El 1 de diciembre murieron seis trabajadores y veinte quedaron heridos a consecuencia del derrumbe de una escala en un edificio en construcción en la comuna de Las Condes. Los trabajadores se habían reunido con el fin de guardar un minuto de silencio en memoria y protesta por la muerte de otro trabajador el día anterior. Todo a consecuencia de faltas de medidas de seguridad.

La magnitud de la tragedia convocó la atención mediática y salieron a relucir cifras estremecedoras. El Programa de Vigilancia Activa de Accidentes Laborales Fatales del Sesma ya en septiembre había entregado cifras como las que siguen: en el primer semestre de este año perecieron 116 personas por accidentes del trabajo, un 23% más que lo consignado en todo el año anterior. El mismo Programa proyecta para el año 2004 alrededor de 240 muertes y la ocurrencia de 600.000 accidentes laborales. Es decir, más del 10% de la fuerza de trabajo del país va a sufrir un accidente.

Pesar e indignación social deberían generar este tipo de sucesos, porque, en un altísimo porcentaje, son evitables. En la mayoría de los casos las causas son las malas y hasta pésimas condiciones en que se desarrollan las actividades productivas y que van desde la falta de medidas preventivas obvias hasta los sistemas de presión y coacción que se ejercen sobre los trabajadores.

Hoy, cuando las fuerzas políticas y los poderes extrapolíticos empiezan a poner atención en los debates sobre proyectos y programas de gobierno, es un momento oportuno para exigirles una preferencial preocupación por lo que ocurre en el mundo laboral, recordándoles, de partida, que tras el término “fuerza de trabajo” hay un ser humano y una familia y que ese ser humano pasa, al menos, la mitad de su existencia diaria conciente en su lugar de trabajo y que allí transcurre también buena parte de toda su vida.

El lamentable cuadro que presenta la cuestión de los accidentes del trabajo es sintomático de que en Chile la economía de mercado tiene grandes fallas e incongruencias. Y ese es un llamado de atención muy especial al empresariado y específicamente sobre tres puntos.

1. Por el peso que tiene la economía privada y por aspiración propia, el empresariado desempeña roles de “clase dirigente” y, por ende, tiene responsabilidades sociales. Pero, los poderosos gremios de los que dispone, tan aguerridos cuando se trata de enfrentar al Estado, tienen una actitud pusilánime cuando se trata de conductas empresariales reñidas con la ética social e incluso con una estricta ética empresarial.

Esa actitud pusilánime, que a veces deviene en complicidad con las anomalías y en perversión de lo corporativo, es incongruente con la custodia de una economía de mercado y de sus leyes. Si una empresa abarata costos violando normas que otras empresas respetan, entonces se está ante una competencia desleal y ante una distorsión del buen funcionamiento de la economía de mercado. Son archiconocidos los vehementes reclamos de los gremios empresariales frente a medidas gubernamentales que consideran lesivas para la libre competencia, pero no se conocen reacciones similares cuando son empresas las que causan esas lesiones.

2. El empresariado sabe que el desarrollo de una economía abierta depende, entre otras cosas, del prestigio internacional que tengan las empresas que operan en el país y que ese prestigio es medido considerando al conjunto de empresas. En consecuencia, es también tarea del empresariado y por interés propio velar por correctas actitudes éticas, sociales, legales, medioambientales, etc., del conjunto de las empresas.

3. Por último, el empresariado debe asumir que en la medida que las empresas incurran en faltas a la ética social, impelen a que el Estado tienda a ampliar sus facultades reguladoras y fiscalizadoras y que coadyuvan de facto al fortalecimiento de corrientes atávicamente estatistas. Si el empresariado organizado cumpliera seriamente funciones de auto-regulación y auto-fiscalización, sin ningún lugar a dudas que serían mejor recibidos sus planteamientos sobre mayores liberalizaciones.

Pero los luctuosos sucesos del 1 de diciembre nos hablan también de otras cosas: de las indefensiones y miedos que habitan en el mundo laboral. Y de ello no deben dar cuenta sólo los empresarios, sino también las fuerzas políticas de la centro-izquierda y las dirigencias sindicales nacionales.

Los partidos de la Concertación han perdido sensibilidad respecto de la situación de los trabajadores, porque han perdido la organicidad de los vínculos que tuvieron en el pasado con esos mundos. En la actualidad, los rasgos de esas relaciones se asemejan en extremo a los que establece una instancia cualquiera con sus usuarios o clientes.

¿Cuántos son los recursos humanos, materiales, temporales, investigativos, culturales, etc. que invierten los partidos en los universos del trabajo? Pocos, muy pocos. Irrisorios si se les compara con los que consumen en el internismo y en sus actividades en la sociedad política.

Se han conformado con políticas “estadolátricas”, es decir, legislativas y peticionarias al gobierno, y con acercamientos, tratativas y apoyos a una dirigencia sindical burocrático-corporativa más preocupada de la globalización y del neoliberalismo que de recomponer y recrear sindicalismo moderno.

Ya que se está en eso de construir proyectos y ya que se está en eso de ofrecer proyectos de cambio, particularmente el PS, entonces sería bueno recuperar algo de socialismo histórico y volver a mirar a los trabajadores como sujetos de la historia.

Y, al respecto, permítasenos algunas reflexiones gruesas.

Proyecto político-histórico no es lo mismo que programa de gobierno. El primero incluye al segundo, pero es más amplio, porque tiene una mirada más larga y porque comprende más que las políticas públicas. En pocas palabras, incluye políticas de desarrollo de sociedad civil y de sus diversos componentes.

La rearticulación orgánica entre socialismo y trabajadores es un asunto esencial para la pervivencia y desarrollo del socialismo. Ninguna cultura política puede tener expectativas respetables sin asentarse en sustratos sociales y ningún proyecto transformador es viable si se afirma sólo en expresiones de la sociedad política (votos, parlamentarios, gobierno, etc.) Requiere, imprescindiblemente, de nexos orgánicos con fuerzas sociales estables y con poder o potencialidad de poder factual. En consecuencia, un proyecto de cambio no puede omitir políticas destinadas a sumarle fuerza social a través de medidas a implementar en la sociedad civil.

En las sociedades modernas ningún Estado puede con sus solos instrumentos y recursos dar repuestas satisfactorias a la infinidad de realidades que incuban injusticias sociales, desigualdades, arbitrariedades, desamparos, inequidades, etc. Sin sociedades y cuerpos sociales activos es imposible impedir agudos desequilibrios de poder entre grupos elitarios y ciudadanía común, desequilibrios que a la postre son una de las causas más obstaculizadoras para el desarrollo progresista de un país.

El mundo laboral – pese a todas las novísimas “teorías” que hablan de su suplantación por los malls y por el ciudadano-consumidor – continúa siendo el más relevante dentro de los mundos masivos y uno de los espacios potencialmente más poderosos de la sociedad civil, porque i) es el más permanente y estructurado, ii) está en el alma de una economía de mercado y iii) está inmerso en una de las fuentes más importantes de poder factual que opera en las sociedades contemporáneas.

En consecuencia, la política y el proyecto socialista deben releer sus conductas hacia el universo del trabajo y de los trabajadores, como parte de las relecturas de sus conductas hacia la sociedad civil. Ante que todo porque, como escribió Norbert Lechner: “En la esfera de lo social Socialismo significa producir sociedad. Hablo de socialismo como fortalecimiento de la acción colectiva”. En segundo lugar, porque en las sociedades modernas hay un sinfín de decisiones que se adoptan en la sociedad civil, lo que significa que ese es también un espacio de pugnas políticas y de poder y en el cuál los trabajadores son los más aptos para devenir en contrapoder de los poderes elitarios. Y en tercer lugar, porque en una economía de mercado el progreso social, también es un asunto de “libre competencia” y no solamente de políticas públicas, las que por lo demás, ven restringirse sus ámbitos merced, precisamente, al imperio de las economías de mercado. Los niveles salariales, la mejoría en la distribución del ingreso, por ejemplo, son cuestiones que están en constante competencia entre trabajadores y empresarios.

Ahora bien, esas relecturas ineluctablemente deberían llevar a una profunda revisión de las prácticas, dirigencias y organizaciones sindicales vigentes, pues tienen ninguna o escasa correspondencia con la estructura del trabajo moderno, con las funciones de un sindicalismo actualizado y con las nuevas visiones que se requieren para enfrentar los vínculos de conflicto/cooperación entre trabajo, capital y Estado.

Si el socialismo o el progresismo en general no actúa en los planos de la sociedad civil y, en particular, en el plano de la esfera laboral con la finalidad de fortalecer socio-culturalmente alternativas de cambio, entonces la oferta de proyectos de mayor radicalidad transformadora puede interpretarse como ilusoria o demagógica o como simple discurso electoral.