El llamado a cuartel del contingente para 1996 y la aparición de unos anuncios propagandísticos en radio y televisión alusivos al servicio militar, realizados por la Dirección General de Movilización Nacional – un organismo dependiente del Ministerio de Defensa – han gatillado nuevamente la discusión sobre la utilidad y vigencia de la conscripción en nuestro país. Varias organizaciones políticas han criticado duramente la profusa y costosa publicidad en los medios y, en una acción sin precedentes, la Juventud Socialista, ha llamado a los jóvenes a no presentarse a cumplir sus destinaciones en los diversos regimientos.

Desde inicios de la transición chilena, diversos sectores juveniles y estudiantiles han cuestionado la forma en que la conscripción se lleva a cabo en nuestro medio, poniendo en tela de juicio tanto el reclutamiento selectivo que reproduce formas sociales de marginación, lo que se traduce en el hecho indesmentible de que los más pobres terminan yendo a los cuarteles, como la práctica misma del servicio militar que implica muchas veces maltratos contra los jóvenes, desarraigo, separación de sus padres, etc.

Los jóvenes han propuesto una serie de modificaciones al servicio militar, las que van desde la creación de una oficina que reciba los reclamos de los conscriptos hasta la introducción de la Objeción de conciencia mediante el establecimiento de un servicio social alternativo. Además, y pese a algunas injustas críticas de sectores interesados, nadie de ellos ha postulado el término de las Fuerzas Armadas ni declarado el fin de las guerras en las relaciones internacionales. Por el contrario, estos esfuerzos por modificar la conscripción en Chile – planteamientos que fueron recogidos en el programa de gobierno de la Concertación en 1989 -, tienen más que ver con la modernización del Estado – en este caso de las Fuerzas Armadas – y la adecuación del mundo militar a los cambios sociales, económicos y culturales que ha experimentado el país, como son, entre otros, el respeto por los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.

La conscripción obligatoria en Chile data del año 1900 y fue uno de los productos más importantes del proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Originalmente el servicio militar fue concebido no sólo como un instrumento de la Defensa Nacional sino también como un agente de cambio social que permitiera alfabetizar a la juventud, entregarle disciplina y sentido de pertenencia patriótica. Fue el propio general Emil Körner, oficial alemán contratado por el gobierno chileno, quien llevó a una definición precisa la misión que debían asumir las Fuerzas Armadas: el cuartel es ”en el verdadero sentido la escuela del pueblo” (1)

Con el transcurrir del tiempo, el servicio militar devino en un modelo selectivo, que se aplica hoy en día casi con exclusividad en el Ejército. De hecho, desde sus inicios la ley solamente estipuló que un número determinado de jóvenes varones ingresaran a las filas de las Fuerzas Armadas, en calidad de soldados conscriptos. Una idea de servicio militar obligatorio universal al estilo europeo, con la incorporación de todos los jóvenes en edad de servir, nunca estuvo en la mente de los legisladores. Por el contrario, la ley permitió que vastos sectores de la población, especialmente aquellos que tenían acceso a la educación formal, pudieran eximirse de la obligación, echando las bases de un modelo esencialmente discriminatorio.

Hoy en día sólo uno de cada cinco jóvenes de 18 a 19 años es llamado a reconocer cuartel. En la práctica, la obligatoriedad del servicio militar es sumamente limitada. De hecho, el Ejército escoge a su arbitrio a quienes considera los más apropiados de entre los postulantes que tiene a su disposición, y los demás son descartados. Por ejemplo, los considerados más aptos son enviados a las zonas limítrofes, pues se estima que allí se necesitan buenos soldados. Son preferidos, asimismo, aquellos jóvenes que tengan una más alta calificación profesional o que hayan cursado la enseñanza media, dado que se supone que éstos asimilarán mejor y más rápidamente los nuevos conocimientos. La idea de principios de siglo de un Ejército que se dedicaba a alfabetizar y formar ciudadanos útiles a la sociedad, en la práctica ha sido desechada y reemplazada por una lógica que pone más el acento en las necesidades puramente militares.

Solamente un porcentaje muy bajo de los hombres cumple la obligación (no más de un 20%); además, las posibilidades para eludirla son variadas y las sanciones menores y a veces nulas. Por diversas circunstancias, las Fuerzas Armadas chilenas tienen uno de los porcentajes más altos de la región de personal profesional en sus filas, ya que la conscripción no supera el 30%. Sin embargo, lejos está el sistema actual de la eficiencia del modelo de conscripción universal, pues en la práctica no se cuenta con una reserva instruida efectivamente útil, pilar de este modelo.

También es interesante constatar que la conscripción solamente tiene interés para el Ejército, con un 85% o más del contingente. Para la Armada, con 9% o menos, los reclutas son insignificantes, además de ser personal voluntario. Lo mismo rige, en mayor medida aún, para la Fuerza Aérea que solamente tiene el 2 a 3% del contingente, cuyos miembros también son voluntarios. En general, el porcentaje de reclutas en nuestras Fuerzas Armadas es uno de los más bajos del subcontinente y, por ende, el país posee, desde el punto de vista personal, una de las Fuerzas Armadas más profesionalizadas de América Latina y del mundo. Por lo expuesto y pese a mucha argumentación en contra, Chile es un país que está muy bien preparado para un eventual paso de un ejército mixto de profesionales y conscriptos a un ejército exclusivamente profesional. (2)

Como se ha dicho, la concepción decimonónica de un «Ejército educador» hace tiempo que ha perdido sentido, y son los propios militares quienes se esfuerzan por introducirle mayor racionalidad y sentido profesional a una legislación anticuada. Por ello, quienes tratan de justificar hoy en día la existencia del servicio militar obligatorio, por los eventuales beneficios sociales que presta, es una empresa cada vez más difícil. Sobre todo, cuando en una sociedad cambiante como la nuestra el analfabetismo casi ha desaparecido, los niveles de escolaridad son altos y los jóvenes pueden prepararse laboralmente mediante el esfuerzo estatal y privado (por ejemplo, el Programa Chile Joven significó la capacitación de 100 mil jóvenes en cuatro años).

Por otro lado, la discusión que se lleva a cabo en nuestro medio es parte de una tendencia mundial que se ha intensificado desde el fin de la Guerra Fría. Son varios los países europeos que han disminuido los contingentes de reclutas, reducido el tiempo de conscripción – el caso más radical es el de Portugal, donde el servicio militar dura sólo cuatro meses – o simplemente eliminado, como lo han hecho Bélgica y más recientemente Holanda y Francia. En nuestro continente, tanto Argentina como Honduras, después de discusiones públicas motivadas por abusos y maltratos a conscriptos – incluso con resultado de muerte -, han decidido eliminar la conscripción obligatoria e introducir un servicio militar voluntario y remunerado dentro de un proceso de racionalización del volumen, recursos, dependencias y presupuesto de las Fuerzas Armadas. Otro tanto ha estado ocurriendo en Paraguay, donde en 1995 murieron 12 conscriptos por diversos accidentes derivados del servicio militar obligatorio, lo que dio pie a que un grupo de parlamentarios presentara una enmienda a la Constitución a fin de eliminarlo.

En nuestro país, las críticas al servicio militar también tienen que ver con los maltratos que reciben los jóvenes en los cuarteles. Aunque aislados, algunos casos de abusos e incluso de homicidios durante el servicio militar producen la natural reacción de la población. En 1995, por ejemplo, un conscripto naval fue obligado a tragarse una colilla de cigarrillo encendida, otro fue devuelto a su casa con un cuadro agudo de esquizofrenia, y un conscripto del Ejército fue muerto a quemarropa a manos de su cabo instructor.

Otro elemento perturbador es la acendrada práctica de utilizar conscriptos en actividades ajenas a la instrucción militar propiamente tal. Incluso El Mercurio reconoció semanas atrás que la ”oposición que suele existir para cumplir con este deber emana fundamentalmente de malas prácticas, que aún no han sido erradicadas por completo, como el recurrir a la conscripción para obligaciones subalternas, que poco tienen que ver con la formación de un combatiente”. (3)

Por su parte, la Cámara de Diputados ha elaborado un valioso informe que ha recogido una serie de iniciativas popularizadas por las organizaciones juveniles. Entre ellas se encuentra la idea de realizar un primer y segundo llamado, de tal manera de preferir a quienes voluntariamente deseen realizar el servicio militar, bajo el lema de “voluntariedad hasta donde sea posible; obligatoriedad hasta donde sea necesario”. Asimismo, el informe propone que debiera dársele la oportunidad al joven de expresar su opción respecto de la rama o especialidad a la cual desea postular, así como al área geográfica de destinación.

Estos antecedentes señalan claramente que la conscripción obligatoria está en una fase terminal y deberá ser reemplazada, tarde o temprano, por algún tipo de sistema voluntario, basado en la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Las ventajas de un contingente profesional son múltiples:

a) Las Fuerzas Armadas contarían con un personal completamente voluntario y vocacional, lo que descartaría muchos problemas actuales como las deserciones y actos de indisciplina.

b) El contingente tendría mayor tiempo para perfeccionarse en las diversas áreas del conocimiento militar, convirtiéndose en soldados de mayor eficiencia y capacidad que los tradicionales conscriptos. Por lo mismo, se necesitaría un contingente menor que el actual.

c) Estos voluntarios podrían recontratarse y permanecer por períodos más largos en las instituciones armadas, abrazando la carrera profesional e ingresando en la planta funcionaria.

d) Los soldados voluntarios estarían mucho más motivados al poder capacitarse laboralmente durante su permanencia en servicio. Contratos de varios años permitirían que los jóvenes estudien oficios técnicos, en lo posible de utilidad dual civil–militar, quedando preparados para retornar a la vida civil en mejores condiciones que los actuales conscriptos.

e) Siguiendo el modelo profesional, en breve tiempo se formaría una reserva con instrucción especializada y de alto nivel de eficiencia. Aunque menor en número, esta reserva sería realmente efectiva.(4)

Las iniciativas juveniles de las últimas semanas deberían dar pábulo para generar una gran discusión nacional sobre el futuro de la conscripción y de la Defensa del país, donde todos los involucrados puedan opinar libre e informadamente. Pocos son ahora los que se resisten a la idea de que es necesario hacer cambios, aunque éstos sean muy graduales en un primer momento. Se trata de una discusión que tiene que ver con el papel que debe jugar la civilidad en la Defensa y Seguridad de Chile y el tipo de Fuerzas Armadas que debemos tener. Los propios militares se han adelantado en este sentido y han desarrollado ambiciosos planes de modernización. Una eventual superación del servicio militar obligatorio por un sistema profesionalizado dinamizaría objetivamente la Defensa Nacional y beneficiaría, en última instancia, a los propios uniformados.

Notas:

(1) Emil Körner, “El desarrollo histórico del Ejército chileno”, en Carlos Maldonado Prieto y Patricio Quiroga (1988), El prusianismo en las Fuerzas Armadas chilenas. Un estudio histórico, 1885-1945, Santiago, 1988, Editorial Documentas, pág. 210.

(2) Más detalles en Carlos Maldonado Prieto (1993), El servicio militar obligatorio: una modernización necesaria, Cuadernos del CED, N˚ 19, Santiago, 1993.

(3) El Mercurio, Santiago, 26 febrero de 1996, pág .A3.

(4) Más detalles en Ernesto Águila Zúñiga y Carlos Maldonado Prieto (1995), “Modernización de la conscripción militar en Chile. Alternativas posibles”. Papeles de Trabajo. Programa de Estudios Prospectivos, Corporación Tiempo 2000, N˚ 51, Santiago, enero de 1995.