El reciente libro de Genaro Arriagada Los empresarios y la política (Lom Ediciones, 2004, Santiago) busca dar respuesta a algunas interrogantes que tienen el mayor interés para entender el funcionamiento de la sociedad chilena actual:
1) El sorprendente poder y grado de publicidad que tienen los gremios empresariales chilenos, a los ojos de los observadores extranjeros, especialmente los hombres de negocios.
2) La ideología “cerrada y coherente” con que actúa la clase empresarial, la más doctrinaria del continente.
3) Su estrecha simbiosis con la derecha política.
Para ayudar a explicar este fenómeno peculiar, el autor plantea su hipótesis de los “tres miedos” que ha experimentado el empresariado nacional a través de la historia, situaciones en las cuales ha reaccionado con una unión para sobrevivir ante estas fases de peligro, de las cuales los años previos a 1973 fueron de una intensidad tal que sus efectos subsisten hasta hoy.
Estos breves comentarios se centrarán en el comportamiento de los gremios empresariales, más que en los hombres de negocios.
Los antecedentes históricos
Los gremios chilenos tienen una historia relativamente reciente, incluso más corta que la fecha de la fundación formal de los más antiguos.
El absolutismo del Imperio Español se trasmitió con fuerza a las colonias, cuya vida económica estuvo fuertemente regulada, de lo cual las reglamentaciones del Consejo de Indias son una expresión acabada de la falta de libertades que existía en la esfera de la producción. Esa cultura centralizada difirió de la colonización inglesa, que trasmitió a sus dependencias el espíritu del incipiente capitalismo que se gestaba en la isla y que se reforzó en los nacientes Estados Unidos de Norteamérica.
En el resto de Hispanoamérica, especialmente en Chile, la evolución fue diferente. Tal como lo plantea Mario Góngora, “el Estado creó la Nación” y, por consiguiente, determinó el comportamiento de los grupos sociales, entre ellos, el empresariado.
Si bien la Sociedad Nacional de Agricultura fue fundada en 1838, tuvo en su inicio un papel meramente académico que posteriormente derivó a tareas técnico profesionales. Por su parte, la Sociedad de Fomento Fabril, que nace en 1883, tampoco parte como una entidad de defensa de los intereses de los hombres de negocios del sector manufacturero sino, como afirma Arriagada, “en sus primeros cuarenta años de vida, no fue un gremio, sino una asociación de industriales y no industriales – donde predominaban estos últimos – destinada a promover el desarrollo febril de Chile”, lo cual se ve confirmado por el término “fomento” que aparece en su denominación.
Las divergencias entre industriales y agricultores
Además, cada vez fue apareciendo más claro que los intereses empresariales de agricultores y manufactureros no sólo no coincidían, sino entraban en permanentes contradicciones.
En el quinquenio 1930-1935, las entidades anteriores y la Sociedad Nacional de Minería se transformaron en asociaciones gremiales propiamente tales, como consecuencia de esos tumultuosos años y la pérdida del poder político que habían concentrado hasta entonces los sectores oligárquicos en la sociedad. Así surgió en 1934 la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en respuesta a la necesidad de cohesión de los empresarios, por primera vez temerosos ante el surgimiento de fuerzas políticas que amenazan con compartir su poder omnímodo.
Sin embargo, con el triunfo del Frente Popular en 1938 con Pedro Aguirre y sus nuevas propuestas, resurgen los intereses contrapuestos entre los manufactureros y los agricultores, presentes durante los decenios anteriores.
El nuevo Gobierno es partidario de acelerar la industrialización del país, una de cuyas columnas fundamentales es la creación de una Corporación de Fomento con esos fines. La resistencia parlamentaria, todavía encabezada por los partidos de derecha con alta representación de las zonas rurales, sólo pudo ser vencida por dos hechos laterales: el terremoto de Chillán, que agregó al proyecto de la CORFO la nueva tarea de la reconstrucción, y el compromiso con los agricultores de diferir la aplicación de la nueva legislación sobre salario mínimo y sindicalización campesina, tal como ocurrió hasta los gobiernos de Carlos Ibáñez y Eduardo Frei M., respectivamente. Así, la industrialización del país tuvo como costo una larga noche en el agro chileno.
La creación de la CORFO tuvo como uno de sus efectos la estrecha asociación entre el Estado y el sector empresarial, ambos empujando el proceso de industrialización bajo un marco proteccionista de las manufacturas nacionales, ya sea para sustituir importaciones como para alentar a los productores criollos.
Esta alianza incluía la participación de las entidades gremiales, básicamente la SOFOFA, en los entes estatales, tanto donde se formulaban las políticas (por ejemplo, en el Consejo de la CORFO) como en muchas empresas estatales que se crearon, participación que subsiste en algunos casos hasta hoy.
La primera entidad que se creó desde su inicio con fines de asociación gremial fue la Cámara Chilena de la Construcción en 1953, aunque progresivamente fue asumiendo crecientes tareas adicionales con el objetivo de entregar servicios a sus asociados. De acuerdo al espíritu de los tiempos, mantuvo una tradicional estrategia de colaboración con los sucesivos gobiernos, incluso los más desconfiados de la iniciativa privada, lo cual le ha dado mejores frutos que el estilo confrontacional de otros gremios.
Ruptura de la asociación
La segunda mitad de los años sesenta muestran la creciente ruptura de la alianza entre el empresariado y los gobiernos. Es el período de un creciente discurso anticapitalista en el país, donde es denostada la figura del empresario y se toman acciones que deslegitiman la propiedad privada.
La más importante es la reforma agraria que, a pesar que es aceptada formalmente incluso por gobierno conservador de Jorge Alessandri, en definitiva es puesta en marcha por Eduardo Frei M., lo cual marca un proceso que se extrema radicalmente durante Allende con la formación del Área de Propiedad Social y el anuncio de una sociedad socialista.
Del enfrentamiento surge la férrea unión de las entidades gremiales empresariales, que sienten que su unión es la única que les puede salvar. Sin embargo, su poder no es muy importante ante la crisis y, más aun, el gran empresariado actúa de una forma individualista, incluso en numerosos casos pactando la venta de sus propiedades con el propio Gobierno
Tal como lo resalta Genaro Arriagada, no son los grandes empresarios ni sus entidades gremiales representativas quienes ejercen una oposición decidida y efectiva contra Allende, sino los gremios de pequeños empresarios, quienes actúan con la mayor energía y unión para defender sus intereses a través de los paros nacionales, a los cuales se suman importantes asociaciones de profesionales.
A pesar que los principales agentes del acceso de los militares al poder en 1973 fueron los gremios de pequeños empresarios, ellos no participaron en la dirección del país en comparación a los grandes, que rápidamente otorgaron un respaldo al Gobierno Militar, incluso en aquellas etapas en que las políticas de apertura al exterior afectaron sus intereses. Primó la recuperación de las propiedades así como la reivindicación del derecho al patrimonio.
Los gremios y la Concertación
Los gobiernos de la Concertación han contribuido de manera decisiva al fortalecimiento de los gremios empresariales. En el Gobierno de Aylwin primaron entre sus objetivos la recuperación de la democracia – proceso exitoso, aunque lleno de dificultades -, y llevar a cabo un manejo económico que permitiera el crecimiento con equidad, lo cual implicaba evitar los enfrentamientos innecesarios con un temeroso empresariado activamente pinochetista y no demasiado amante de la democracia.
Por otra parte, la estrategia económica seguida en el Gobierno de Aylwin, en la medida en que resultó un logro – basada en un sistema de mercado, con un Estado no discrecional y pequeño, no productor, sino redistribuidor, respetuoso de la propiedad privada -, posibilitó su continuidad en los gobiernos de Frei y Lagos.
Los sucesivos gobiernos democráticos han tenido la convicción de que los únicos interlocutores legítimos con el empresariado son sus representantes gremiales, y no hombres de negocios individuales, por muy importantes que sean.
En ese sentido, ha tenido un mejor resultado que con los otros gremios, de los trabajadores organizados, con quienes intentó una estrategia similar, aunque con pobres resultados. Si bien estos últimos padecen de un nivel de ideologización similar al de los empresarios, su poder y representatividad aparecen en crisis, especialmente por la falta de renovación, tanto de su discurso motivacional como de los intereses que protegen. A la crisis universal del movimiento sindical se une su cercanía al Partido Comunista, lo cual tampoco contribuye a su modernización.
Por lo general, los dirigentes gremiales del empresariado han carecido de un liderazgo resaltante, por una serie de motivos. Los importantes cambios de propiedad que ha experimentado el sistema productor chileno a partir de 1970 – Unidad Popular, privatizaciones de los 70, crisis de 1982, nuevas privatizaciones, llegada de los inversionistas extranjeros -, no han permitido la consolidación de grandes empresarios, con la sola excepción de algunas figuras tradicionales, que ejercen su poder en los gremios no en forma directa, sino por intermedio de ejecutivos de sus firmas.
Esta carencia de poder personal de los directivos se manifiesta, a veces, en muestras de insolencia ante la autoridad gubernamental que sólo reflejan la inseguridad personal de esos dirigentes, más que la solidez de los planteamientos. La situación anterior explica la abundante presencia de gerentes entre las directivas gremiales, más que de empresarios propietarios, a pesar que el contenido de los discursos sigan ilustrando a un prototipo del empresariado concebido como “el héroe económico del capitalismo” aunque, tal como lo señala Arriagada, “está hoy técnicamente obsoleto, pero, sin embargo, sobrevive con fuerza como ideología”.
La transición en los gremios
La transición es un proceso que ha ocurrido en todas las esferas de la sociedad, incluso la gremial. En ese sentido, no tiene fecha de comienzo ni de término.
Las entidades empresariales también han participado de este acontecer. Un claro síntoma es la lenta, pero progresiva despolitización, consecuencia de una serie de factores, entre los cuales la más importante parece ser la disminución del “miedo”que les representó la derrota de Pinochet en 1989 y el traspaso del poder gubernamental a la Concertación, aunque nunca en la historia de Chile el empresariado había concentrado tanto poder. El transcurso del tiempo les ha demostrado que la pérdida de poder ha sido menor a la esperada. Inclusive, en la intimidad, muchos dirigentes empresariales sostienen que con los gobiernos de la Concertación están mejor que con una alternativa de derecha, ya que los primeros aseguran la paz social.
A la progresiva desideologización también ha contribuido la desnacionalización de numerosas empresas que han pasado a la propiedad extranjera, la cual actúa con mayor neutralidad, especialmente porque sus representantes son principalmente ejecutivos de permanencia transitoria en Chile y, por lo tanto, menos comprometidos con los asuntos internos.
La mayor tranquilidad se expresa también en el lenguaje, si se recuerda que desde la última agresión directa – “Presidente, déjenos trabajar tranquilos” -, sólo se han escuchado las voces destempladas de la SONAMI, que desde su debilidad busca congraciarse con los barones del Consejo Minero, que son los que mandan en el sector. Los cambios de directiva en la SOFOFA y la CPC obedecen a esta nueva estrategia, que prefiere el diálogo al enfrentamiento; negociar la Agenda pro Crecimiento en vez de lanzar frases para la galería en los encuentros de ICARE; seriedad más que desahogos momentáneos; sin perjuicio que los temas centrales para el empresariado siguen estando presentes: la propiedad privada como el derecho fundamental, un Estado pequeño y dedicado a tareas de orden público, acatamiento del sistema jurídico y las menores regulaciones posibles en la esfera productiva. La estabilidad de “las reglas del juego” que permiten mantener la “confianza”.
El empresariado cambia
En la medida que se sigan superando los últimos temores del empresariado, la situación se normalizará en varios sentidos, haciéndose más nítidas tendencias que ya están presentes en la actualidad:
• Separación de los roles políticos y gremiales en la relación con el Estado.
• Debilitamiento de la CPC en favor de un mayor predominio de las ramas que la componen, consecuencia de la heterogeneidad del sistema productivo chileno.
• Reducción progresiva de la influencia de los partidos políticos de derecha en las directivas gremiales.
• Recuperación de relaciones de asociación y no de conflicto con los gobiernos. Los acuerdos priman por sobre las disputas, que se limitan a asuntos sectoriales.
• Disminución en el rol mediático de los dirigentes gremiales, aunque su capacidad de generar información les asegure una importante presencia.
• Mayor participación de las entidades representativas de la pequeña empresa.
Si se considera que los gremios empresariales continuarán manteniendo una importante cuota de poder en la sociedad chilena, la que funciona sobre la base de la propiedad esencialmente privada de los medios de producción y la radicación de las tareas del Estado en el ámbito de la redistribución más que en la producción, es necesario que su área de influencia se ejerza en el campo que le ha sido definido por el orden institucional, sin intentar invadir terrenos que le son propios a otros poderes del Estado.