El debate generado en la Concertación, tanto en su instancia de Gobierno como en la partidaria, sobre transición y modernización como los ejes de continuidad que caracterizarían la misión de la actual administración, si bien comenzó mal y se ha venido desarrollando de manera errática, tuvo la virtud de precipitar una reflexión política crucial; sobre la vigencia y razón de ser de la Concertación, su carácter y objetivos. Ello a partir de un supuesto básico, implícitamente aceptado y asumido por las fuerzas políticas componentes de la coalición: que cumplida la misión de romper el continuismo dictatorial y puesta en funcionamiento una institucionalidad que, a pesar de sus deformaciones estructurales, genéricamente se la reconoce como democrática, el país ha entrado en una fase distinta, en la que los desafíos del futuro entran a pesar más en la definición de las prioridades que los temas o problemas heredados de la etapa predemocrática

La pretensión un tanto ansiosa de diferenciar al segundo gobierno concertacionista respecto de los parámetros que definieron al del Presidente Aylwin, adoleció de voluntarismo. No tanto porque no se debieran desconocer los cambios en el escenario nacional provocados por el propio éxito de la gestión aylwinista, sino porque no se evaluaron adecuadamente algunas dificultades fundamentales que impedirían o entorpecerían la realización de una agenda esencialmente centrada en las posibilidades de impulsar un vigoroso desarrollo del país con mayor equilibrio e integración social.

Entre esas dificultades subvaluadas destacan:

1. La existencia de una oposición derechista radicalizada en su negativa a modificar algunos componentes claves del actual patrón de desarrollo, del que deriva su enorme influencia económica, social y política;

2. la pervivencia de enclaves institucionales que obstaculizan no sólo el despliegue de la democracia política sino de iniciativas orientadas a establecer mecanismos que podrían revertir la persistente tendencia a la concentración de la riqueza (como la reciente resolución del Tribunal Constitucional sobre la capitalización de dividendos por los bancos con deuda subordinada);

3. la resistencia que en la conciencia popular tienen las maneras de afrontar los desafíos del desarrollo con instrumentos distintos a los que en el pasado permitieron avances en el bienestar de los sectores más desposeídos (especialmente a las potencialidades del mercado).

A pesar del desorden en que se ha venido desarrollando el debate sobre transición y modernización, y no obstante ciertos reduccionismos y suspicacias en torno a los conceptos en la Concertación y en el Gobierno ha ido rearmándose un enfoque – cierto que aún en un nivel retórico – que articula la idea de la modernización con la democratización. De esta manera, a la par de adquirir mayor vigor conceptual, el eje Modernización/Democratización permite la expansión del espacio de consensos respecto a la necesidad y al carácter de las reformas políticas (institucionalidad), sociales (pobreza, equidad), económicas (crecimiento, inversión, productividad) y culturales (libertad, pluralismo, identidad colectiva vs. individualismo).

En este replanteo sobre la conexión entre transición y modernización – replanteo que, reiteramos, acusa inconsistencias en su formulación y vacilaciones en su promoción -, destaca especialmente el reconocimiento del insoslayable protagonismo popular en la realización de las tareas modernizadoras. En definitiva, el modelo de modernización progresista no es concebible sin la complicidad y participación de quienes deben ser los receptores privilegiados de los logros del desarrollo. En última instancia este factor es el que otorga el sello social a las alternativas modernizadoras progresista y conservadora.

Hacia una readecuación de la conducción y un nuevo compromiso

El Presidente de la República, retomando una idea expuesta inicialmente por el ministro Genaro Arriagada, ha insistido en la necesidad de un “disciplinamiento” de los partidos de la Concertación como requisito ineludible para una conducción exitosa de su gestión. Mas, tal disciplinamiento presupone claridad y coincidencia respecto de los objetivos y prioridades, lo que no se ha demostrado al grado de constituirse en un marco unificador de las voluntades convocadas. En la práctica se ha demostrado que los esfuerzos por establecer una mejor coordinación entre el Gobierno y la Concertación se topan una y otra vez con diferencias que no encuentran el marco analítico idóneo para darles una salida consensuada, en los plazos requeridos, para convertirlas en logros políticos efectivos. En dos planos pueden ubicarse las insuficiencias con las que se ha tendido a abordar el problema.

En primer lugar, se constata un cierto unilateralismo “académico”, entendiéndose que el problema radica esencialmente en la definición “teórica” del objetivo fundamental y en una tabla de metas concretas que demandarían su logro. Sin menoscabo de la importancia capital de contar con un claro diseño conceptual, este enfoque ha descuidado la igual importancia de disponer de una “masa crítica” que, posesionada de la justeza de dicho objetivo y metas, sea capaz de imponer al conjunto – en el sentido de realizar hegemonía – una conducta coherente con aquellos. En otros términos, de una fuerza material, orgánica, ideológica y política calificada para orientar y movilizar el vasto mundo concertacionista en la dirección señalada.

En la actitud del Gobierno se percibe, por el contrario, un cierto menosprecio de la correspondencia que debe existir entre el diseño y la fuerza. En tal sentido, se sobrevalora el atractivo que el estilo presidencial puede ejercer ante la masa, eludiendo el rol intermediador de los partidos y alimentando, como consecuencia, la idea de la prescindencia de la organización política en la conducción del proyecto concertacionista.

En segundo lugar – y muy imbricado al fenómeno anterior -, ha predominado la creencia de que es al Gobierno al que le corresponde la responsabilidad superior en el diseño de objetivos y estrategia, en tanto los partidos se asumen a sí mismos como interlocutores demandados a coincidir, responder o criticar. Una ecuación relativamente cómoda para éstos, pero que redunda en un desgaste persistente del Gobierno y de la credibilidad en la capacidad de la alianza para remover del horizonte las contradicciones, ineficiencias e incertidumbres que han conducido a la mentada “desafección” del mundo concertacionista.

Cambiar esa lógica implica restablecer la idea de la corresponsabilidad del Gobierno y la Concertación de Partidos en la conducción de la política nacional, comprendiendo que la política nacional no se restringe a los espacios de acción gubernamentales.

En definitiva, la corrección de los desequilibrios de enfoque y actitudes en los dos ámbitos señalados exige una readecuación de la conducción tanto del Gobierno como de la Concertación. Al efecto, debiera reconocerse que ha sido desde los equipos políticos gubernativos donde ha habido mayores esfuerzos para abordar los problemas globales de conducción –al margen de las debilidades comentadas-; y que ahora cabe a los partidos realizar un ejercicio más intenso de análisis y reformulación. Propósito que no debe inducir al simplismo de concebirlo como una tarea fácil, a la manera de un acuerdo cupular sobre diagnósticos y directrices que no trasciendan de las banalidades “unitarias” que usualmente escabullen u ocultan las materias y discrepancias sustantivas. Se trata de cuestiones de fondo que, como algunos personeros del Gobierno y la coalición han sugerido, implican una virtual refundación de la Concertación.

Por la misma razón de su trascendencia, resultaría antojadizo esperar que los temas en cuestión vayan a ser encarados de manera homogénea por todos los partidos ni al interior de cada uno de ellos. Por el contrario, habida cuenta de las diversidades que conviven en cada una de las formaciones políticas concertacionistas, lo probable es que emerjan y se desarrollen coincidencias y discrepancias cruzadas, dinámica que deberá ser apreciada positivamente en cuanto refleja la complejidad de la trama político-cultural que tanto vitaliza como traba los consensos sobre los puntos que han estado en discusión en el último tiempo.

Sin embargo, alentar un debate desinhibido, que transparente y cale hondo, no es lo mismo que apostar a la discrepancia y al distanciamiento como meta virtuosa en sí misma. Se trata de restablecer las coherencias y no de inventar discrepancias, de recomponer al conjunto y no de potenciar su dispersión.

PS: la imperiosa necesidad de crecer

El desafío apunta a todos los componentes de la Concertación, pero destaca la importancia del esperado aporte socialista, por dos razones más o menos obvias.

Primero, porque en el mundo popular y progresista el PS es el punto de referencia de izquierda de la Concertación, y por lo tanto condición fundante del carácter de centroizquierda de la alianza. Sin duda una de las experiencias aliancistas de este signo más exitosa en sus logros, que se ha mantenido sin quebraduras durante más de ocho años, lo que prácticamente no tiene precedentes de consideración en la escena contemporánea a nivel internacional. (La alianza DC-PS en Italia, que duró casi tres décadas, no es asimilable a nuestra situación, por lo menos por un motivo evidente: en Italia la izquierda mayoritaria, expresada básicamente por el PCI, estaba fuera de la coalición gobernante, en tanto en Chile el PS y el PPD, que en conjunto son los cauces de expresión de la mayoría de la izquierda nacional, forman parte de la alianza que gobierna).

Y segundo, porque 1995 será para el PS un año con varias elecciones internas y de definiciones programáticas y políticas que – dada la masiva participación de los afiliados en su gestación – mostrarán el potencial del universo socialista ante los desafíos que les representa la Concertación y el Gobierno, amén de su propio desarrollo. A fines de abril se realizarán las elecciones de nuevas directivas regionales, provinciales y comunales; en agosto corresponde la Conferencia de Programa, en la que debatirá el Proyecto Socialista; en noviembre se elegirá el nuevo Comité Central, y hacia fines de año se llevará a cabo el Congreso y se elegirán los candidatos a Alcaldes y Concejales que postularán en 1996.

La intensidad de la actividad socialista durante el año en curso, que necesariamente absorberá gran parte de sus energías, amerita revisar someramente algunos de los aspectos y temas que conformarán el escenario y las motivaciones que movilizarán a sus dirigentes y militantes.

Como suele ocurrir en estas situaciones, los grupos internos se apresuran a realizar aprestamientos, a proyectar alianzas y a pergeñar fórmulas que los sitúen de mejor manera en las futuras instancias direccionales. Antes de tales movimientos, sin embargo, cabe iniciar una reflexión profunda y serena acerca de lo que el PS debiera hacer en la próxima etapa, a partir de los logros alcanzados y de la identificación de sus carencias, avanzando en un análisis de los desafíos y en el diseño de una política y una estrategia para los próximos años.

1. Desde su unificación en diciembre de 1989 el PS demostró responsabilidad y capacidad durante la transición, reconcursó y se legitimó como fuerza de gobierno, consolidó su unidad de política interna, alcanzó los niveles imprescindibles de institucionalización, obtuvo una muy respetable representación parlamentaria en la elección de 1993 y en el último año vivió en una singular paz interna merced a una gestión direccional particularmente equilibrada y unitaria. Se puede concluir que la trayectoria de estos cinco años de vida partidaria, en sus trazos gruesos ha sido exitosa.

2. De esa trayectoria han sido artífices – con distintos énfasis y estilos en sus aportes – las gestiones de Almeyda, Arrate, Núñez, Correa y Escalona, es decir los exponentes de todas las corrientes más significativas del PS. Hecho por sí mismo relevante en cuanto indica la consolidación de la unidad interna y el fin de un ciclo marcado por las divisiones duras entre “ortodoxos” y “renovados”, “izquierdistas” y “derechistas”, “tradicionalistas” y “modernos”.

Es posible afirmar que, a cinco años de su reunificación el PS ha probado todas las alternativas posibles en su cuadro interno, lo que demuestra la existencia de un acervo político-ideológico común y suficientemente sólido que, si bien no hace a todas las opciones iguales, tampoco está acechado por diferencias dramáticas que pudieran poner en peligro su unidad y hacerlo desandar el camino recorrido. Perspectiva ésta que sí pudiera producirse de primar algunas lógicas internistas de índole exclusivamente poderistas. La perversidad de este fenómeno, habitualmente soslayado mediante un discurso justificatorio de lo bueno y de lo malo, fue observado por Weber cuando sentenció que “los partidos acusan más severamente contrariedades en la participación de cargos que en una acción contra sus fines objetivos”. Son demasiados los ejemplos que podrían exponerse sobre estas dinámicas destructivas, de la vida del PS chileno y de otros partidos, como para detenernos en ello.

3. Un recuento objetivo de lo realizado obliga a reconocer también los vacíos y errores de estos años, tanto en su vida interna como en su actuación pública y en el Gobierno, insuficiencias que en varios aspectos son responsabilidad de la Concertación en general.

Entre ellas cabe destacar, en el ámbito de las políticas generales: el debilitamiento de los actores sociales, particularmente de los sectores laborales y juveniles; la ausencia de una estrategia para democratizar la actual institucionalidad política; la bifurcación del PS y el PPD, con la consiguiente limitación de la influencia de la fuerza progresista; la pasividad frente al proceso de monopolización de los medios de comunicación por los grupos económicos y la derecha; la dispersión de la actividad intelectual partidaria y sus efectos en la ausencia de una opción crítica consistente y sistemática, alternativa al neoliberalismo; las carencias de diseño para la gestión del segundo Gobierno de la Concertación; la falta de una conducción más previsora que hubiera evitado el fracaso del primer gabinete de la actual administración.

Entre las falencias en el plano interno sobresalen: la desaparición de actividades de formación política; la crisis endémica de financiamiento de la actividad regular del Partido; la inexistencia de estructuras partidarias en los frentes sociales el precarísimo funcionamiento de las instancias orgánicas intermedias y de base. El registro de las carencias anotadas – cuyo enjuiciamiento exige tener en cuenta el contexto histórico y las imposibilidades objetivas que explican muchas de las metas no logradas -, sólo tiene sentido si abre paso a un examen serio de los desafíos que deberá encarar una próxima dirección partidaria.

4. Las claves de los avances realizados por el PS en los últimos años no serán las mismas que se necesitan para enfrentar el próximo período. Ello no invalida a sus actuales autoridades ni las posibilidades de que éstas se proyecten para un nuevo período. Lo fundamental es realizar, durante el año en curso y al calor de los próximos eventos internos, una profunda reflexión sobre los nuevos desafíos, a fin de construir una plataforma política y un diseño estratégico que respondan a la imperiosa necesidad de hacer crecer al PS, el primer gran objetivo que deberá enfrentar la nueva dirección (y lo que resta de la actual). Crecimiento que en lo principal no debe pensarse a expensas de la Concertación ni desatendiendo a la necesidad de mantener y afianzar su cohesión, evitando conflictuarla por motivos subalternos.

5. El período que se abrirá para la nueva directiva del PS que se elegirá hacia fin de año va a estar muy marcado por las contiendas electorales del 96 y el 97.Crear las condiciones para conseguir el objetivo de hacer crecer electoralmente al PS, durante un año entero de elecciones internas, con las disputas y riesgos de desgarramientos propios de estos eventos, con una organización que enfrente agudas carencias materiales y comunicacionales, resulta una tarea nada sencilla. Pero sin duda el éxito o fracaso de la nueva gestión estará signado por la capacidad que demuestre para sortear dichas batallas.

6. Además de los desafíos electorales mencionados, la nueva etapa también le implica al PS hacerse cargo de las dificultades que enfrenta el Gobierno y la Concertación. La mística y lealtades generadas durante la lucha contra la dictadura y en el curso de la primera fase de la transición se han ido agotando históricamente, emergiendo un nuevo modelo progresista en los que se funden los pasivos de la transición con las urgencias modernizadoras, en un continuo que incluye los planos político-institucional, económico-social y cultural.

Erigir las bases refundacionales de la Concertación en torno a un proyecto de modernización progresista para Chile, que impulse el desarrollo del país, derrote la pobreza, democratice su institucionalidad y dé paso a superiores niveles de libertad individual, sustentos de mejores condiciones de vida y de una progresiva integración social y cultural de la comunidad nacional, constituye una obra de envergadura mayor. Implica levantar, como Concertación, una base conceptual y política común, que le permita enfrentar con criterios homogéneos la selección y el uso de los instrumentos (Estado, mercado, gastos públicos, regulaciones, privatizaciones, etc.) con los que se propone alcanzar sus objetivos en un período histórico preciso, que no sobrepase los primeros lustros del siglo entrante.

De poco servirán los continuos llamados a la disciplina o mayores avances en la coordinación, o la mera explicitación de objetivos genéricos, si no se aborda una discusión de fondo sobre las metodologías y mecanismos a través de los cuales la Concertación se propone modernizar el país, en plazos visibles.

7. Para construir una estrategia integral se requiere revitalizar la acción partidaria en tres direcciones. Por un lado, en la reorganización y fortalecimiento de los sectores sociales, particularmente de los movimientos sindical y juvenil, contribuyendo a transformarlos en actores políticos capaces de asumir un proyecto global de modernización del país. En segundo término, potenciar al Partido en su rol intelectual, reforzando sus capacidades criticas y propositivas frente al discurso y la propuesta neoliberal. Y en tercer lugar, rediseñando una estrategia y un estilo aliancista que permitan agrupar al progresismo, pensado éste no como un “polo” político sino como un circuito político-cultural y social masivo que tiene expresiones – con matices y especificidades -, en todos los partidos de la Concertación, desde el PDC, el PPD y el PR hasta un conjunto de expresiones de izquierda extra Concertación, hoy a la deriva política y orgánicamente.

8. Para el logro de los objetivos señalados se requiere una organización donde la “razón de Partido” sea más poderosa que las aspiraciones personales o de grupos; en la que las tendencias reconcursen a partir de proyectos o ideas políticas y no en la pueril lógica de la conquista de cuotas de poder interno; que en la conformación de sus instancias direccionales se garantice la expresión equivalente de las voluntades de sus bases y a la vez dé cuenta de la heterogénea sociología partidaria. Un partido capaz de revisar sin complejos sus mecanismos de selección de candidatos de representación popular, generando fórmulas que privilegien a los mejores exponentes del PS ante la sociedad para que compitan en su nombre, restringiendo el espacio de maniobra de las “máquinas” internas que eluden la importancia de la capacidad de convocatoria electoral de los aspirantes y su idoneidad para el cargo postulado.

En fin, un partido que demuestra la mayor transparencia en sus propósitos y procedimientos, el respeto irrestricto a los convenios entre base y dirección y una voluntad perceptible de eliminar y denunciar oscuridades tanto en el manejo de la cosa pública como en su propio funcionamiento.

Bajo estas condiciones el PS logrará restablecer, por lo menos en su favor, el hoy menguado crédito que tienen los partidos ante la ciudadanía, robusteciendo así su prestancia, potenciando su proyecto y contribuyendo de esta manera al saneamiento y fortalecimiento del sistema político democrático.

*Ernesto Águila, Antonio Cortés, Guaraní Pereda