La trascendencia de esta instancia quedó sellada el mismo día en que sus integrantes pusieron la firma al documento de acuerdos. Allí, implícita y explícitamente, se hicieron reconocimientos sobre el pasado que nunca se habían hecho y sobre todo hubo reconocimiento mutuo de las partes en cuanto a respeto y confianzas como interlocutores.

Como todo evento que busca soluciones a tópicos de elevada conflictividad y que adquiere rango de históricamente relevante, la Mesa de Diálogo se desarrolló con altibajos, entre algunas miradas de confeso escepticismo y con sectores abiertamente opositores a ella.

Organizaciones de familiares de las víctimas

Las organizaciones de familiares de víctimas de la represión durante el régimen dictatorial han sido radicales opositores a la Mesa de Diálogo y al proceso a seguir que ésta delineó.

El debate reflexivo con estas organizaciones es difícil, porque en sus demandas y argumentaciones se entremezclan cuestiones de distinta naturaleza.

Hay, por cierto, un reclamo en el orden moral y en el orden del derecho individual a la justicia que le asiste a toda persona. Pero es indudable que tales vindicaciones las insertan en un discurso más global que entraña una crítica política y social genérica a las dinámicas que en esos planos rigen en el país.

Esta imbricación ha traído consecuencias que dificultan un intercambio de opiniones fructífero. La experiencia muestra que, en general, estas organizaciones arguyen desde perspectivas tanto éticas como políticas al momento de sustentar proposiciones, pero tienden, a su vez, a replicar con argumentos puramente morales cuando están en desacuerdo con proposiciones y medidas razonadas desde la ética política. Toda instancia que se desenvuelve con esa lógica, tarde o temprano incuba un sentimiento de superioridad moral que conlleva al maximalismo y a grados considerables de intransigencia.

Es empíricamente constatable que eso ha venido ocurriendo con este tipo de organizaciones. No son pocos los familiares de víctimas de la represión que se han marginado por no compartir esas actitudes y que se han quedado sin voz organizada para exponer sus juicios propios y distintos.

La elevada tonalidad que a veces han empleado, por ejemplo, contra la Iglesia o contra abogados de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos, son prueba también del fenómeno descrito.

Las conductas y la orientación discursiva asumida por estas organizaciones autogeneran una contradicción de difícil solución. En efecto, con absoluta legitimidad piden que los problemas de violaciones a los derechos humanos sean tratados como tarea nacional, que comprometan a la sociedad, al gobierno, a la actividad política, etc., pero, simultáneamente, rechazan toda visión y proyecto que no coincida íntegramente con los suyos.

Fracciones de la derecha

Los sectores más poderosos y más influyentes de la derecha nunca han observado con simpatía la Mesa de Diálogo. Causa primera de ello es que tal instancia contradice su estrategia de concluir a la brevedad el tema de violaciones de derechos humanos con un punto final. Estrategia que para materializarse implica denegar justicia y trasladar el tema a la esfera de la política, para negociar allí lo que han definido como el fin de la transición.

Si un rasgo novedoso tiene la nueva derecha en Chile es la frialdad con la que está dispuesta a abordar determinadas materias, aun cuando ello violente valores y sentimientos arraigados en el alma nacional y en las tradiciones valórico-culturales masivas.

Así, por ejemplo, ha equiponderado una posible solución al drama de los detenidos desaparecidos con la condición de allanarse a aprobar algunas reformas constitucionales. Obviamente que los acuerdos de la Mesa de Diálogo están en una dinámica diferente y, por lo mismo, interfieren en el plan político de la derecha hegemónica.

Pero las antipatías derechistas a la Mesa de Diálogo tienen dos causales todavía mayores. De un lado, constituyó el primer acto público y significativo en el que las Fuerzas Armadas establecieron un diálogo sobre asuntos de violaciones de derechos humanos prescindiendo de la intermediación de los políticos de derecha, lo que, por cierto, les resto a éstos una situación que durante años han instrumentalizado como mecánica de poder.

Y de otro lado, los acuerdos de la Mesa de Diálogo pusieron a las Fuerzas Armadas muy por delante de la derecha en cuanto a gestos que efectivamente apunten a una reconciliación veraz. Los dichos y compromisos allí establecidos, entre otros, por los representantes institucionales de las Fuerzas Armadas, tienen un valor altamente superior a los pocos y siempre relativizados gestos que han provenido desde los mundos políticos y socioculturales de la derecha.

La relevancia de aquello ha sido poco percibida. Aun cuando se consideren insuficientes, las declaraciones de la Mesa de Diálogo se suman a los costos que han debido pagar las Fuerzas Armadas por el golpe y el régimen militar. Ni los dirigentes de la derecha ni los del empresariado han estado dispuestos a asumir costos similares, no obstante el usufructo que hicieron unos y otros del gobierno de Pinochet y al que todavía hoy le deben lo que son.

De una u otra manera, la Mesa de Diálogo es un mensaje de las Fuerzas Armadas a ambos estamentos para que también se hagan cargo de sus responsabilidades, no con abstracciones retóricas, sino, tal como ellas, con actitudes tangibles. Sin duda que este es un desafío factual que no es grato para los desafiados.

La obstrucción de la derecha

En lo grueso, la política de derecha respecto de la Mesa de Diálogo ha sido de obstrucción hacia sus propósitos esenciales. Muchos de sus dirigentes más connotados han reiterado declaraciones inhibitorias para quienes pudieran tener información y colaborar en la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Han repetido, una y otra vez, que quienes aporten datos se encuentran en serios riesgos de verse sometidos a juicios y encarcelamientos. No hay que ser demasiado perspicaz para entender que con tales intervenciones se está convocando o avalando, de facto, el silencio de quienes tienen conocimientos sobre lo ocurrido con detenidos desaparecidos. Lo que contrasta con el llamado que firmaron los representantes institucionales de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas: “La Mesa de Diálogo declara que quien oculte la información que pueda tener sobre el paradero o suerte de los detenidos desaparecidos incurre en una conducta moralmente condenable y antipatriótica”.

Que la Mesa de Diálogo tenga éxitos no conviene al cálculo político de fracciones derechistas y éstas no podrán soslayar su corresponsabilidad si son escasos los resultados de esta primera evaluación, dada la virtual campaña de amedrentamiento que lanzaron sobre eventuales informantes.

Después del seis de enero

La abogada Pamela Pereira, miembro de la Mesa de Diálogo e hija de detenido desaparecido, el 10 de diciembre recién pasado declaró a La Nación “Sé que están trabajando y sé que han avanzado, por tanto mantengo las expectativas que siempre he mantenido respecto de que las Fuerzas Armadas están en condiciones de entregar una cuota de información. Y si para entregar una mayor cuota de información las Fuerzas Armadas requieren una mayor cantidad de tiempo, me parece razonable que ese tiempo se les otorgue”.

Las palabras de la abogada Pereira son indicativas de una percepción y voluntad más generalizada: el espíritu que se impuso y que se proyectó desde la Mesa de Diálogo no puede ni debe agotarse el seis de enero. Más bien, por el contrario.

Es inimaginable que en este primer recuento no se recoja, aunque sea modestamente, información positiva. Lo más probable, no obstante, es que esa información representará un porcentaje todavía bajo. Ello puede dar pábulo a una ofensiva de parte de los detractores de la Mesa de Diálogo y mellar la confianza en el camino que ésta ha trazado. Si así ocurriera, sería un retroceso irracional, ética y políticamente. En primer lugar, porque todas las otras propuestas que existen o se insinúan son involutivamente polarizadoras. Y en segundo lugar, porque las bases sobre las que se erigieron los acuerdos de esta instancia son en sí de trascendencia histórica, con autonomía de los números que arroje el primer balance. En consecuencia, si las cifras son modestas y ese hecho es usado con el propósito de intentar cancelar los rumbos de la Mesa de Diálogo, tanto más deberían reforzarse las voluntades fundantes de ella.

Los escenarios visualizables en el año que comienza son más propicios para el desarrollo del espíritu de la Mesa de Diálogo que los que regían al momento de su instalación y son también más demandantes de la mantención de ese espíritu. Su lógica esencial es una tendencia cada vez más objetivada.

Que esta tendencia se afiance requiere de actitudes más proactivas desde el universo concertacionista. Proactivas y simples, como, por ejemplo, el formalizar reconocimientos públicos hacia las Fuerzas Armadas por sus avances reales y fiables en cuestiones precisas que apuntan en la dirección del reencuentro nacional. O – también como ejemplo – en el simple cuidado del lenguaje, de las imágenes, de las conductas cuando se abordan temas que espontáneamente tocan las sensibilidades militares.

Con estos ejemplos lo que se quiere decir, en definitiva, es que ni la Concertación ni las autoridades políticas, en general, pueden limitarse a observar pasivamente lo que hacen o no hacen las Fuerzas Armadas en los puntos que aquí se analizan. Es hora de comprender – y eso es parte del proceso de reconciliación o de reencuentro – que los esfuerzos que realiza cada parte involucrada en estos problemas no son ajenos, distantes o indiferentes a las otras partes; que los esfuerzos no son puramente internos a cada instancia sino que necesitan de la colaboración del conjunto.

De allí que, después del seis de enero la Concertación – y no sólo el gobierno – deberá plantearse fórmulas políticas que le faciliten a las Fuerzas Armadas el continuar por la senda del espíritu de la Mesa de Diálogo. Máxime si se atiende a que posiblemente se potenciarán las presiones políticas orientadas en sentido contrario.