Hay quienes piensan que, en el terreno económico, la democracia que viene será bastante parecida a la dictadura que se acaba, con la única diferencia que tendremos “derecho a pataleo” y parlamentarios elegidos por sufragio universal. Otros incluso llegan a pensar que en democracia todo será mejor y más abundante que en dictadura.

La situación, sin embargo, parece anunciarse en forma diferente. Hay tres órdenes de cosas que, a nuestro juicio, inducirán cambios relevantes en la situación económica: por un lado, las condiciones comerciales y financieras externas en las cuales se inserta la economía chilena; en segundo lugar, el accionar del futuro gobierno democrático; y por último, pero no lo menos importante, la presencia de los nuevos actores sociales que se potencien al calor del propio proceso de democratización.

Las condiciones externas no se anuncian favorables para Chile durante la década del 90. El cobre, que representa la mitad de nuestras exportaciones, tiende a bajar aceleradamente su cotización internacional, alcanzando probablemente un precio inferior al dólar por libra en el transcurso del próximo año. Las uvas y manzanas, que han venido penetrando con gran dinamismo los mercados europeos y norteamericano, comienzan a encontrar crecientes dificultades para seguir haciéndolo a la misma tasa. Las exportaciones de productos del mar no pueden seguir aumentando, pues las principales especies marinas comienzan a extinguirse en la medida en que se mantengan o se aumenten los actuales volúmenes de extracción. Todo esto se da, además, en un contexto de lento crecimiento de las economías capitalistas desarrolladas y de profundización del comercio internacional al interior de grandes espacios económicos regionales integrados, lo cual implica que los productos de América Latina en general, no pueden esperar demandas ni precios crecientes.

En el ámbito de lo financiero, la dictadura legará elevados compromisos de pagos: amortizaciones de deuda externa por 800 millones de dólares en 1991, intereses anuales a tasas fluctuantes y crecientes y remesas de utilidades por concepto de inversiones extranjeras radicadas en el país que se harán mayores a partir de 1991.

En síntesis, las favorables condiciones externas – que explican en alta medida el crecimiento de la economía chilena durante los cuatro últimos años – no se reeditarán durante la década del 90. Estas circunstancias – que harán que la economía chilena no pueda seguir creciendo dinamizada por el mercado externo – son independientes de la acción de los gobernantes y de los gobernados al interior del país.
En segundo lugar, el futuro gobierno democrático tomará medidas económicas y políticas que necesariamente se traducirán en un aumento del consumo de ciertos sectores sociales, ya sea por la vía de mayores ingresos monetarios o por la vía de mayor gasto social. En términos macroeconómicos el incremento porcentual del consumo tiene inevitablemente que ir acompañado de una disminución porcentual de la inversión. En términos cuantitativos ambas magnitudes sólo pueden aumentar al unísono si crece el ingreso disponible, lo cual – tal como hemos dicho -, dependerá en alta medida de las condiciones comerciales y financieras externas. Si disminuye la inversión, se compromete el crecimiento económico del país a mediano plazo, máxime si se considera que las capacidades instaladas están siendo utilizadas casi a plenitud.

Finalmente, la democracia tendrá que expresarse, entre otras cosas, en la irrupción en el plano social y político de los agentes o de los actores que han estado reprimidos, acallados o dispersos durante los 16 años de dictadura. Sindicatos, juntas de vecinos y partidos políticos jugarán un rol relevante en términos de ser expresión orgánica de vastos contingentes sociales que tienen aspiraciones y reivindicaciones largamente postergadas. Ello cambiará la relación entre el capital y el trabajo, por un lado, y la relación entre la sociedad civil y el Estado, por otro, todo lo cual es obvio que tendrá que expresarse en modificaciones en el plano económico, tanto como consecuencia de la asignación de recursos como de la redistribución de los ingresos.

La conclusión que fluye de estas breves reflexiones es la siguiente: la democracia que viene no puede ser ni debe aspirar a legitimarse y fortalecerse por medio del vano intento de presentar cifras de crecimiento del producto similares o superiores a las que ha presentado la dictadura en los últimos años de su existencia, ni a través de un crecimiento del consumo que no se compadezca con las limitaciones económicas que se visualizan desde ya. La democracia debe ser generosa, en cambio, en otorgar más participación a todos los niveles, a las multifacéticas organizaciones que nuestro pueblo se dé. En lo esencial no será aumentado el consumo, ni compitiendo con las cifras macroeconómicas de la dictadura, sino dando más poder a las grandes mayorías como se legitimará y fortalecerá la democracia.