Uno de los vacíos en la conducción que manifiesta el gobierno de la Concertación, y más globalmente el proyecto modernizador que lo anima, es la carencia de una concepción sobre los roles que asigna (o no asigna) a la sociedad civil y a los actores sociales dentro de este proceso. Una de las consecuencias más visibles de este vacío es su errática conducta frente a los conflictos sociales.

La inexistencia de un marco conceptual sobre los vínculos entre participación social y modernización, redunda en una incapacidad para construir metodologías de negociación y anticipación de conflictos. Si un Ministerio cede ante una demanda y logra un acuerdo es tratado dentro del gobierno como “débil”, si por el contrario es “duro” y no acepta las presiones es tildado de “incapaz para negociar”. Principio de autoridad, participación, cogobierno, tecnócratas vs. políticos, etc., son un conjunto de términos y categorías que se han ido apilando frente a una temática que aún no logra ordenarse en los debates.

Visiones y valorizaciones sobre actores sociales

A modo de “inventario” es posible identificar un conjunto de discursos sobre los actores sociales existentes hoy en día en los partidos políticos y en esferas del gobierno. Por un lado, existe una visión – dominante en la derecha pero con capacidad de irradiación hacia la Concertación – que iguala mercado y sociedad civil. Para esta concepción la existencia de grupos organizados en la sociedad no son más que obstáculos y trabas para el pleno y libre despliegue del mercado.

Otra visión es considerar a los actores sociales como “grupos de presión”. La sociedad es compleja y en su interior se organizan grupos de diversa naturaleza, los que frente a decisiones gubernamentales o procesos modernizadores, reaccionan defendiendo sus intereses más inmediatos. El “hacedor de políticas públicas” debe considerar en el diseño e implementación de sus decisiones la existencia de estos “grupos de presión” y actuar en consecuencia, buscando formas diversas de negociación y resolución de conflictos.

Este tipo de razonamiento goza de bastante audiencia en los ámbitos de la tecnocracia. Bajo esta concepción no se les reconoce a los actores sociales un horizonte de interés más amplio que su reivindicación inmediata, y la participación como idea o valor no tiene más sentido que aquel que nace de la necesidad instrumental de viabilizar una determinada política pública.

Esta perspectiva – actores sociales como “grupos de presión” – ha abierto en el ámbito del Estado (y privado) un creciente mercado para consultoras de comunicaciones, que realizan tareas donde se mezcla el lobby, negociaciones políticas, manejo de opinión pública, etc. Los actores sociales bajo esta concepción pasan de ser un tema principalmente político a uno de manejo técnico-comunicacional.

En el otro extremo del espectro político subsiste un discurso donde los actores sociales y la conflictividad social representan la existencia de contradicciones estructurales de la sociedad, por lo general definidas como insolubles, y cuyo desarrollo terminará, tarde o temprano, expresándose en la esfera de lo político.

En este esquema, el “mundo real” es la sociedad, y los actores sociales son expresiones de intereses y proyectos, cuya posibilidad de realización dependen de la existencia de un partido político de vanguardia capaz de expresar estos intereses, y transformarlos en un programa político; programa que no está en la conciencia de los individuos, y que gracias a la intervención de la vanguardia, es posible transformar en proyecto alternativo de sociedad.

Este planteamiento mereció fuertes críticas en su tiempo, y formó parte de aquellas concepciones que la izquierda socialista abandonó junto con el leninismo.

En reemplazo surgió una concepción cuyo eje era la “autonomía de los movimientos sociales”. Esta visión nacía de una crítica de la instrumentalización que significaba para los movimientos sociales la concepción más tradicional de izquierda. Los actores sociales debían construir por sí mismos sus objetivos, y representarse de manera propia frente a la sociedad y el Estado, sin la intermediación de los partidos políticos. Esta concepción estuvo acompañada no pocas veces de una fuerte ideología antipartidos. Ahora la “verdad” estaba sólo en los movimientos sociales; girándose desde un iluminismo de los partidos a un iluminismo de los actores sociales.

No poca tinta corrió en esos años tratando de definir la relación entre “lo social” y “lo político”.

La llegada de la democracia y los movimientos sociales

El retorno de la democracia y el ascenso de la Concertación al gobierno tuvieron efectos importantes para los movimientos sociales. Entre otras consecuencias en ese período se diluyó la reflexión (y el interés) por estos temas.

Entre los efectos más visibles sobre los movimientos sociales que tuvo el inicio de la transición democrática se pueden señalar los siguientes:

• Copamiento del espacio público por los actores políticos tradicionales: gobierno, parlamento y partidos políticos. Los movimientos sociales que durante los años 80 habían sido actores fundamentales fueron desplazados completamente.
• Repliegue de las demandas sociales en aras de la estabilidad política que exigía la transición y los peligros de una regresión autoritaria.

• Predominio de una lógica de gobierno en los partidos de la Concertación sin integración de las lógicas de la sociedad civil y de los conflictos que en ellas permanecían latentes.

Esta situación de invisibilidad de los movimientos sociales se mantuvo hasta el último año del gobierno de Patricio Aylwin (1993), momento en el cual comenzaron a emerger nuevamente conflictos sociales, particularmente en el sector público, los que se han agudizado y hecho más recurrentes durante la administración Frei.

Como respuesta a esta nueva realidad comenzó a gestarse en diversas estructuras del gobierno equipos tendientes a anticipar e intervenir en los conflictos. Primero en la Segpres y más recientemente alrededor del Ministerio del Trabajo. Estos grupos han tenido un rol más bien reactivo (“apagar incendios”), pero no ha corregido una reflexión ni un diseño que dé cuenta de un tipo de relación más estable entre gobierno y actores sociales, o dicho más genéricamente entre modernización y participación social.

La nueva conflictividad se ha introducido también al interior de los partidos más tradicionales, y con mayor presencia en los actores sociales, particularmente DC y PS, tensionándolos, y progresivamente presionándolos a una toma de posición. El retroceso de la DC dentro de las organizaciones sociales ha sido muy pronunciado, el PS ha crecido moderadamente, mientras el PC ha sido el actor que más ha avanzado, en estos últimos dos años.

Elementos para retomar el debate

a) Asumir, en primer término, el dato empírico que los movimientos sociales, y el sindicalismo en particular, ha sobrevivido a la lucha política e ideológica neoliberal de eliminar su existencia, en aras de una sociedad integrada sólo a través del mercado, sin las “interferencias” que representa la existencia de grupos organizados. Como señala el sociólogo Guillermo Campero “Esta primera victoria no es banal. Lo que ha hecho es demostrar la validez histórica, sociológica y política, que no existe una sociedad sin actores y por lo tanto sin negociación de intereses. Y ello no es un dato menor pues revela la potencialidad de la acción colectiva y la permanencia cultural de ella en el mundo del trabajo”. (1)

Sin duda el mundo productivo y tecnológico ha cambiado profundamente tanto en Chile como en el mundo y los movimientos sociales y sindicales no han cambiado ni adaptado con la misma velocidad con que han operado dichos cambios, sin embargo “pese a este momento de fuerte mutación, no hay evidencia que la acción sindical haya sido sustituida por una preferencia por la acción individual… Tampoco hay evidencias que se esté produciendo el surgimiento de otras formas de representación distintas del sindicalismo en el mundo de la empresa o los servicios, y en general en el mundo de los trabajadores en condiciones de actuar colectivamente.

“El sindicato está sin duda enfrentando desafíos a su modelo histórico de acción, pero no está sobrepasado – allí donde hay condiciones para actual colectivamente – por otras formas de representación o por la opción individual”. (2)

b) El razonamiento predominante, en esferas gubernamentales, es entender a los movimientos sociales como grupos corporativistas, incapaces de trascender en los objetivos más allá de sus reivindicaciones inmediatas; culturalmente retrógrados y resistentes al cambio. En definitiva, “grupos de presión” que es necesario tener en cuenta en el proceso de modernización como “obstáculos” o factores de retraso a superar durante la implementación de las políticas modernizadoras.

c) Una mirada distinta al tema sería entender a las organizaciones sociales como sectores en proceso de evolución y de creciente adecuación a las nuevas realidades económico-sociales y culturales del país, y con potencialidades para llegar a asumir proyectos globales de modernización y transformación social. Una mirada de este tipo significaría “invertir” fuertemente por parte de los partidos políticos y el gobierno, en políticas de desarrollo de los actores sociales.

Una apuesta estatal por el desarrollo y fortalecimiento de los actores sociales tendría una racionalidad también desde el propio proceso de modernización en curso. Dicho proceso de modernización tiene entre sus ejes la descentralización y la delegación de responsabilidades a la comunidad o sociedad civil (el caso de educación es paradigmático al respecto). Ello implica la existencia de actores sociales constituidos en la base del sistema, para que puedan recoger y utilizar las facultades traspasadas. En este sentido el Estado debiera ser un promotor en la constitución de actores sociales organizados, informados y capacitados técnicamente para adoptar decisiones.

d) La opción por una revitalización de la sociedad civil y por la constitución de actores dentro de ella no sólo tendría un sentido desde las lógicas que abre los procesos modernizadores, sino también en un fortalecimiento de la democracia y de sus atributos de representatividad y participación. La realidad política institucional no agota la representatividad en una sociedad. No sólo en nuestro caso por los problemas de representación de las minorías que genera el sistema electoral binominal, sino también por la segmentación social existente y con la conformación excesivamente elitaria de la “clase política” chilena. En este sentido la existencia de actores sociales y de una sociedad civil viva constituye un factor que favorece el fortalecimiento de la democracia, mejorando su representatividad e introduciendo contrapesos positivos al quehacer de la “clase política” y de los llamados “poderes fácticos”.

e) La sustentabilidad de la política se encuentra en la posibilidad de que ésta eche raíces en los temas sociales y culturales. Los actores sociales contribuyen a ello. La “autonomía de lo social” entendida como el desligamiento de la actividad política y una alternatividad u oposición entre lo social y lo político es una concepción que a la larga debilita al movimiento social, restándole poder y capacidad de irradiación de sus temas, y a la política la deja desprovista de sentidos, favoreciendo su derivación en una interminable lucha por figuración y cuotas de poder. Desechar esta concepción de la “autonomía de lo social” y reemplazarla por una nueva y fuerte imbricación entre actores sociales y partidos políticos, debiera ser una decisión política importante en el próximo período para la Concertación y particularmente para el PS.

Notas:
(1) Campero, G. El sindicalismo un actor en proceso de cambio En: Escobar, S., Erazo, A. y otros editores. Reflexiones socialistas sobre Chile. Ed. La liebre ilustrada, Santiago, 1996, pág. 219.

(2) Ibid, págs. 218, 219.