Si observamos el caso específico de Chile se puede sostener la hipótesis de que el país se encuentra en un rápido proceso de cambios que impacta vigorosamente a toda la sociedad. Estaríamos inmersos en un particular proceso de transición de una forma histórica-clásica de entender la acción política a otra que aún no logra emerger con claridad. Naturalmente no hacemos referencia al tema de la transición en sentido clásico del pasaje de un régimen autoritario a uno democrático. El sentido primordial de la noción de transición a que aludimos es más bien la sensación de que el país ya pasó una etapa de estabilización y hoy se encuentra con sus rasgos peculiares abocado afanosamente a definir un sistema político perdurable y proyecto de país. En otros términos, como señalan algunos politólogos, el período de gracia ya terminó y hay una creciente demanda por bienes tangibles (salud, seguridad, bienestar).

Lo que está en el tapete es la definición del proyecto de modernidad que el país y sus elites están dispuestos a asumir.

La afirmación fuerte que se quiere elaborar es que en Chile ya se construyó un nuevo modelo de acumulación en particular a partir de 1984 que no tuvo, como en otros países, la feble base de la especulación financiera. Es decir, la política de ajuste que se llevó a cabo en Chile fue efectivamente exitosa – amén del costo social y de la interdicción política, etc. – puesto que fue uno de los primeros países en el concierto latinoamericano en superar el régimen social de acumulación basado en la autarquía de los mercados internos y de los actores políticos y sociales que le eran consustanciales. Este sistema de relaciones que se prolongó desde la posguerra hasta prácticamente, en algunos países, los inicios de los 80 suponía:

i) Una industrialización sustitutiva de importaciones centrada en el mercado interno.

ii) Una relación compleja con los sectores agrarios tradicionales que no fueron tocados Chile – o fueron un sostén importante para mantener la viabilidad de este esquema – las rentas vía impuestos que erogaba la oligarquía Argentina.

iii) Una forma de liderazgo populista centrada en la figura carismática de un líder o, como Chile, en la existencia de un sistema de partidos propiamente tal aunque con la presencia de grandes figuras carismáticas. Alessandri, Frei, Ibáñez, Allende.

iv) La existencia de un pacto político que unía y beneficiaba a los sectores medios vinculados al Estado, a un sector del empresariado crecido al amparo de éste y de una importante franja de trabajadores.

El Estado, en este cuadro, era el referente central y el corazón de este régimen consistía en la repartición de las ganancias estatales a los participantes de este pacto. El Estado, por ende, no era un actor autónomo ni efectivo sino que era cautivo del pacto social a que se aludió y por tanto era débil e hipertrofiado. El clientelismo definía el tipo de relación entre grupos corporativos, partidos y el Estado.

Estas son las coordenadas básicas de la sociedad del bienestar que se gestó en América Latina, que avanzó en grados importantes en consagrar derechos sociales, pero al costo de un enclaustramiento y falta de flexibilidad que termina por estallar cuando las condiciones internacionales ya habían cambiado. El calvario de diversos países del continente para modificar este modelo ha sido largo y complejo. Véase los casos de Argentina, Ecuador, Venezuela, Perú (ajustes con retórica populista o espiral de expectativas y líderes sin repertorio con fuertes componentes autoritarios).

En este cuadro, es que regímenes tan diversos recubiertos o no con una retórica neoliberal – ya en verdad en retirada – han buscado enfrentar lo inevitable: la apertura de las economías, la búsqueda de unas ventajas comparativas en el mercado mundial, la descarga de los enormes gastos del Estado, el orden de las cuentas externas e internas, el control de la inflación, la racionalización de los sistemas impositivos, etc.

Este fue el proceso que Chile sobrellevó y que le ha permitido desde 1985 en adelante un no despreciable crecimiento económico y cierta imagen de liderazgo en el concierto latinoamericano. De este modo, la transición a la democracia en Chile a diferencia de otros países – Argentina, Brasil – se efectuó básicamente con una economía saneada y, es más, en plena expansión económica. Los aspectos centrales fueron:

i) El protagonismo de una coalición de centro e izquierda que administra la transición y da seguridad al mundo empresarial y logra comprometer a los sectores populares.

ii) Se efectúa una transición pactada sin rupturas a partir de la propia Constitución del régimen militar de 1980.

iii) Esto supone la existencia de ciertos dominios reservados autoritarios con los que hay convivir: inamovilidad de los Comandantes en Jefe, Tribunal Constitucional, Consejo de Seguridad Nacional y, estelarmente, la existencia de senadores designados que son la válvula de seguridad de la derecha.

iv) La percepción militar del “deber cumplido” y su retiro triunfante a los cuarteles (el contaste con Argentina es evidente).

Si las consideraciones precedentes son acertadas, la hipótesis adicional que aquí se señala es que la coalición de gobierno se encuentra en la difícil etapa – de resultado incierto – de pasar de un conglomerado que instaló la democracia, a uno que tiene que encabezar lo que se pudiera llamar una modernización difícil (parafraseando el lenguaje cepaliano referido a la sustitución de importaciones) una vez que la etapa “fácil” – el ajuste – ya se efectuó.

No parece aún existir un repertorio adecuado y funcional de parte de todos los actores políticos y sociales para adecuarse a esta etapa de modernización “difícil” en un país que definitivamente pasó la etapa de la sociedad populista histórica.

¿En qué consistirían los aspectos centrales de una redefinición de lo público en el Chile actual?

Tal redefinición supone sentar las bases de un desarrollo del país en lo que denomino un consenso socialdemócrata. Este comprendería los siguientes aspectos: en primer lugar, la existencia de algún tipo de pacto entre el Estado, el empresariado y los trabajadores que supone un conjunto de compensaciones, tales como un acuerdo sobre impuestos, empleo, sindicalización y un conjunto de apoyos estatales en materia productiva. En segundo lugar, la cristalización por parte del Estado de una red de seguridad social adecuada referida a salud, educación, protección al desempleo y atención a la pobreza. En tercer lugar, la organización de algún tipo de acuerdo sostenible en el tiempo con los actores sociales de mayor peso corporativo. En cuarto lugar, el desarrollo de parte del Estado de una política de ampliación de los derechos ciudadanos y promoción de las libertades.

La reorientación del modelo económico que se llevó a cabo en Chile en la década del 80 tuvo el mérito de anticipar los cambios inevitables que las economías latinoamericanas han debido enfrentar: apertura de las economías, desarme paulatino del histórico pacto populista, racionalización de los gastos del Estado, etc.

Sin embargo, es claro que se ha llegado a un límite en donde las opciones de política son claves. Si por ejemplo la alternativa es seguir con el actual modelo económico sin modificación alguna, sin duda que se aseguran tasas interesantes de crecimiento, pero al costo de una política de redistribución muy menguada. Por otra parte, si la opción es introducir ciertas variables políticas, naturalmente sin alterar los equilibrios económicos, adjudicándole así un rol proactivo al Estado, es evidente que es posible compatibilizar en el largo plazo el crecimiento con el bienestar.

Así una nueva etapa de desarrollo del país supone rediscutir sin tapujos con el empresariado un nuevo arreglo tributario. Como se sabe, a la entrada del régimen democrático en 1990 se produjo quizá el único acuerdo sustancial con el empresariado. Desde ese momento han existido iniciativas importantes tales como el Foro de Desarrollo Productivo, pero en la práctica no se ha tocado el tema de la carga tributaria ni tampoco los grados de participación del sindicalismo – que se encuentra en proceso de renovación – en un pacto con la clase empresarial.

En términos de políticas de redistribución es extremadamente importante lo que se ha avanzado en las más diversas áreas. Sin embargo, más allá de afirmar que toda modernización produce naturalmente temores, ella siempre ha estado asociada – ver casos europeos más clásicos – a un conjunto de políticas que no sólo ha reducido la incertidumbre sino que también ha generado una malla de protección desde el Estado que ha potenciado a los más débiles y entregado oportunidades a los más talentosos. La discusión en la socialdemocracia contemporánea más bien se centra en la eficacia de la administración de recursos, en una adecuada identificación de los beneficiarios y en la rigurosidad en combinar los períodos de protección social con adecuados incentivos para que las personas se integren al mercado (por ejemplo la discusión británica en relación a las nuevas formas del seguro de desempleo).

En este ámbito en el área de la educación se requiere avanzar con mucho mayor asertividad. También en el campo de la salud y la seguridad social en general.

En el plano de los acuerdos con los gremios, particularmente del sector público, también es menester constatar los avances en mejorías de salarios y en condiciones laborales en general. En el largo plazo se hará cada vez más patente la necesidad de un vínculo cada vez más estrecho entre remuneraciones y desempeño y en la necesidad de una gestión cada vez más descentralizada sin perjuicio de contar con una matriz de orientación central común.

Finalmente, en referencia a la ampliación de derechos ciudadanos, si bien en los hechos ellos aparecen como una demanda elitista ligada a menudo a las clases medias ilustradas, estas políticas constituyen un imperativo del Estado en términos de generar una sociedad más culta, informada y despojada de vetos y protecciones ajenas a la voluntad individual. Iniciativas tales como la abolición de la detención por sospecha, el conjunto de derechos del consumidor plasmados en la ley de aprobación relativamente reciente – aún limitados – son muestras del empeño del Gobierno en este sentido. Temas tan básicos como la abolición de la censura cinematográfica, la aprobación de una ley de divorcio reclaman una acción permanente del Gobierno que tiene que proyectarse con vigor hacia el futuro.

¿Tiene sentido avanzar en esta línea política en el futuro? Como se ha dicho en otros lugares, la Concertación ha vinculado lo que en otros contextos sociales se ha verificado de manera asincrónica: en Chile una coalición de centro e izquierda ha gobernado y simultáneamente ha resuelto gradualmente demandas sociales sin caer en políticas populistas.

Quizás en una economía como la chilena el consenso socialdemócrata tome más tiempo y sea más laborioso, pero esta parece ser la única respuesta posible para lograr armonizar el crecimiento económico con la integración social. En esta alternativa política volverá a aparecer el bloqueo institucional expresado en el Senado. Sólo una reforma global de amplia apelación ciudadana lo podrá destrabar. Lo anterior se ha visto ampliamente refrendado por el reciente anuncio del Presidente en orden a presentar un proyecto de ley que le permita llamar a Plebiscito para dirimir cuestiones sustanciales de la vida nacional.