría a transparentar, sin ocultamientos o silencios discursivos, su política. A la UDI no le alarma un régimen político con ingredientes de poder individualizados y timocráticos.

A propósito de los últimos acontecimientos que aquí preocupan, la UDI ha dado señales de seriedad política y de sentido de nación y esa es una conducta positiva y encomiable, tenga las motivaciones que tenga.

Pero a ese partido le falta dar el paso mayor. No puede seguir soslayando que es la máxima responsable del encarecimiento de la política chilena y de la sobredimensionada y perturbadora intromisión del factor dinero en la política y que esas dos cuestiones son, en sí, situaciones ineludiblemente enrarecedoras de las relaciones y climas políticos. Es hora, en consecuencia, que se allane a acordar mecanismos que reviertan esas prácticas.

2. Un segundo aspecto a discutir alude a los orígenes de los recursos que permiten la carestía de la política criolla o, si se quiere, al papel activo que tienen los “privados” en las deformaciones que aquejan a la política y que facilitan las irregularidades.

Ninguna duda cabe que el encarecimiento de la política, en un altísimo porcentaje, corre por cuenta de grandes empresarios, que son, en definitiva, los que financian las campañas, los partidos, los centros de estudios e, incluso, en casos, la manutención de dirigentes de organizaciones políticas de derecha, preferencialmente, por cierto, de la UDI o de sus círculos más cercanos.

Y aquí hay un tema muy polémico en lo que respecta a los gremios empresariales. Con justa razón, mantienen una vigilante mirada sobre la probidad de las instancias y actores públicos, pero son excesivamente condescendientes, elípticos o evasivos cuando se trata de la probidad de sus agremiados. No hay parangón en cuanto a las preocupaciones y críticas que manifiestan respecto de la ética pública y las que expresan respecto de la ética empresarial. Y, por favor, no se nos diga que esa es una ética “privada”. El discurso empresarial insiste en vindicar el papel social del empresariado (creación de empleos, crecimiento y progreso del país, etc.). Por ende, por proyección, debería aceptar que sus conductas globales están sujetas a una ética social.

Pero, lo cierto es que, cuando se trata de política, un número considerable de grandes empresarios muestran una ética social muy feble.

El empresariado tiene una fuerte responsabilidad en la tarea de transparentar la política, porque muchos de sus agentes han tenido una gran responsabilidad en su oscurecimiento.

¿Y ahora qué?

Los rasgos de la política nacional que facilitan o hasta promueven irregularidades y en los que les cabe responsabilidades a la Concertación, a la derecha y a los empresarios – y a otros cuerpos liderales – en tanto que, quizá ingenuamente, permitieron su desarrollo y hasta lo fomentaron, son rasgos que, en gran medida, encuentran sus raíces en los procesos modernizadores propios del actual estadio histórico mundializado.

Son rasgos tendenciales que llegaron para quedarse. Sería un error mayúsculo pensar que los acontecimientos que motivan estos debates son una vulgar repetición de fenómenos históricamente conocidos. Claro está que la corrupción, el cohecho y las irregularidades han existido desde tiempos inmemoriales. También las enfermedades. Pero las causas y los remedios cambian. Los ilícitos políticos de hoy son ilícitos modernos y que tienden a desarrollarse con la modernidad y a sorprender, porque transcurren con las velocidades de lo moderno.

Los cambios culturales, valóricos y conductuales que estremecen a las sociedades modernas, estremecen igualmente a la política. Cambios que circulan por el ámbito de lo volitivo, de lo intangible y que, por lo mismo, la política de “las cosas concretas” tiende a obviar, hasta que se tornan tangibles. Entonces, normalmente, es tarde para prevenir y no resta más que improvisar reactivamente.

La alerta y la convocatoria para la política está planteada: las conmociones culturales, valóricas, conductuales de la modernidad son temas urgentes para una política moderna.