Comenzaré por decir que el socialismo no comete la ingenuidad de suponer que todos llegan en iguales condiciones a la producción y al mercado. En todas las sociedades históricamente reconocidas, algunos – siempre la minoría – ha llegado con la ventaja de poder controlar el proceso productivo. Esta ventaja otorga la capacidad de dirigir el proceso de reproducción social (el crecimiento, los patrones de consumo) y fijar las condiciones que regirán el proceso de trabajo.

Como el resultado de éste (“el valor de la producción”) sólo puede tener tres destinos (el consumo de quienes dirigen y controlan el proceso, el consumo de los asalariados y la reposición e incremento de la inversión), una vez repuesta a la inversión, es natural la pugna entre asalariados y controladores por apropiarse de una mayor proporción de él.

Sin embargo, el control del proceso productivo otorga a los últimos la capacidad de fijar las reglas del juego, lo que les permite también quedarse con una parte de lo que corresponde a los asalariados.

En resumidas cuentas, el control de los procesos productivos otorga a algunos la capacidad de dominar y explotar y a otros la condición de subordinados y explotados. Podrá entenderse, en consecuencia, por qué el socialismo se propone extender la democracia en la sociedad y, sobre todo, por qué busca hacerla realidad en el control del proceso productivo.

Pero, ¿democratizar los procesos de producción y reproducción social significa necesariamente expropiación de los empresarios, es decir, cambio de propietario?
Lo sería sólo en el caso que el control de la producción estuviese indisolublemente ligado a la propiedad. Sin embargo, no es esa la situación, pues la experiencia contemporánea muestra que, hoy por hoy, propiedad y control de la producción no están necesariamente asociados.

En las empresas modernas, estructuradas universalmente sobre la base de capital accionario y que pertenecen por lo tanto a miles de personas, aunque un número reducido de ellas pueda conservar paquetes mayoritarios, el control recae en ejecutivos y directorios a veces muy lejanos a los propietarios. Y este alejamiento de la propiedad y el control ocurre igualmente en casos en que la propiedad haya sido absolutamente estatizada, pues, como han demostrado la Unión Soviética y otras economías que por ello han renunciado a ese estatismo absoluto, ese tipo de propiedad no garantizaba la democracia en el control de la producción, que permanecía depositado sólo en algunos (la jerarquía del Partido Comunista y los sectores técnicos y burocráticos que la rodeaban).

La aspiración socialista de extender la democracia al control de los procesos productivos, no está garantizada así por la estatización de la propiedad, sino por un efectivo sistema de participación de los trabajadores, directamente en la gestión y las ganancias de las empresas, e indirectamente por medio de normas, regulaciones y leyes estatales, democráticamente concebidas y ejecutadas.

Podemos decir hoy, luego de haber conocido el auge y la crisis de diversos modelos que pretendían buscar la solución en los extremos del libremercadismo o del estatismo, que esa es la única solución realista y efectivamente viable para desarrollar la justicia económica y social junto con la democracia política.

En ese marco, el Estado tiene la obligación de procurar la expansión y buen funcionamiento del modelo de desarrollo que cuente con el consenso social, democráticamente expresado y sancionado, para lo cual, como es natural, debe dotarse de todos los instrumentos que resulten necesarios y útiles.

Los principales entre éstos son, sin duda, aquellos de orden normativo y reglamentario que orientan el desarrollo y regulan el equilibrio por medio de la política económica, pero también debe considerarse su posible acción directa en tanto inversionista, productor y consumidor.

Lo último abre la posibilidad de empresas estatales. ¿En qué casos? Desde luego, en el de los monopolios naturales. Como es sabido, el mercado no puede llegar a todos los ámbitos de la economía. No puede haber competencia haciendo correr dos o más líneas de tendido eléctrico, dos o más redes de agua potable o dos o más líneas telefónicas por las calles de un mismo barrio: ello significaría un aumento tal de tarifas que aniquilaría a la competencia junto con los competidores.

En estos casos, sólo cabe la concesión del monopolio a una empresa privada, junto con el desarrollo de un sistema de regulación equivalente en tamaño y calidad a la empresa regulada, o la asunción social directa de esa producción por intermedio de un Estado sometido a los mecanismos de control y regulación que son propios de la institucionalidad democrática.

El primer procedimiento es más caro y nada garantiza su propiedad por encima de la del segundo. No hay razón alguna que justifique, por consiguiente, que en esta área no deba haber empresas estatales.

Y lo mismo ocurre en otros casos: por ejemplo, servicios cuyo costo debe ser necesariamente asumido por la sociedad en su conjunto y no sólo por sus usuarios (por ejemplo, el transporte hacia zonas alejadas, en las que es necesario mantener soberanía, o algunos sistemas de transporte urbano); empresas destinadas a regular precios (como Cotrisa en nuestro país); o empresas que, por la naturaleza de su giro, deben soportar cargas impositivas extraordinarias (las loterías).

Pero, por sobre todo, en los casos de actividades productivas por su alto riesgo (procesos tecnológicamente muy innovadores) o costo (grandes proyectos), que tienden, a pesar de su importancia estratégica para la economía nacional, a no ser asumidos por las empresas privadas. No hay razón alguna que justifique el desperdicio de la capacidad nacional de avanzar en esos mercados por intermedio del Estado y sobre la base de mecanismos democráticos de decisión y control.

En todos esos casos, desde la perspectiva del socialismo, se justifica la actividad de empresas estatales. Y, para terminar contestando derechamente a RN: si ocurre que ya hay empresas estatales operando en esas condiciones, naturalmente que los socialistas mantendremos un criterio contrario a su privatización.