En primer lugar quiero agradecer la invitación del autor para participar en esta presentación. Realmente me parece que el libro es extremadamente notable y, aun a riesgo de perjudicar al autor, debo decir que estoy fundamentalmente muy en acuerdo en todos sus análisis. Efectivamente, creo que se trata de un análisis fascinante a partir de una constatación empírica muy concreta y correcta.

La democracia chilena y la democracia liberal en general, operan en el marco de una institucionalidad formal que supone que la sociedad política, los partidos, el Presidente de la República, el Parlamento, los representantes elegidos por la voluntad popular en general, y los funcionarios designados por el Presidente, son los agentes exclusivos del proceso de toma de decisiones políticas. En circunstancias que es de obvia comprobación la presencia de otros actores, no incluidos formalmente en ese proceso, que por sí mismos influyen significativamente en las decisiones.

Antonio rebautiza a estos actores, popularizados en Chile como poderes fácticos, denominándolos poderes extrainstitucionales y demostrando su carácter de partícipes permanentes del proceso de toma de decisiones en Chile – e internacionalmente también – más allá de la cultura nacional y de la llamada transición.

Creo que los aspectos básicos del análisis son tres. La identificación de los poderes extrainstitucionales; la distinción entre esos poderes y los denominados enclaves autoritarios de la Constitución del 80 y las insuficiencias de la teoría democrático-liberal, que destaca Antonio, que ignora estas realidades con el consiguiente cuestionamiento a la funcionalidad de la institucionalidad clásica de la democracia liberal.

El autor identifica tres poderes extrainstitucionales: los empresarios, los que llama los tecnopolíticos y la televisión abierta. Concuerdo con el autor en que el fortalecimiento progresivo de estos poderes obedece a la conjunción de dos hechos que se influencian recíprocamente. Por un lado, la aparición de nuevas realidades contemporáneas y, por otro, el debilitamiento del Estado tradicional.

El debilitamiento del Estado tradicional es parte del problema que deriva de la globalización de las economías, el triunfo del capitalismo a nivel mundial y la caída de los socialismos reales que extiende al mundo entero a la hegemonía de la economía de mercado globalizada, en que los países se abren al exterior y se integran a la economía mundial.

Se produce consenso a partir de todo esto, en que el crecimiento es una condición fundamental necesaria para la elevación de los niveles de vida, objetivo compartido, diría yo, en general por la humanidad, aunque ciertamente no considero suficiente para otros fines tan importantes como la equidad o la calidad de vida.

Lo anterior produce el debilitamiento y pérdida de relativa soberanía del Estado nacional – la globalización y la apertura económica – que deja de tener los enormes poderes económicos del Estado desarrollista, intervencionista, populista, árbitro de las pugnas distributivas y cuya autonomía para tomar decisiones económicas se reduce apreciablemente en el tiempo.

En este contexto surge el primer poder extrainstitucional. Los empresarios, actores principales de la innovación y la inversión, rol que les da obviamente poder por sí mismos y, de ese modo, una capacidad que yo llamaría de veto, frente a determinadas políticas públicas, ya sea por acción de ellos o por su omisión.

Como señala Antonio en su libro, entre los elementos adicionales que explican el poder del empresariado, está el hecho que tienen objetivos simples, un discurso simple, gran homogeneidad en las cosas que les importan y, en definitiva, una capacidad de aglutinarse con esa misma homogeneidad en la defensa de sus intereses o en la promoción de las cosas que les importan.

Cabe destacar que Antonio no incluye en su listado el poder sindical, lo que corresponde a una realidad objetiva de alcance mundial que, sin duda, crea un conjunto de problemas complicados.

La CUT, por ejemplo, en Chile tiene una alta legitimidad política, una buena legitimidad social y una escasa representatividad entre los trabajadores ya que, como bien sabemos, está formada principalmente por afiliados que son empleados públicos.

Esto genera un desequilibrio que se trata de corregir por la vía de que, los actores políticos, que se sienten voceros o representantes de es sector de la sociedad, tratan de tomar su lugar, lo que obviamente complica más el problema de la inserción eventual en la institucionalidad formal de la toma de decisiones de este poder, que es el mundo empresarial.

No cabe duda que desde un punto de vista político de viabilidad, es inconcebible una inserción de uno de éstos, en una hipotética institucionalidad futura, que no sea simétrico con el mundo sindical. Todos los intentos que se realizan, tratan de hacer muy simétrica la presencia empresarial y sindical, lo que no responde al poder relativo de cada uno de los sectores. He aquí un problema de muy difícil manejo y de muy difícil solución.

El segundo poder es los llamados tecnopolíticos, tecnócratas que cuando están en el Estado son denominados tecnoburócratas, y en un sentido más genérico, creo que Antonio muy acertadamente, denomina los tecnopolíticos. Ya sea que actúan como técnicos o que asumen roles políticos, por ejemplo, el ministro de Hacienda actual asume un rol político y proviene del mundo intelectual técnico.

No cabe duda que aquí se refleja una importancia creciente, debido a la complejidad de los problemas contemporáneos y a la creciente tecnificación e instrumentos técnicos disponibles para solucionarlos – aunque sean diversos y a veces en contraposición unos con otros – de manera que el tecnopolítico es indispensable en el proceso de toma de decisiones contemporáneas.

En este sentido uno tiene presente principalmente a los economistas, pero también hay, entre otros, juristas, sociólogos, médicos, expertos comunicacionales, que es una categoría especial, que el autor presenta muy acertadamente a propósito de la televisión.

Aquí hay una avance de participación más formal en la institucionalidad, de ese -así definido – poder extrainstitucional, ya sea que ocupan cargos concretos en el Poder Ejecutivo, ya sea que influencian a la toma de decisiones de manera rutinaria y deliberada a través de distintos mecanismos – comités, asesorías -. Tienen una influencia en el poder de decisiones que, en el fondo, creo yo, está bastante institucionalizada. De modo que yo pondría ahí una interrogación respecto de hasta qué punto los tecnopolíticos están realmente fuera del proceso de toma de decisiones.

En ocasiones anteriores me he referido a la tensión tradicional que existe entre el mundo político y el mundo técnico, dado que los problemas en sí mismos tienen, en general, tanto una dimensión política como una técnica. La gran dificultad es cómo integrar armoniosamente estas dos dimensiones que corresponden a sensibilidades diferentes, miradas al mundo incluso distintas.

Yo creo que hay una gran interpenetración que se está produciendo crecientemente. Se está produciendo en el mundo de la Concertación, todavía con bastantes tensiones, con desconfianzas, reservas y todo lo que se quiera, pero hoy día esa influencia es mucho mayor. Es mucho más aceptado el tecnopolítico por la clase política y, más respetado el político, por este tecnopolítico de lo que era hace 5, 10 ó 15 años.

En el mundo de las derechas, yo diría, que la relación del tecnopolítico con el poder empresarial es mucho más fluida porque, en general tiende, a tener una visión bastante concordante con las posiciones del mundo empresarial, hay una sintonía más directa.

Además, uno comprueba muchas veces, cuando se resuelven problemas polémicos de políticas públicas en el Paramento o en otras partes, que los que actúan de puentes para facilitar los acuerdos entre políticos del gobierno y de la oposición, son los tecnopolíticos de uno y otro grupo que tienen lenguaje común – sobre todo los economistas – y tienen una serie de afinidades que son muy propias de esta realidad contemporánea.

De todos modos, sigue siendo más ambigua y más contradictoria la relación entre políticos y tecnopolíticos en el mundo de la Concertación que en el mundo de la oposición. Esto obedece tanto a reticencias, yo diría, viscerales, doctrinarias, etc., frente a la realidad capitalista, como a la vinculación histórica de la consolidación de éste vinculada al gobierno militar.

Pese a todo lo cual, como lo enfatiza Antonio, han conquistado espacios de poder, él lo ejemplifica con el gobierno de Frei reciente y específicamente pone como ejemplo al “segundo piso” de La Moneda.

Simplemente quería comentar que me parece que igualmente es fuerte el predominio de esta categoría tecnopolítica en el gabinete del Presidente Lagos. En el “segundo piso” del Presidente Lagos, el fenómeno es más o menos el mismo, hay una cosa que uno ve que se consolida como forma de relación.

De manera que, en definitiva, la inserción de lo tecnopolítico en el proceso de toma de decisiones políticas, es un proceso en marcha.

El tercer poder es la televisión, voy a hacer una referencia muy breve. La televisión es un poco distinta, a mi entender, a los anteriores. Su poder estriba – enfatiza las dos cosas Antonio – en la transmisión de mensaje y la creación de imagen. Hay una relación bidireccional entre la televisión y la cultura de masas, crea cultura y, al mismo tiempo, tiene que operar dentro del ámbito de lo que esa cultura acepta si quiere tener audiencia. Es una relación compleja.

Pero la pregunta muy simple que yo quisiera hacerme es ¿quién tiene el poder en la televisión? ¿Los propietarios? que en Chile con empresarios en algún caso, Universidades en otros o el Estado en el tercero. ¿Son los periodistas? que pueden o no coincidir con los puntos de vista del propietario. ¿Los expertos comunicacionales? – categoría que identifica muy bien Antonio como grandes creadores de imagen -, o ¿los que suministran la noticia? Y es en la única situación en que sí tienen ventaja, donde predomina la noticia que proporcionan los políticos, porque resulta que los empresarios y los técnicos funcionan mucho más entre bastidores y son mucho menos aficionados a transparentar o a estar presente en los medios.

Una segunda observación es que la sociedad de la información que se nos ha venido encima, la computación, internet, la televisión digital – que está a poca distancia en el tiempo – va a afectar brutalmente la forma en que se van a hacer las cosas y nuestros modos de vida.

Eso deja a vista la gran interrogante, cómo va a influir aquello en el poder de los medios de comunicación masiva, la televisión específicamente, y de los otros como internet, porque, por ejemplo, la televisión digital de banda ancha podría significar una mayor concentración del poder o podría ser una mayor dispersión del poder, situación muy difícil de predecir.

Yo quisiera añadir, a los poderes que plantea Antonio muy acertadamente, algunos otros. En primer lugar, la iglesia católica. La iglesia católica que es un actor, y con mucha fuerza, en el campo valórico-cultural en el que expresa hoy su capacidad de retener una mayoría política en temas en que probablemente o posiblemente al menos, la mayoría ciudadana tiene una opinión diversa, pero ahí está.

En segundo lugar, están todos los estamentos, sectores de sociedad civil que se vinculan a temas específicos, a aspiraciones determinadas o defienden intereses corporativos concretos. Eso va desde las etnias minoritarias, la etnia mapuche concretamente, que despierta a una serie de reivindicaciones con mucha fuerza – es además un fenómeno internacional muy señalado – hasta los profesores, los médicos, los transportistas, los agricultores tradicionales, etc.

De modo que toda esa gente tiene una capacidad de influencia a nivel nacional que, a pesar de que son específicos en lo que les interesa – los empresarios también son relativamente específicos -, es difícil distinguirlos tan nítidamente de los tres poderes extrainstitucionales que define Antonio.

Yo dejo planteada esta interrogante sobre cómo uno analiza en conjunto todo esto y eso que en Chile todavía no está presente algo muy fuerte, por ejemplo en EE.UU., que son las asociaciones de consumidores.

Una palabra respecto de las FF.AA., Antonio no las incluye entre los tres poderes extrainstitucionales que desarrolla y, sin embargo, es el primero en cualquier listado de poderes fácticos – para usar el lenguaje acuñado entre nosotros – que cualquiera haga en Chile.

Yo sostengo – creo que en alguna medida Antonio lo comparte y yo comparto también la posición de Antonio – que la categoría de poder extrainstitucional de las FF.AA. sería eminentemente transitoria y está vinculada a coyunturas de nuestra historia, desde luego al problema de las violaciones de los derechos humanos, pero que inevitablemente se extingue en el tiempo.

Antonio hace una observación, dice, sí, pero resuelta que mantiene una relación especial con el mundo empresarial y eso es importante y significativo. Yo diría que eso es cierto, es parte de la historia, pero que, al mismo tiempo, en la medida que las FF.AA., como obviamente ocurre en relación al tema de los DD.HH., se debilitan progresivamente, la calidad de seguro para el mundo empresarial que estas instituciones tienen, va desvalorizándose.

Naturalmente que esta observación me lleva a los enclaves. Aquí coincido con algo que creo el autor no dice expresamente, pero me parece que está en el trasfondo de sus planteamientos, y es que estos corresponden a una realidad histórica distinta. Los poderes extrainstitucionales son permanentes, los enclaves son un producto que yo francamente creo que es transitorio, aunque haya durado bastante en el tiempo, pero corresponde a motivaciones muy particulares de nuestra historia.

La primera – no en orden de precedencia – es proteger el capitalismo. En eso es absolutamente certera la crítica de Tomás Moulian, efectivamente eso es así. En lo que no concuerdo con Tomás Moulian es que, me parece, que esta es una realidad aceptada por todo el mundo y además es la única opción hoy día disponible en el mundo, con distintos matices, pero estamos todos metidos en sociedades capitalistas.

La segunda es proteger a las FF.AA. en el problema de las violaciones de los DD.HH. y en ese terreno, como decíamos, por el cambio en la justicia, los jueces, los criterios de la Corte Suprema, etc., se ha debilitado y terminará por extinguirse como justificación de la democracia.

La tercera era la idea de legalizar una eventual intervención tipo 11 de septiembre, cosa que está absolutamente fuera del horizonte de las posibilidades futuras.

Por eso creo que no hay una democracia bloqueada y que inevitablemente estos enclaves van a ir desapareciendo. El problema hoy día no es un problema de las FF.AA. – sí lo es en cuanto a los problemas de DD.HH. aún – sino que principalmente el temor de la derecha en cuanto a que la eliminación de alguna de estas instituciones implique facilitar reformas a los que le temen en los campos de regulación, de las relaciones laborales, de lo medio ambiental, tributario, etc.

Por último, me parece que es muy certera la observación de Antonio respecto a la no correspondencia entre la teoría democrático-liberal y la realidad.

Tomándolo de un ángulo un poco distinto, quisiera decir que es cierto lo que afirma Antonio, que la democracia liberal tiende a juzgarse y medirse por el modelo ideal de su teoría y no por la realidad cotidiana y contemporánea.

Mi comentario al respecto es distinto de lo que enfatiza Antonio en su libro, aunque también concuerdo con lo que él dice. Yo, francamente, no me siento interpretado por este problema de lo ideal versus la realidad. No me siento interpretado – esta es una opinión muy personal – por las visiones finalistas de la política en que se compara la realidad con un ideal siempre inalcanzable. Yo creo que los procesos sociales son procesos graduales y creo que es mucho más pertinente comparar la realidad actual con la que teníamos ayer o anteayer.

Una observación. Señala Antonio, que en el rediseño del Estado que acompaña a la revolución capitalista, por llamarlo de alguna manera, que se implementa durante el gobierno militar, no ha habido un esfuerzo de rearticulación congruente del Estado del proceso formal de toma de decisiones. Yo diría que hay algunas excepciones importantes a esa afirmación, el Banco Central autónomo, la prohibición al Estado de endeudarse con el Banco Central, las restricciones al Estado para crear empresas. Ahí hay tres ejemplos simples de una congruencia entre algunas disposiciones introducidas a la Constitución del 80 y la realidad que vivimos.

En realidad todo esto es cierto, hay una disfuncionalidad de la institucionalidad clásica democrático-liberal, hay una realidad de poderes que no están dentro del proceso formal de toma de decisiones. Pero creo que el gran tema pendiente es el siguiente. ¿Eso significa que tenemos que renovar esa teoría? O lo que está ocurriendo no será un proceso de adaptación en que fuera del Parlamento, de los consejos de gabinete, de todo lo formal, se entiende que esta institucionalidad abarca las zonas de influencia de los grupos asesores, de la presencia de lo tecnopolítico, del hecho que los empresarios tienen una influencia determinada y la hacen valer.

Otra observación al respecto. La formalización eventual – que no vislumbro cómo – del poder empresarial en el proceso de toma de decisiones políticas, la veo como algo que no tiene mucho sentido porque el poder que por sí mismo tienen lo ejercería igual, independientemente de su inserción en el proceso. Esto de invertir o no invertir, innovar o no innovar es algo que no tiene mucho que ver con si están o no sentados en determinada institución o mecanismo.

Yo tengo la duda, mi impresión es que en Europa, en EE.UU., a diferencia de lo que pasa en Chile y en Amnésica Latina – Antonio recoge muy bien nuestras propias sensibilidades frente a todo esto – han tomado estos temas de manera muy pragmática, muy tomada de la realidad de cada día y no se angustia con estas disfuncionalidades. Estos poderes existen en todas partes y no han perturbado el funcionamiento de la democracia liberal en los países europeos y en EE.UU., sin perjuicio de los distintos problemas que esas sociedades pueden tener.

Creo que la gran interrogante que queda abierta es, hasta qué punto debemos reformular esta institucionalidad, hasta qué punto debemos revisar la teoría democrática, que es de la democracia liberal y representativa, o hasta qué punto hay un proceso de adaptación paulatina, de la forma en que operan las instituciones, a las realidades cambiantes de la historia.