Desde que se modificó la ley de subvenciones, el año 1979, la administración de colegios particulares con financiamiento estatal se fue haciendo cada vez más atractiva para quienes deseaban abrir un establecimiento escolar sin invertir un solo peso. Lejos quedó la calidad de “Cooperador de la función educativa del Estado”, a la cual contribuyeron durante décadas órdenes religiosas y algunos particulares con el sólo interés de expandir la educación, originándose una feroz competencia entre la educación fiscal y los cientos de escuelas que se abrieron en los años 80. En cualquier sitio eriazo, bodega abandonada y en el mejor de los casos en un DFL2, se instalaban colegios sin reunir las condiciones sanitarias ni ambientales para ofrecer el servicio educativo.

Se trataba de disputar el aporte fiscal, justificado por una matrícula cuyos alumnos provenían de la educación pública y favorecida por una percepción colectiva que colocaba en duda la calidad del sistema educativo cualquiera que fuera su forma de administración.

En los años 90, se había triplicado la cantidad de colegios particulares subvencionados, la mayoría de los profesores ganaba el ingreso mínimo vigente para el resto de los trabajadores, la organización sindical se frustraba en los engañosos procesos de negociación colectiva. Con la aprobación del Estatuto Docente, el Estado aseguró una renta mínima nacional, que los empleadores demoraron en respetar; estos se aseguraron que las subvenciones se incrementaran sustantivamente para acceder a cancelar las remuneraciones reajustadas. Negocio redondo: por $1 peso de aumento para el profesor, el sostenedor recibe, desde entonces, $1.60.

Los colegios subvencionados que sobrevivieron a la competencia aumentaron considerablemente la matrícula, han mejorado su infraestructura, pueden seleccionar su alumnado y exhibir como garantía del producto que comercia, la obtención de un porcentaje de logro en los aprendizajes, a eso se ha reducido la educación, mayor que en la administración municipal.

Hace quince años que el Estado aporta recursos, técnicos y económicos, para un tipo de educación particular que compite deslealmente con la pública-municipal. Con la exploración de los profesores, con escasos recursos para el aprendizaje y no respetando las condiciones mínimas para que n un lugar se instale una sala de clases, han incrementado el patrimonio individual y su capital comercial sin hacer una inversión propia, trabajando exclusivamente con los dineros fiscales.

Los dirigentes hemos planteado, insistentemente, la necesidad de fiscalizar los recursos estatales, transferidos al sector particular, a través de una Superintendencia de la Educación subvencionada. Esta idea, lejos de ser retrógrada, cautela el patrimonio nacional y permite pagar un servicio efectivo alejando la ganancia desmedida; no puede calificarse de estatista, pues se aplica en otras áreas de la actividad económica. Los miles de millones de dólares, comprometidos, en esta forma de administración educacional, justifican de sobra una comisión fiscalizadora de la Cámara, para resguardar el bien común expresado en una educación gratuita y de buena calidad para todos.

La población chilena debe saber que la mayoría de los establecimientos escolares no cumple con las condiciones establecidas en la ley de planta física, para poder funcionar: la cantidad de metros cuadrados por alumno, la altura de las ventanas, la luminosidad, los servicios higiénicos, el patio escolar, las canchas o el gimnasio para actividades deportivas, los lugares de y la capacidad de evacuación en caso de ocurrir un siniestro, son condiciones muy precisas que si fueran exigidas, conforme lo dice la ley, provocaría el cierre del 60% de los colegios particulares subvencionados y también de algunos municipales. El cumplimiento de estas disposiciones ha sido postergado durante diez años; corresponde en 1997, cuando entre en vigencia, fiscalizar rigurosamente si los colegios que acogen a nuestros hijos cumplen las condiciones físicas y ambientales para que se puedan educar sin riesgos a: accidentes, contaminación o fatigas provocadas al trabajar en salas inadecuadas para avanzar en los aprendizajes y desarrollar conductas ajustadas socialmente.

En estos días de cambio, o de vuelta al pasado, en que la jornada escolar se extiende, se deben construir 20 mil nuevas salas. Surge la duda: ¿cómo serán éstas?, ¿de clases?, ¿para talleres?, ¿qué acojan al pequeño grupo activo?, ¿de ensayo?, ¿para experimentación?, ¿de lectura e investigación? Nos das la impresión que serán amplias, para sentar la mayor cantidad de alumnos posible dado que no se establece exigencia alguna para romper la rutina escolar. En las escuelas chilenas las salas se ordenan diariamente para la exposición frontal, el profesor dispone de: tiza y pizarra o plumón ý acrílico o de pantalla y mouse, pero él sigue siendo el centro, debe plantearse y cumplir metas precisas, no debe romper el orden jerárquico, ni menos desordenar la escuela haciendo algo distinto de los otros. Durante las horas de clases los directivos se esfuerzan por demostrar, a cualquier supervisor que los visite, que todos los cursos están trabajando. ¿Entretenidos?, ¿sintiéndose útiles?, ¿dejándose guiar por su ayo?, ¿asumiendo con entusiasmo la aventura de aprender?. No importa, lo que se valora es si la escuela cumple religiosamente su horario

Profesor: haga la prueba, atrévase; pida a sus alumnos que apilen sus bancos en el patio. Lo primero que notará es que esta tarea la harán con entusiasmo y hasta usted mismo la sala vacía le será grata, diferente; invite a los niños que se sienten en el suelo, notará que lo hacen con agrado, sin sentir menoscabo, y naturalmente formarán pequeños grupos dispuestos a trabajar en lo que les proponga su maestro. Recomendación: termine la actividad cinco minutos antes, restituya el orden de la sala y salga al encuentro de sus colegas. Notará lo agotados que salen de un lugar, donde la preocupación principal fue mantener el orden.

Desgraciadamente, la reforma educacional no asume que en algún momento deberá abordar estos temas. Sólo se preocupa de aumentar y mejorar la infraestructura escolar, sin que surja un concepto moderno de cómo debe estructurarse una sala de clases y a partir de esa definición construir el o los espacios en que los niños se formen y aprendan mejor.

El proyecto de extensión, de la jornada escolar completa diurna, contempla recursos extraordinarios para asistir técnicamente y financiar la construcción de nuevos establecimientos escolares, tanto en el sector público municipal como en el particular subvencionado. Es altamente criticable que se otorgue, gratuitamente, más de US$ 300 millones para que los sostenedores privados construyan más salas de clases, sabiendo que en estas escuelas se discrimina a los alumnos y no se asegura una educación gratuita para todos. Es decir, el Estado entrega recursos económicos y técnicos para que los sostenedores privados puedan aumentar la oferta, ofreciendo un servicio de mejor calidad y disputando sus alumnos a la escuela pública municipal.

No se justifica que, por el sólo hecho de ampliar la jornada escolar, el Estado deba entregar dineros fiscales a particulares que van, principalmente, a lucrarse con recursos que pertenecen a todos los chilenos.

Según los diputados Valenzuela, Montes, Tohá y Encina el gobierno estaría liberando de deberes constitucionales a algunos particulares. En efecto, los diputados socialistas afirman que: “el art. 19, Nº 11 de la Constitución Política del Estado señala textualmente que la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos; pero ese derecho, que la Constitución entrega a particulares, conlleva el deber de financiar no sólo la mantención, sino la propia construcción de la infraestructura. Y agregan, “el Estado al entregar gratuitamente dineros fiscales a particulares, está liberando a éstos de una obligación constitucional, por lo que se estaría infringiendo el art. 19 Nº 11 de nuestra Carta Fundamental”.

Pero la opinión de los diputados es mucho más alarmante cuando afirman que se despenaliza el delito de fraude al fisco, señalado en el art. 239 del Código Penal, cuando expresan: “en efecto, el art. 239 de dicho texto legal sanciona con pena privativa de libertad a quienes defraudan o consienten que otros defrauden el interés fiscal, situación que se da en la especie. El Estado no sólo va a invertir fondos en terrenos de particulares, situación que hoy no pude ocurrir, sino que va a invertir en infraestructura de privados que realizan verdaderos actos de comercio con la educación”.

Resulta lamentable constatar que la mayor defraudación se produce sobre los alumnos de la educación prebásica, la mayoría de los niños que cursan los primeros y segundos años básicos, de los que ingresan a la educación de adultos y de la educación diferencial, quienes quedan excluidos de la jornada completa por falta de recursos fiscales, los cuales se usarán indebida, ilegal e inconstitucionalmente para incrementar el patrimonio de los sostenedores privados.

Resulta contrastante esta generosidad con quienes lucran con la educación, si consideramos dos ejemplos de discriminación muy reveladores:

• Una familia pobre para acceder a una vivienda básica de UF 350 debe completar un ahorro previo de $100.000, si no, no puede postular y para estos efectos los burócratas son implacables. Cabe consignar que con los dineros que se entregarán a los sostenedores se podrían otorgar, gratuitamente como a ellos, más de 26 mil viviendas, acortando considerablemente el déficit de 50 mil que hubo en el presente año.
• Los microbuseros cuando debieron cambiar sus máquinas, para modernizar el servicio, no recibieron aportes del Estado para comprar buses nuevos. Asumieron el desafío, por la vía del crédito, y es innegable que el servicio mejoró en comodidad, disminuyeron los contaminantes y también los riesgos de accidente. La contribución de este sector al bien común es admirable si consideramos que el Estado no tiene empresas de movilización colectiva.

Por tanto, el Estado no debería discriminar a favor de quienes asumen la empresa educativa sólo por ser menos riesgosa, de bajos costos operacionales, con aumentos salariales respaldados por ley, con una inversión asegurada mediante subsidio estatal y con elevados índices de ganancia (no se podría llamar utilidad pues en la mayoría de los casos no hay inversión propia). Hasta la reparación del deterioro que sufre el material escolar, durante el año, será financiado con recursos de todos para beneficio de los menos.

Lo que corresponde es que aquellos sostenedores, que voluntariamente decidan extender la jornada escolar y para ello deban construir más salas de clases, lo hagan con dinero obtenido a través de créditos blandos y con el aval del Estado. Los legisladores deberían acoger favorablemente las indicaciones presentas por los diputados socialistas, para cautelar que los dineros fiscales no sean utilizados en beneficio privado, que las escuelas que reciben aportes estatales y ofrecen gratuidad sean favorecidas con los programas de mejoramiento de la calidad educativa y que se construyan más y mejores escuelas públicas, especialmente para los sectores deprimidos social, cultural y económicamente.

*Director Nacional Colegio de Profesores