El libro de Cortés Terzi tiene el mérito, a mi juicio, de reponer un tema que se ha vuelto tabú para la izquierda luego de su conversión a la democracia liberal como “medio y fin”: reinstalar analíticamente el problema de los límites de la democracia. La posibilidad de pensar sobre esa incapacidad de la democracia liberal para desplegar sus propias promesas: representatividad, participación, igualdad, equilibrio de poderes, transparencia, fiscalización, deliberación, renovación de las elites. Una reflexión que no signifique deslizarse por la pendiente de una crítica que niegue la democracia, pero sí que permita analizar el modo de funcionamiento de la democracia real, y las posibilidades y límites que ésta ofrece para una política de transformación social.

Asumo que es mi propia lectura, y que habría que liberar al autor de tales objetivos y motivaciones. El libro de Cortés Terzi no tiene moraleja. Esta vez el autor enfundado en un ceñido traje de cientista social no deja traslucir emociones, evita los juicios de valor y no indica las conclusiones que el lector debe extraer de su texto.

Más claro es que el libro se propone trascender el carácter de denuncia que ha tenido el tema de los “poderes fácticos” en nuestro país. Tanto porque el término envuelve situaciones coyunturales propias de la transición, como por el hecho que el formato de denuncia, deja la impresión de que se trata de fenómenos, sino de fácil superación, por lo menos contingentes, y no de realidades más de fondo y estructurales, como lo sostiene el libro.

La inhibición actual de la izquierda sobre el tema de los límites de la democracia tiene poderosas razones históricas: la crítica sobre el carácter “formal” de la democracia estaba inserta en una teoría sobre el Estado y el poder que conducía a la negación radical de la democracia – por burguesa – y su reemplazo por una democracia popular o proletaria. Los “poderes fácticos” o los “circuitos extrainstitucionales del poder” tenían bajo esta concepción teórica un inequívoco e inalterable signo de clase que hacían de cualquier democracia bajo el capitalismo una “dictadura”; y participar de ella una ilusión vana, de la cual sólo se podía despertar a través de la Revolución. Es claro que una renovada reflexión crítica sobre la democracia no podría transitar por estos mismos derroteros.

La pregunta que vale la pena hacerse a la luz del libro de Cortés Terzi, y más ampliamente de nuestra observación y vivencia cotidiana de la democracia, es si el errado contexto teórico en que funcionaba esta vieja crítica es una razón suficiente para invalidar el fondo de ella; y cuáles podrían ser los nuevos contextos conceptuales en que esta crítica podría actualizarse y las consecuencias prácticas para una fuerza política que no quisiera salirse de las lógicas y mecanismos de la democracia, pero tampoco perder su vocación transformadora.

El texto de Cortés Terzi deja pocas dudas sobre dos temas claves a propósito de lo que aquí estamos reflexionando: a) el poder y el sistema de toma de decisiones políticas discurre de manera significativa sino decisiva fuera de los cauces de las instituciones democráticas generadas por la soberanía popular, y b) este hecho no es accidental ni coyuntural sino orgánico a las características que ha adoptado la política contemporánea y más en el fondo a la propia concepción liberal de la democracia.

Sobre lo primero – la “extrainstitucionalidad del poder” – se puede mencionar la capacidad de los grupos empresariales para determinar decisiones políticas y económicas decisivas, sea por sus nexos directos con la tecnoburocracia, por su influencia financiera sobre la reproducción del sistema político (estudios recientes indican que el gasto en campañas electorales oscila entre 34 y 84 millones de dólares en cada convocatoria) (2) o por su peso en la formación de opinión pública. Otro tanto, se puede decir de los organismos financieros internacionales, los que definen gran parte de las políticas macroeconómicas, gasto público y políticas sociales que los Estados pueden implementar en un momento dado, mediatizando de manera importante la soberanía de las instituciones democráticas y de los ciudadanos. Y como telón de fondo, una sociedad dominada por la lógica de los medios de comunicación de masas, y por una agenda mediática que se construye más cerca de los intereses del auspiciador que del ciudadano. De plena vigencia para entender el Chile actual sería retomar las tesis de G. Debord sobre la “sociedad del espectáculo”, recientemente reeditadas por las editoriales Pre-Textos y Anagrama. (3)

Frente a la conformación de estos poderosos circuitos de poder que articulan a grupos empresariales, organismos financieros internacionales, centros académicos, medios de comunicación, y a la tecnoburocracia, el poder político constituido democráticamente, sus instituciones clásicas y más en el fondo el ciudadano, aparecen de una fragilidad y levedad extrema.

Sobre lo segundo – la organicidad del fenómeno – el libro aporta otro tanto. El debilitamiento del rol económico y cultural del Estado facilita la construcción de estos circuitos de poder extrainstitucionales; la complejización de ciertas decisiones, consolida el peso político de la tecnocracia; la globalización favorece la injerencia de organismos externos; la privatización de servicios públicos dificulta el control ciudadano que antes se ejercía vía partidos y parlamento; el monopolio de los medios de comunicación determina la agenda pública, la homogeneidad de las opiniones, y la reapropiación “espectacular” de la política y la cultura.

Sobre este fondo de poderes extrainstitucionales fuertemente articulados se encuentra la democracia liberal y su ficción – con lirismo hemos hablado también en otras oportunidades de una “hermosa ficción” – pretendiendo igualar lo desigual en la común condición de ciudadanos: seres dotados de la misma dignidad a los cuales se les debe el reconocimiento de las mismas libertades y derechos.

Para no volver a salir por la puerta falsa de una subestimación de la democracia, o del desencanto, se han venido ofreciendo diversas respuestas ante esta debilidad e hipertrofia de la democracia: superar la fractura entre sociedad política y sociedad civil; reforzar el poder y la autonomía del sistema político; desarrollar la capacidad deliberativa de la democracia; fortalecer el poder de los ciudadanos; repensar la formulación y aplicación de las políticas públicas, etc. Aunque estos enfoques, en general, no son contradictorios entre sí, aún no han encontrado una formulación política que los articule.

Para algunos el norte de una política transformadora debe estar en el desarrollo de las promesas de la democracia liberal que han quedado en potencia o en acto y restablecer la unidad del momento político del individuo – la igualdad del ciudadano – con su momento económico y social – allí donde esta igualdad es negada -. La tensión entre democracia y mercado es evidente: mientras la democracia potencia la igualdad, el mercado segrega y remarca las diferencias.

También se suele apelar al perfeccionamiento de la institucionalidad democrática a través de renovados mecanismos que permitan la realización de los atributos de la democracia: la representatividad a través, por ejemplo, de la fiscalización ciudadana de los mandatarios, la revocación popular de los mandatos, la cuenta periódica a los electores; la participación a través de mecanismos como la iniciativa popular legislativa y los presupuestos participativos (4); y el desarrollo del espesor deliberativo de la sociedad con medidas como el fortalecimiento del espacio público, la implementación de políticas de discriminación positiva que permitan el resguardo del pluralismo de la sociedad, etc.

Otros ven en el “fortalecimiento de la sociedad civil” la forma de reconstruir las relaciones entre la política y los ciudadanos. La creación de un amplio tejido de asociacionismo civil, y la construcción de “estilos de vida” alternativos; no sólo para enfrentar problemas sociales y comunitarios, sino también para ir prefigurando la nueva sociedad (5). Sin embargo, para la Concertación y sus partidos, en tanto fuerzas de gobierno, este retorno a la sociedad civil tiene su particularidad (y paradoja), pues no es lo mismo pensar el fortalecimiento de la sociedad civil desde el Estado que hacerlo desde la sociedad civil misma. Una manera de concretarlo es reelaborando el tema de la construcción y aplicación de las “políticas públicas”, abriéndose a fórmulas participativas que permitan producir un “giro ciudadano” a la acción del gobierno. (6)

Otros han apuntado, y con razón, al fortalecimiento de la autonomía del sistema político como el meollo del asunto. Ello a través de medidas como el financiamiento público de los partidos políticos y de las campañas electorales, la limitación por ley de los gastos electorales (7), el apoyo estatal al pluralismo de la sociedad, el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los parlamentarios y de los partidos políticos (como contrapeso al nivel de información y de análisis con que cuenta la tecnoburocracia gubernamental y los “circuitos extrainstitucionales”).

Complementario con ello la necesidad de delimitar los mandatos de los parlamentarios, alcaldes y dirigentes partidarios, para evitar así las tendencias a la oligarquización y concentración creciente de los recursos de poder en pocas manos; contrarrestando, aunque sea en parte, la conformación de una “clase política” que se va independizando de sus representantes y autoperpetuando a través de redes clientelares, constituyéndose en un grupo con intereses particulares y corporativos. Curiosamente la única limitación legal de duración de los mandatos le está impuesta actualmente al cargo de Presidente de la República, mientras parlamentarios van para un cuarto período y algunos dirigentes partidarios completan 20 ó 30 años ininterrumpidos en cargos de dirección.

Dar sustancialidad a la democracia, dotar de más autonomía al sistema político, mantener la higiene democrática de la elite política con renovaciones periódicas de su composición, son todos temas de compleja resolución, pues requiere no sólo de mucha pedagogía hacia los ciudadanos – no resulta popular proponer más recursos para el sistema político, por ejemplo -, sino también porque quienes deben aprobar estas nuevas legislaciones son muchas veces parte interesada y afectada por estas decisiones.

Por lo pronto ya sería un avance que la izquierda volviera a reflexionar, desprovista de sentimientos de culpa y autocensuras, sobre la democracia liberal, acerca de sus límites y dificultades, y más ampliamente sobre las nuevas condiciones que ha adoptado la política contemporánea, especialmente en nuestro país, con su peculiar radicalidad ultraliberal.

La tesis más inquietante propuesta por el libro de Cortés Terzi es aquella que señala que nuestra democracia no sólo presenta los déficit clásicos y en cierta medida universales de la democracia liberal (representatividad, participación, etc.); sino que estamos frente a una crisis de funcionalidad: es decir, los mecanismos y las instituciones democráticas tradicionales no están constituyendo formas idóneas para canalizar los valores propios de una democracia ni para dar cuenta de los intereses de los ciudadanos. De ahí que el desinterés de las personas por la política y por las instituciones sea tal vez una captación bastante más lúcida y realista de lo que está pasando con la política y la democracia, de lo que usualmente se cree y se valora.

No sería aventurado plantearse como hipótesis la relación entre esta crisis de “funcionalidad” y el avance del populismo-mediático de derecha y de la política de las “cosas concretas”: fracturado el ejercicio democrático de las posibilidades de canalizar el interés y el poder de los ciudadanos, el “cosismo” viene a devolver, aunque sea como simulacro, esa materialidad y tangibilidad que la política y el sistema democrático han extraviado.

Notas

1. Comentario del libro El circuito extrainstitucional del poder de Antonio Cortés Terzi, Santiago, ChileAmérica-Cesoc, 2000.
2. Arriagada, G. “El dinero y la política”, Corporación Tiempo 2000. Informe de Políticas Públicas. Valdés, S. y Hinzpeter, X. “Cuanto cuesta una campaña electoral. Los candidatos al parlamento en 1997 en Chile”. En: Estudios Públicos, Nº 79, Invierno 2000, Centro de Estudios Públicos. Citados por Claissac, J. Limitar el gasto electoral: un imperativo democrático (2ª parte).
www.asuntospublicos.cl. Nº 25, 2001.
3. Debord, G. La sociedad del espectáculo. Valencia, Pre-textos, 2000. Debord, G. Comentarios sobre la sociedad del espectáculo, Barcelona, Anagrama, 1999.
4. La comentada experiencia del Municipio de Porto Alegre de construcción participativa del presupuesto municipal vendría a interrogar la complejidad técnica que suele asociarse a temas como la elaboración presupuestaria. Ramonet, I. “Porto Alegre”, Le Monde Diplomatique, VI(63):1, enero 2001.
5. El abandono del Estado como principal referencia de la política y su reemplazo por un retorno a la sociedad civil, y a una lucha por “estilos de vida” alternativos, se plantea con énfasis y tal vez demasiada unilateralidad en Moulian; T. Socialismo del siglo XXI. La quinta vía. Santiago, LOM, 2000.
6. Ver Díaz-Tendero, E. “El giro ciudadano, Elementos de base para la definición de una estrategia”. Revista Avances, (38): 25-30, diciembre, 2000.
7. Una detallada propuesta sobre limitación de los gastos electorales, asunto sobre el cual urge una sensibilización política y ciudadana mucho mayor en Claissac, J. Limitar el gasto electoral: un imperativo democrático. www.asuntospublicos.cl Nº 22 y Nº 25, 2001.