En la campaña electoral en curso se están confrontando dos concepciones políticas antagónicas, no obstante la diversidad de matices de uno y otro bando. Pero el que la contradicción básica entre la candidatura de Patricio Aylwin, por un lado, y la de Hernán Büchi y Francisco Javier Errázuriz, por otro, sea o no sea debidamente apreciada por los diversos sectores de la ciudadanía llamados a votar el 14 de diciembre es otro asunto, por cierto nada irrelevante. El que tal contradicción sea entendida y valorada depende, naturalmente, de la propia capacidad y voluntad de esclarecimiento de las partes. Y en esta materia los intereses y las conductas son distintos y explicables.

Es natural que desde el oficialismo y la derecha se oculte o disimule el contenido fundamental de los objetivos y el programa representados por las candidaturas de Büchi y Errázuriz. Estos buscan dar continuidad o impedir que sea modificado radicalmente un modelo político y económico que protege en forma irritante los intereses de un sector minoritario de la población. Están incapacitados, por lo mismo, a reclamar el respaldo popular a un modelo que beneficia a una minoría.

Para la oposición, por el contrario, no existe la necesidad de fingir sus objetivos, en tanto trata precisamente de obtener el apoyo de la gran mayoría de los chilenos para adoptar medidas políticas, económicas y sociales que constituyen necesidades y demandas ampliamente compartidas por esa misma mayoría.

Sin embargo, la objetividad de los intereses de unos y otros sectores sociales no es lo único que cuenta en la lucha política, de lo contrario no sería necesaria ni tendría existencia la política misma. En la realidad un número significativo de chilenos que “deberían” identificarse con la candidatura de Aylwin, se pronuncian a favor de Errázuriz o Büchi.

Esta no sincronía entre intereses objetivos y su comprensión por amplios segmentos de la sociedad nos coloca frente a la responsabilidad que cabe a las fuerzas democráticas en develar los reales objetivos de la campaña electoral derechista. Los déficit que se observan en esta materia se convierten en falta gravísima si la lógica argumental y los temas priorizados por la campaña de los candidatos oficialistas logran perturbar y desorientar a la oposición.

Intentaremos aportar a esta imprescindible clarificación

LO QUE SE AFIRMA Y LO QUE SE SUPONE

Cabe partir por una distinción fundamental: entre la propaganda y los objetivos reales de las postulaciones de la derecha. Y, en ese esquema analítico, diferenciar el elemento más superficial y “agresivo” (conquistador), de los contenidos del mensaje propagandístico de la candidatura oficialista.(1) Luego veremos la relación entre el eje argumental de la propaganda y los propósitos de la postulación oficialista.

¿Cuál es el eje del discurso de Büchi? Que la candidatura de Patricio Aylwin es la expresión de un agregado de muchas concepciones ideológicas, políticas, económicas y sociales, es decir una suma de partidos y grupos que divergen en sus objetivos últimos o más esenciales. Y que por tanto, de triunfar, el candidato de la Concertación va a ser incapaz de hacer un gobierno coherente, que a corto plazo se manifestarán aquellas divergencias sustantivas. En síntesis, que inevitable y prontamente se producirá la ruptura entre las fuerzas de centro y de izquierda que componen la Concertación y el gobierno quedará sin programa compartido y sin fuerza política para dar rumbo estable al país.

En cambio Büchi y su comando sostienen que el conjunto de fuerzas políticas partidistas e independientes que apoyan esa candidatura están identificadas en torno a un cuerpo de ideas fundamentales, que las diferencias entre ellas radican más que nada en ciertos objetivos de corto plazo, respecto a los ritmos en que deben hacerse ciertas cosas y a los métodos de hacer política, pero que no divergen en su “filosofía”.(2)

Tal es el ariete del discurso büchista.

Ahora abordemos la segunda cuestión: ¿Cuál es el esquema o el argumento básico de la propaganda derechista?

El planteamiento de Büchi – y también el de Errázuriz, con algunos matices -, reposa sobre dos grandes afirmaciones o supuestos fundamentales, uno explícito y el otro implícito.

Primero: que la libertad económica es la base de la libertad política. “Libertad económica” se identifica, en el discurso oficialista, con el actual modelo de mercado.

Este primer planteamiento es asumido y aun divulgado con bastante soltura por los voceros de la derecha que arguyen que la libertad económica y su consecuencia acumuladora de poder en ciertos sectores minoritarios es la vía para el mejoramiento gradual de los niveles de vida de los grupos más pobres, a través del “derrame” natural que se produce como consecuencia del crecimiento promovido por los sectores económicos más poderosos.

Segundo: que la democracia plena ya ha sido lograda y entrará integralmente en funciones a partir del 11 de marzo de 1990. Las elecciones de diciembre próximo no serían, para Büchi y las fuerzas derechistas, sino el antecedente más claro e inmediato de que esa “democracia plena” está en marcha.

Este argumento, a diferencia del relativo al modelo económico, en el mensaje de las candidaturas derechistas es tenido por verdadero en sí mismo, sin ninguna exigencia de explicación racional.

En términos más precisos, las candidaturas derechistas dan por sentado:

• que la Constitución de 1980 es democrática, tanto por haber sido aprobada en un plebiscito que dan por hecho con limpieza, como por sus contenidos;

• que el plebiscito del 5 de octubre del año pasado fue un modelo de libre pronunciamiento ciudadano en los marcos de una transparente y equitativa actuación de los poderes públicos;

• que el plebiscito del 30 de junio último simplemente “perfeccionó” el sistema político “democrático” definido en la Constitución del 80;

• que el sistema electoral, la legislación que rige los derechos políticos de los chilenos y las normas sobre funcionamiento de los partidos políticos se ajustan inequívocamente a principios democráticos.

Todos estos supuestos, que serían propios de un proceso democratizador, los candidatos derechistas los dan por obvios e irrebatibles y pretenden que así sean tenidos y aceptados por la oposición. De ser así naturalmente que el 11 de marzo de 1990 no sería sino el momento culminante y final del proceso de restablecimiento de la democracia en Chile.

Así llegamos al punto que hace de bisagra entre los objetivos o contenidos sustantivos de las candidaturas de Büchi y Errázuriz y el sustrato fraudulento de sus discursos y propaganda. Relación que resulta no sólo importantísima para el diseño de los mensajes y la valoración de los temas en la campaña electoral opositora, sino que lo es también, y quizás más, para la correcta priorización de las tareas a realizar por el gobierno de Aylwin en los próximos cuatro años.

DICTADURA Y DEMOCRACIA

En Chile no existe un régimen político democrático – ni lo que se describe en la Constitución del 80 ni lo que se vive en la realidad cotidiana lo es -, ni tal régimen va a quedar instaurado el 11 de marzo de 1989, cuando asuman sus funciones el Presidente de la República y los senadores y diputados que serán elegidos el 14 de diciembre.

En esa verdad tan simple se halla el fundamental general de los entendimientos políticos representados por Hernán Büchi y Patricio Aylwin. De su comprensión se desprende, igualmente, lo que en un leninismo clásico se conceptuaría como el enemigo y el objetivo principal inmediato.

Quienes apoyan a Büchi coinciden en rechazar el imperio irrestricto de la soberanía del pueblo como fuente de poder. El que algunos sectores de la derecha admitan efectos limitados del ejercicio de la soberanía del pueblo sólo viene a confirmar su criterio de que existen otros principios (o poderes) superiores al autogobierno del pueblo. Todos ellos parten de que existe un área, más o menos grande, del régimen político en el que la voluntad del pueblo no puede incidir, ni directa ni indirectamente.

Las fuerzas de izquierda y de centro, en cambio, están unidas en función de su común aspiración a establecer la democracia política en el país. Esta admite muchas formas desde el punto de vista de los mecanismos e instituciones que la hacen realidad, pero siempre sobre el supuesto de que no puede existir restricción legítima a la expresión de la voluntad popular y a sus efectos políticos-institucionales.

Büchi propone continuar como estamos en materia de régimen institucional, con un sistema político que distorsiona la voluntad de la ciudadanía en la elección de las autoridades de la República y que limita gravemente la capacidad de conducción del país por quienes son elegidos por el voto mayoritario de los chilenos. La candidatura derechista considera democrático:

• que el Consejo de Seguridad Nacional tenga atribuciones contraloras sobre el Presidente de la República, el Parlamento y el Tribunal Constitucional;

• que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros sean “garantes” de la institucionalidad con facultades superiores al Presidente de la República y el Parlamento;

• que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el Director General de Carabineros sean autogenerados por sus propias instituciones, no pudiendo se removidos por el Presidente de la República;

• que se mantengan formas de proscripción ideológica y política, aún después de derogado el fatídico Art. 8º de la Constitución del 80;

• que subsista un sistema electoral binominal que asegura que con dos tercios de los votos se puede obtener el 50% de los representantes en el Congreso;

• que los distritos electorales hayan sido y continúen determinados por la exclusiva conveniencia de las fuerzas derechistas;

• que, – salvo el alcalde -, no existan cuerpos generados democráticamente para ejercer el poder comunal.

Con esos preceptos aceptados y definidos por Büchi, la Constitución del 80 y las leyes que la complementan es la barrera institucional que impide un cambio en el modelo económico actual, el “tesoro más querido” de las fuerzas que apoyan al candidato oficialista.

El Programa de Aylwin, en contraste, parte por proponer una serie de reformas a la actual Constitución a objeto de reimplantar el principio de que los poderes públicos deben sustentarse en el libre e igualitario pronunciamiento ciudadano y que no puede existir fuerza o institución pública resguardada de la tuición o injerencia – directa o indirecta -, del pueblo soberano. Respondiendo a esta concepción democrática, las Bases Programáticas Político-Institucionales de la Concertación plantean en su primer capítulo:

• que todos los parlamentarios surjan de elección popular, eliminándose los senadores designados;

• que las diversas fuerzas políticas tengan en el Congreso una representación proporcional al apoyo electoral que logren, eliminándose el sistema binominal por distrito y circunscripción;

• que se eliminen totalmente las proscripciones ideológicas establecidas en el artículo 19 de la Constitución;

• que el Consejo de Seguridad Nacional pase a ser un organismo asesor del Presidente de la República y en su integración se eleve el número de representantes de cuerpos elegidos democráticamente;

• que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden sean de la exclusiva confianza del Presidente de la República, eliminándose toda inamovilidad de los mismos por el plazo que sea;

• que cualquier chileno que cumpla con los requisitos de edad, sea o no sea dirigente gremial, pueda ser parlamentario y viceversa;

• que los alcaldes, los regidores y las directivas de las Juntas de Vecinos sean elegidos en elección popular, eliminándose toda forma de designación desde arriba;

• que el Congreso recupere capacidades contraloras y legislativas frente al Poder Ejecutivo, reduciéndose los quórum requeridos para la aprobación o modificación de algunos tipos de leyes y la propia Constitución;

• que se consagre que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles y no posibles de amnistiar;

• que el recurso de protección (”habeas corpus”) rija para todas las garantías constitucionales;

• que se modifique la integración del Tribunal Calificador de Elecciones de manera de garantizar su independencia;

• que se reforme el Poder Judicial y se cree un Consejo Nacional de Justicia que fije la política judicial y vele por el prestigio y la independencia de dicho Poder;

• que se establezcan nuevas leyes de partidos políticos sobre la base de garantizar el pluralismo político, la libertad de asociación y la democracia interna;

• que se garantice el acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de comunicación, en especial a la televisión.

Al listado anterior cabría agregar la adecuación de las leyes e instituciones vigentes a lo que establecen la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos y los Pactos Complementarios, adecuación que se asume como un compromiso al inicio del capítulo II de las Bases Políticos Institucionales de la Concertación.

DEMOCRACIA MÍNIMA

Existe pleno acuerdo entre los partidos de oposición en que con tales reformas no se consuma la democratización del régimen político pero sí se desatan o superan los “nudos” claves a través de los cuales la Constitución del 80 “proyecta” la dictadura hacia el futuro

Puede sostenerse que dichas modificaciones nos llevan al umbral que – en el plano institucional – separa a la dictadura de la democracia. Esta será, en ese instante, una democracia relativamente débil aún, en la medida que el nuevo rodaje político-institucional no se haya afiatado demostrando su operatividad y, todavía más importante, hasta tanto el conjunto popular no sienta que la plenitud de sus derechos políticos se ven sustentados y reflejados en realidades económicas y sociales más justas.

A partir de esa democracia mínima ingresaremos a otra fase de la reconstrucción democrática: algunos partidarios de las reformas contenidas en las Bases Programáticas de la Concertación podrán manifestar conformidad con tales logros mínimos, y otros querrán seguir avanzando en la democratización institucional, económica y social.

En esta nueva fase se producirán dos tendencias contrapuestas en el arco de fuerzas democráticas. Por un lado una diversificación de propuestas económicas y sociales (más globalizadoras que las medidas concertadas para la etapa de transición), fenómeno que tenderá a romper la actual unidad entre las fuerzas opositoras. Y por otro, la búsqueda y el esfuerzo de las diversas fuerzas opositoras de un respaldo popular suficientemente amplio (que se extenderá hacia los sectores populares que ahora darán su voto a las candidaturas derechistas) a sus diferentes propuestas, con el fin de hacerlas viables como políticas de gobierno. Esta exigencia y búsqueda tenderá, a diferencia del fenómeno centrifugo anterior, a producir el encuentro del Centro con la Izquierda en el amplio mundo popular que ambas posiciones buscan convencer y hegenomizar.

En esta lógica contradictoria, es obvio que ni la unidad ni la ruptura están garantizadas hacia el futuro en la relación entre las corrientes de centro e izquierda que conforman la Concertación.

DOS OPCIONES/DOS CONCEPCIONES

Las dos opciones que se juegan en la elección del 14 de diciembre son, en síntesis:

La derechista – de las fuerzas que han respaldado a la dictadura – que busca impedir la efectiva democratización del régimen político, en tanto ello amenaza la estabilidad y continuidad de un modelo económico concentrador de la riqueza sobre la base de la multiplicación de la pobreza.

El carácter economicista de esta opción tiene un fundamento social profundamente clasista, en la acepción más egoísta y excluyente del concepto (*“hay que apoyar a los ricos porque son los que producen la plata”*), y responde a una concepción ideológica determinista: la economía prescribe, define por sí misma la política, lo que constituye una lógica idéntica a la del marxismo vulgar.

La opción de centro-izquierda, que se propone reimplantar un régimen político democrático, en los marcos del cual todos los chilenos podrán expresar sus preferencias por unas u otras soluciones a los problemas nacionales y sectoriales.

En esta opción el fundamento clasista está menos explícito. Ello se explica, primero, porque refleja un universo de intereses muy extenso y complejo (todo el mundo de los sectores medios, oprimidos, explotados y marginados); segundo, porque no tiene una intención excluyente de los sectores “ricos”, es decir del conjunto de la burguesía; y tercero, por la propia intención política pluralística que tiene la Concertación, que la inclina a no perfilarse como una alternativa social de contornos (límites) muy marcados. En el plano ideológico, la opción opositora trasluce – sobre todo de parte de las fuerzas de izquierda – una muy clara voluntad de rescatar y elevar el factor humano a la calidad de principal palanca de cambio, superando así viejos esquemas teóricos economicistas.

Tanto el carácter “de clase” de la alternativa democrática, como la relación entre la voluntad política y las demandas “objetivas” de transformación que emanan de los procesos económicos y sociales, son materias que están en el centro de las preocupaciones teóricas de quienes se sienten adscritos al pensamiento socialista y marxista en Chile. Sin duda que el proceso de transición que se está iniciando será un excelente laboratorio para el cotejo de las elaboraciones intelectuales con la dura y siempre viva realidad de los hechos.

Notas:

(1) Nos referimos principalmente a la candidatura de Büchi, asumiendo que es el principal contendor de Patricio Aylwin y que el mensaje de Errázuriz, sin salirse del mismo modelo neoliberal en lo económico y neoautoritario en lo político, lo hace muy incoherente por los injertos extremo-populistas que le endosa.

(2)La homogeneidad ideológica de las corrientes políticas que están tras Büchi es un tema que demanda un análisis detenido si se pretende explicar seriamente las disonancias que se han apreciado entre ellas en los últimos años – y las que se van a producir en el futuro -, especialmente entre Renovación Nacional y la UDI. Pero ello no es imprescindible para fundamentar las opiniones de este artículo.