Como si existiese una necesaria contradicción entre la popularidad de ciertos liderazgos y la capacidad de mostrarse responsable a la hora de implementar sus propuestas, como si la expresión de la subjetividad de la sociedad fuese necesariamente irresponsable, o que por lo menos no aseguraría una conducta técnicamente solvente, algunas voces tradicionales de la Concertación, con un atávico temor a la autonomía de la acción ciudadana, han querido construir una falsa dicotomía al asimilar las altas cuotas de adhesión popular con incertidumbre (insolvencia) en capacidades para gobernar.

Argumentos que se expresan en frases como “se viene encima una especie de concurso de gobernabilidad” o “esto no es un concurso de popularidad. ¡Esto es mucho más serio…!” entorpecen los procesos de renovación que debe afrontar la Concertación porque intentan instalarla en una ficticia separación entre adhesiones populares e ideas. Este tipo de aseveraciones cuando se pronuncian en un contexto de plena democracia no sólo son incompletas porque toda figura pública expresa valores e ideas por medio de sus acciones, sino que se hacen riesgosas a la propia gobernabilidad del sistema, ya que pretenden subordinar permanentemente el componente legitimidad que esta necesariamente debe tener, a los componentes de racionalidad sistémica. En definitiva, esta mañosa separación conecta mejor con las necesidades de una elite que intenta reproducir su condición de ser “ciudadanos destacados” de nuestra democracia, que con las aspiraciones de la simple ciudadanía.

La simple repetición del discurso sobre una gobernabilidad transicional que ya está agotada, justamente por su reconocido éxito, no contribuye al proceso de puesta al día que la Concertación debe asumir a partir del tipo de liderazgos que ella actualmente posee. La alta adhesión de estos es reflejo de una sintonía probada con la nueva sociedad chilena. Intentar someterlos a las lógicas tradicionales de la política significaría necesariamente hacerlos menos eficientes y llevarlos a traicionar las potencialidades que hasta ahora vienen mostrando.

En democracia la popularidad y la legitimidad están a la base de su propia sustentabilidad en el tiempo, y por lo tanto, son esenciales para su gobernabilidad. Seguir asociando gobernabilidad exclusivamente a la racionalidad técnica de las decisiones públicas o a la pura acción de los técnicos, o es una opción por la oligarquización de la democracia, o es un error puesto que en este intento se niegan las nuevas dinámicas sociales que mueven la sociedad chilena. A partir de estos principios, en democracia no es separable el componente popularidad con el de responsabilidad o racionalidad técnica, es más, podríamos llegar a definir a la democracia moderna como un complejo sistema encargado de viabilizar técnicamente la voluntad popular. El misterio de la democracia consiste justamente en que exige mostrar habilidad para complementar, con diversos recursos (entre los cuales está el del liderazgo), la adhesión popular con la sustentabilidad técnica. El modo de equilibrio entre estos polos componentes de la democracia representativa, dependerá en definitiva del desarrollo de las circunstancias específicas del contexto social.

Para el caso de Chile y después de años de estar sometida a dinámicas de cambios que pusieron un necesario énfasis en la reconstitución y recreación de los consensos democráticos y en el unilateralismo en la construcción de vías de integración social, acotándolas a las oportunidades que ofrecen las dinámicas del mercado y del trabajo, nuestra sociedad de hoy, a través de la mediación de respaldar este tipo de liderazgos, pide un nuevo paradigma de relación y equilibrio con la autoridad.

Para el Chile de hoy gobernar bien (darle gobernabilidad a la democracia) significa, como lo indica la eficacia social de los liderazgos de Alvear y Bachelet, acoger la subjetividad social y dar respuestas con sentido práctico a una sociedad con múltiples dimensiones de incertidumbre (frente a los avatares de la salud, la precariedad del empleo y el futuro laboral, frente a la vejez, la educación de sus hijos, la hostilidad del clima, la naturaleza y la ciudad, etc.) y cada día más agotada por la percepción de negación o desprecio que ve en el accionar rutinario del poder o bien frustrada por ver cada día una gama más amplia de oportunidades que ofrece la sociedad y no contar con los recursos personales que lo ayuden a tomarlas.

Desde esta perspectiva, los liderazgos no son el mero producto del azar y no dependen de un “pantallazo” afortunado. Responden más bien a un proceso dinámico de intersección entre una serie de cualidades personales y recursos de acción de un individuo y las condiciones de entorno social en que este se desenvuelve. Su efectividad depende de la capacidad para poner sus condiciones individuales al servicio de la lectura, traducción y conducción del sentir subjetivo de la sociedad y proyectarlo en acción política con sentido y eficacia social. Entonces, al igual que la democracia como sistema, los liderazgos se sustentan no solo en los recursos institucionales y de poder o en el mero ejercicio de la comunicación política, sino que por sobre todo son capaces de movilizar impulsos políticos no rutinarios, son innovadores, saben agregar demandas y dominan los procesos propios de la construcción de legitimidad.

Bajo esta argumentación, pretender que un liderazgo se mide en sus verdaderas capacidades sólo a partir de sus recursos técnicos y de gobernabilidad sistémica y por lo tanto, pretender argumentar desde la dicotomía entre gobernabilidad y popularidad, es un acto de conservadurismo en cuanto se aferra a una visión del buen gobierno sobrepasada por los cambios sociales contemporáneos experimentados por nuestra sociedad. Hoy ya no es una receta eficiente la gobernabilidad transicional, hoy la sociedad exige, como lo muestran los liderazgos de Alvear y Bachelet, ser escuchada, acogida y respetada. Pretender lo contrario significa seguir profundizando el desencanto, la apatía social y el ensimismamiento de la política.