EL RIESGO DE LA SUMA CERO (2)

A cinco meses de la elección de su sucesor – que será de su mismo partido -, y a ocho de dejar La Moneda, el Presidente Aylwin hizo una propuesta sobre derechos humanos en la que parece arriesgar gran parte del prestigio que acumuló durante su mandato en el tratamiento de tan peliagudo problema.

Mientras no haya desenlace final sobre el delicadísimo tema, es aconsejable darle algún tiempo al curso de las cosas, no obstante que el propósito del primer mandatario es acelerar una definición global, actitud tácitamente comprometida en sus diálogos con los altos mandos de las FF.AA.

Entre el otro y lo posible

Tras el “boinazo” del 28 de mayo, una serie de agilizaciones y concesiones de La Moneda lograron restablecer la normalidad en las relaciones Gobierno/FF.AA. El único tema que quedó pendiente fue el de los juicios a militares por violaciones a los derechos humanos. El compromiso del Presidente Aylwin de tomar en sus manos y buscarle una salida al más breve plazo logró la conformidad del Ejército, con lo que la pacificación de los espíritus se vio reforzada.

Descartada desde el inicio la idea de una ley de “punto final” – que en los días álgidos del pronunciamiento castrense fue aceptada por relevantes personeros de la Concertación -, el Presidente buscó un diseño alternativo al calor del diálogo con las partes más directamente involucradas: los uniformados y las entidades representativas de las víctimas.

Dándose por sabida la postura de éstas, lo especialmente novedoso fue la decisión presidencial de exponer sus puntos de vista, en vivo y en directo, a los cuerpos de y almirantes de las FF.AA.OO., oportunidades en que se permitió el planteamiento de sus propios pareceres e interrogantes a los altos oficiales convocados al diálogo.

Aunque las reuniones fueron estrictamente reservadas y no hubo versión oficial de lo dicho por los partícipes, la prensa reconstruyó algunos de los planteamientos sustantivos del Presidente, quien dijo que cada una de las partes debía hacer el esfuerzo de colocarse en el lugar del otro (oponente o enemigo), lo que ayudaría a comprender su postura y demanda. El esquema de solución planteado por Aylwin consistió en:

• que no es correcto identificar a cada una de las ramas de las FF.AA. con el gobierno militar, por cuanto resulta injusto que las faltas de éste le sean imputadas a aquellas;

• que debía lograrse la verdad y la justicia “en la medida de lo posible”;

• que para lograr la verdad se requería la colaboración de civiles y militares, a fin de encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos:

• que recién entonces sería aplicable la Ley de Amnistía;

• que si no se llega a la verdad en cada caso, los procesos deberán sobreseerse (encarpetarse) temporalmente – y reabrirse cuando se incorporen nuevos datos -, lo que impide su cierre definitivo.

Punto de solución o de nulidad

Ulteriormente Aylwin expuso por cadena de TV los fundamentos y contenido del proyecto de ley que enviaría al Congreso al día siguiente. Los dos pilares de su propuesta fueron:

a) acelerar los procesos judiciales en que estén involucrados militares mediante la designación de Ministros en Visita;

b) garantizar el secreto de la identidad de quienes declaren o aporten antecedentes sobre los casos en proceso u otros que puedan quedar cubiertos por la Ley de Amnistía de 1978.

La clave del destino que puede tener la fórmula de Aylwin se encuentra en su afirmación de que ella ”probablemente deje insatisfechos a muchos de uno y otro lado” (La Época, 4/8).

En efecto, se trata de un tal esfuerzo de equilibrismo que posiblemente el Presidente no sólo no logre el consenso parlamentario que busca sino que tal vez reciba el rechazo de cada una de las partes hacia su fórmula. O sea, que los rechazos ”de uno y otro lado” – por razones naturalmente distintas -, culmine en un resultado nulo, o de suma cero. Un final poco deseable, tanto para el currículum de sus realizaciones como estadista como para la continuidad de la consolidación democrática.

Dos hechos sucedidos en las últimas semanas vinieron a indicar que estaríamos ante un giro bastante radical respecto al tratamiento de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Por un lado, la sorprendente celeridad con que, antes de que el presidente irrumpiera con su discutido proyecto, la justicia militar decidió amnistiar los casos en que estaban involucrados los coroneles Krassnoff y Laureani. El “boinazo”, definitivamente, habría impuesto la doctrina del “manto de olvido” por sobre la de “la verdad”, sostenida hasta el presente por el Presidente Aylwin y en cierto grado asumida por el Poder Judicial desde 1990.

Por otro lado, la suspensión de la difusión de la entrevista a Michael Townley por TVN, a solicitud del Presidente de la República. Aparate del debate suscitado respecto a la autonomía del Canal Nacional y la libertad de información, el hecho reveló un particular interés del Jefe de Estado por no rozar la epidermis de los uniformados con hechos que directa o indirectamente pudieran atribuirse a la responsabilidad de personeros del actual gobierno.

”Rebelión en el coro”

Desde la derecha política, en general, se reconoció el esfuerzo del Primer Mandatario por cerrar el capítulo de las desavenencias cívico-militares, pero hubo desilusión respecto a la fórmula concreta. La continuidad de las investigaciones, aun con garantía del secreto de la identidad de los involucrados y por un plazo no superior a dos años, no llenó las aspiraciones de quienes aspiraban a un “punto final” explícito o implícito.

Lo mismo, y de manera acentuada, fue expresado por la vocería política de las FF.AA., en el caso por el ex general y senador (RN) Siebert y el ex vicealmirante y senador (institucional) McIntyre.

La reacción de las entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos manifestaron abierto rechazo a la fórmula planteada por el Presidente Aylwin, considerándola una virtual legitimación de la impunidad.

Pero las disonancias de mayor efecto para la tramitación de la ley se ubicaron en la Concertación.

El PDC formalmente respaldó la iniciativa presidencial, pero algunos de sus parlamentarios mostraron contrariedad debido a que el éxito de la fórmula seguía dependiendo de la voluntad de los uniformados.

En el PS y PPD fue inocultable la desazón. La idea del secreto total de los nombres significaba la renuncia no sólo a la justicia sino también a la verdad.

En el Pleno del Comité Central del PS de 6 de agosto, adoptó una resolución amplia y precisa respecto al proyecto de ley, sobre la base de tres grandes criterios:

a) apoyar la aceleración de los procesos mediante la designación de Ministros en Visita;

b) ampliar las facultades de investigación de los Ministros investigadores y colocar en sus manos los actuales procesos ubicados en la justicia militar;

c) guardar el secreto hasta la culminación del sumario, manteniéndose hacia el futuro respecto a los declarantes pero no a los hechos y responsables del delito.

La discrepancia en el eje Gobierno-Concertación puede generar una seria complicación al interior de la coalición oficialista, a lo menos por dos razones:

• Los partidos que respaldan a Eduardo Frei están en plena elaboración de las líneas programáticas para el próximo gobierno. De no tener una solución que conforme a los partidos de la alianza, el tema de los derechos humanos se puede convertir en un incordio a lo largo de la campaña electoral, proyectándose hacia el próximo gobierno.

• La derecha está en una ventajosa posición frente al asunto, sin discordancias visibles en su seno, lo que le permite sostener un ataque constante sobre Frei y la Concertación en torno a su incapacidad de dar vuelta la hoja en materia de derechos humanos.

En definitiva, la fórmula Aylwin puede acabar en un resultado exactamente contrario a lo que ha pretendido el Presidente, quien al hacer su propuesta supuso la posibilidad de liquidar el tema bajo su mandato.

NO SERÁ CRISIS, PERO LO ES (3)

La Ley Aylwin (proyecto aún) provocó o destapó una contradicción sin precedentes en el son de la Concertación. Es natural que tanto desde el gobierno como desde los partidos aliados se rechace cualquier insinuación de que se trata de una crisis. Pero es inevitable pensar que de algo así se trata.

¿Cuán profunda es?, ¿en qué medida afecta la subsistencia a largo plazo de la actual alianza gobernante?, ¿qué modificaciones serán imprescindibles para evitar su colapso?, dónde se ubican los eslabones más débiles del bloque; en lo programático, en lo orgánico/instrumental o en el liderazgo?

Por relevante que sea la diferencia entre los sub-bloques DC-PR y PS-PPD en torno al tema de Derechos Humanos, la controversia no se circunscribe a ese problema. Más bien fueron las circunstancias las que hicieron que el latente conflicto explosionara en ese punto?. ¿Qué otras piedras circulan bajo la superficie?.

Los efectos políticos y electorales del diferendo en la Concertación son inciertos, pero permiten otras preguntas: ¿alcanzarán para vigorizar el maltrecho frente derechista?, y ¿justificarán un aumento de las expectativas de la izquierda no parlamentaria, hasta el momento condenada a actuar desde la orilla del teatro de operaciones?

Triunfó el Sí, aunque ganó el No

Los diputados PS, más María Maluenda, se pronunciaron en contra y los PPD se abstuvieron al votarse el proyecto de ley de aceleración de los procesos sobre derechos humanos. Habían fracasado en sus gestiones por lograr que el Ejecutivo le quitara la extrema urgencia y que accediera a limitar el secreto de la identidad de los inculpados.

Aprobado en general con los votos DC, PR y RN, los diputados PS-PPD y RN rechazaron el artículo 3º, referido al secreto. Para la bancada de izquierda era sacrificar la justicia, sin ninguna seguridad de que los uniformados dirán dónde están los cuerpos de los detenidos-desaparecidos. Para la derecha, no se garantizaba el secreto absoluto, por cuanto los abogados de las víctimas tendrían acceso a los nombres de los responsables, aunque estén obligados a callar.

Con la aceleración y sin el secreto absoluto, la Ley Aylwin quedó trunca. Queda la etapa del Senado. El Ministro Cumplido adelantó que allí se repondría la idea del secreto, de lo contrario la ley no servirá para averiguar la verdad.

Senadores de RN y UDI cambiaron rápidamente de sus críticas iniciales hacia la aceptación del texto original enviado por el Presidente. El propio Pinochet – contradiciendo los primeros rechazos de conocidos voceros castrenses – manifestó su gratitud a la iniciativa presidencial.

Un claro viraje táctico para aprovechar y agudizar las tensiones en la Concertación. Sin mayor riesgo, en la medida que desde las FF.AA. se tenga la certeza de poder controlar e inhibir confesiones.

Está abierta la posibilidad de que la DC con el PR más el respaldo de los votos derechistas apruebe el secreto en la Cámara Alta. Una alternativa que agriaría aún más las relaciones en la Concertación.

Procesalmente el proyecto debería volver a la Cámara. Si allí los diputados RN cambian de postura y apoyan la fórmula que venga del Senado, inevitablemente la contradicción entre el ala PPD-PS y el eje DC-PR adquirirá el carácter de una crisis política explícita.

NO SALIÓ LA LEY, PERO CAMBIÓ LAS COSAS (4)

Lo que pudo ser una razonable previsión, la vida se ha encargado de confirmar de forma irrebatible: los Derechos Humanos y el Ejército han sido las más graves dificultades del gobierno de la Concertación.

La “ejemplar transición” no pudo superar los límites ya verificados en los casos de Argentina y Uruguay, naciones que durante los años 70 y 80 también sufrieron dictaduras militares de nuevo tipo. Allá, como aquí, el legado militarista siguió marcando el proceso político-institucional, no obstante las derrotas políticas sufridas por las FF.AA. que dieron curso a la recuperación de democracias limitadas o vigiladas por poderes castrenses relativamente autónomos.

La razón de las razones

La Ley Aylwin, la réplica mayor del boinazo del 29 de mayo, fue abruptamente retirada por el Ejecutivo cuando estaba a punto de votarse en el Senado. Quizás el Presidente no aquilató cuánto arriesgaba al poner contra la pared al PS, cuya resistencia frustró el intento presidencial. “Inviabilidad legislativa”, comunicaron los dirigentes de los partidos al Presidente.“Consenso imposible”, explicó el Ministro Boeninger.

El problema no radicó en que se pretendiera validar la Ley de Amnistía de 1978, por cuanto – aunque ilegítima en su origen y por su pretensión impunitiva -, los partidos de la Concertación han debido asumirla como un hecho no removible debido a la correlación parlamentaria. Pero aún así, en la medida que los procesos judiciales permitieran ventilar la verdad, se logra una cierta sanción moral a los culpables de violaciones a los derechos humanos. Ese es el valor de la llamada “Doctrina Aylwin”, la que sostiene que la Amnistía sólo es aplicable una vez investigados los hechos e identificados los responsables. Regla que, en alguna medida, fue asumida por la autoridad judicial durante el presente gobierno.

Pero el proyecto de Ley ideado por el Presidente tras el boinazo, que a la par de acelerar los procesos decretaba el secreto de la identidad de los culpables, significaba cercenar la verdad y desistir de la única forma de castigo que, sin derogar la Ley de Amnistía, aún es posible. Porque si ya no es viable hacer justicia en términos jurídicos, por lo menos queda la posibilidad de sanción social. Renunciar a esto último resultó imposible para los socialistas.

Una serie de decisiones judiciales relacionadas a los derechos humanos, adoptadas las últimas semanas, reforzaron anímicamente la oposición del PS a la Ley Aylwin. En especial las resoluciones de la Corte Marcial de aplicar la Ley de Amnistía a los casos de Eduardo (Coco) Paredes, miembro del Comité Central detenido en La Moneda el 11/9/73, y de Carlos Lorca y Ricardo Lagos Salinas, miembros de la Comisión Política del PS detenidos en junio de 1975 y posteriormente desaparecidos.

Como en escasas ocasiones, prácticamente sin “ruidos molestos” al interior de la colectividad, en torno a este asunto se produjo una extraordinaria sintonía entre la dirección y el universo militante y adherente del PS. En palabras de Pamela Pereira, abogada que asesoró a la Comisión Política en el análisis del proyecto Aylwin, “se detonó dentro del PS una mística que tiene que ver con valores muy sentidos por la gente socialista, por el común y corriente de los socialistas que siente que han estado un tanto divorciados de la dirigencia. Esa base socialista se sintió muy representada en esta lucha por los principios…” (El Mercurio 4/9).

Aunque un poco atenuado, tal sentimiento era compartido por el PPD y no por pocos diputados y senadores DC, a quienes la lealtad hacia el Presidente les resultó una indestructible camisa de fuerza, así como el retiro de la Ley una suerte de respiro venido del cielo.

Había una vez una homogeneidad

Las consecuencias políticas más trascendentes del fracaso de la Ley Aylwin están por verse. Pero las habrá. Para Andrés Zaldívar ha sido “un mal paso político que tiene efectos negativos y que va a perjudicar la imagen del gobierno y de la Concertación en términos políticos” (Hoy 6/9). “la grieta que se ha creado en la Concertación… no puede disimularse”, sentenció El Mercurio, precisando que si bien “no constituye un quiebre”, es “un síntoma revelador de que la coalición no será eterna”(5/9).

Algo resulta claro: a tres meses de la elección del próximo Presidente de la República – y ya iniciada una campaña que todos los pronósticos serios señalan que la ganará Frei -, la concertación se ve obligada a revisar sus prioridades programáticas, e incluso a re-examinar con detenimiento las modalidades que tendrá el próximo ejercicio gubernamental. Porque es más evidente que hace algunos meses que el gobierno de Aylwin no podrá dejar resueltos aquellos dos temas fundamentales que pretendió superar en sus cuatro años: derechos humanos y relaciones cívico-militares.

Ambos desafíos – que en los hechos conforman un solo paquete – exigen una actuación muy unitaria del equipo gubernamental y los partidos que lo respaldan. A esa convicción – más que al temor a perder en la votación senatorial – habría obedecido la decisión de Aylwin de retirar el proyecto. Si la Ley, más o menos modificada, salía si el apoyo PPD-PS, la Concertación empezaba la cuenta regresiva de su existencia. Un legado catastrófico para el gobierno de su camarada Eduardo Frei.

Sin embargo, y por encima de los deseos y esfuerzos de Patricio Aylwin, han tomado cuerpo algunas dinámicas que no facilitarán esa necesaria homogeneidad en el actuar futuro de la Concertación: por un lado, por las propias disonancias en la coalición – desde las primarias entre Frei y Lagos hasta las diferencias en torno a la Ley Aylwin -, por otro, por la emergencia de un fuerte inconformismo popular. Ambos factores hacen descartar el grado de disciplina social y política de que se ha beneficiado la actual administración.

Notas:
(1) El tema de la llamada “Ley Aylwin” fue motivo de seguimiento durante tres reuniones consecutivas del Taller de Coyuntura Política del Centro AVANCE coordinado por Guaraní Pereda. Considerando los efectos y trascendencia de la iniciativa presidencial sobre Derechos Humanos, se reproducen los fragmentos relativos al tema publicados en las correspondientes Carta de Avance sobre la Coyuntura.

(2) Carta de AVANCE sobre la Coyuntura Nº 23 (9/8/93).

(3) Carta de AVANCE sobre la Coyuntura Nº 24 (23/8/93).

(4) Carta de AVANCE sobre la Coyuntura Nº 25 (6/9/93).