Ha culminado el Primer Congreso Nacional de Educación del Colegio de Profesores de Chile, convirtiéndose en la práctica, en una expresión democrática para la construcción de una propuesta educativa.

Su desarrollo y conclusiones significan que el magisterio chileno fue capaz de plantearse un objetivo, esta vez, en el terreno propiamente pedagógico y educacional, y, en definitiva, alcanzarlo, al entregar al país y a las autoridades de gobierno, una propuesta seria, base para la construcción de una real reforma educativa.

La etapa de tres días del Congreso Nacional no fue sino la culminación de un largo camino. Una senda que fue capaz de recorrer el magisterio nacional, desde las comunas más rurales y pequeñas hasta las más populosas y urbanas, en la vasta y variada realidad de las regiones de nuestro país.

Lo objetivo es que, después de más de veinte años que el magisterio no asumía un desafío de esa naturaleza, los docentes fueron capaces de convertir el año 1997 en un período de intenso debate educativo.

En abril del presente año, a partir de un documento base, amplio y problematizador, se inició la discusión desde la realidad y la cotidianeidad de las escuelas. Se enriqueció este proceso de reflexión en los congresos comunales, a partir de los cuales se elaboraron más de trescientos documentos. Estos fueron sintetizados, construyendo los catorce informes que se discutieron en los eventos regionales. Un nuevo esfuerzo, de síntesis y de amplitud, constituyó el Informe al Congreso Nacional.

Cerca de mil profesores delegados oficiales, provenientes de todo el país, lo debatieron, para dar fruto, en definitiva, al documento que el Colegio de Profesores de Chile hace entrega a la comunidad nacional.

En este Congreso, que como hemos señalado, es una experiencia que no se impulsaba desde hace veinte años, debieron superarse dificultades, temores, prejuicios y desconfianzas propios de un país que aún no logra vencer los profundos traumas y desgarramientos que sufrió la sociedad chilena, como consecuencia de la experiencia dictatorial. Sin duda, no es fácil abrirse a la discusión cuando aún persisten el temor, la autocensura y los más diversos prejuicios en vastos sectores de nuestra sociedad.

Sin embargo, este Congreso fue capaz de enfrentar esta realidad, de modo de desarrollar un proceso en el que más de 80.000 profesoras y profesores, en conjunto con padres y apoderados, con estudiantes, organizaciones sociales y políticas, tuvieron un espacio para entregar su opinión y hacer propuestas en torno a los grandes temas de la educación.

Es un hecho indiscutible que en todo debate de política educacional, legítimamente, se ponen en juego visiones políticas.

Sin embargo, no fue este un congreso en el cual el debate se haya partidizado, ni en lo que se refiere a las propuestas que se discutieron, ni en la elección de los delegados.

Si hay algo que caracterizó todo el proceso fue la absoluta garantía otorgada por el Directorio Nacional y la Comisión Organizadora para que, desde su origen y en todo su desarrollo, hayan tenido plena participación y se hayan expresado democráticamente todos: aquellos que tienen militancia partidaria y los muchos otros que no cuentan con ninguna.

No se marginó ni se discriminó a nadie. A todos se les aseguró espacios reales para debatir sus ideas y opiniones. Su única y profunda responsabilidad fue con los niños y jóvenes chilenos así como con el desarrollo de una sociedad más justa y democrática.

Es esta, quizás, su principal fortaleza, un trabajo pluralista y profesional, que refleja el espíritu de unidad magisterial que ganó cuerpo y se instaló como la impronta de este trascendente Primer Congreso Nacional de Educación.

Es necesario destacar, además, que el Congreso fue realizado con los esfuerzos y recursos propios del gremio y estuvo comprometido, en sus resultados y conclusiones, sólo con el pensamiento, profesionalismo y propuestas del magisterio.

El Congreso se planteó como organismo resolutivo al interior del gremio y propositivo hacia los poderes del Estado, para definir una propuesta de reforma Educativa para Chile. Por ello, las resoluciones del mismo se constituyen, en la práctica, en un mandato para el Colegio de Profesores.

El Presidente Frei, presente en la inauguración, señaló en su discurso, la valoración de la iniciativa así como la disposición a recoger los planteamientos y resoluciones que emanaran de este encuentro.

No cabe duda que todos esperamos que se cumpla lo dicho por Frei y que sus palabras no se pierdan en el vacío. Ello exige que las autoridades de gobierno acojan, estudien y abran, en definitiva, camino de materialización a las propuestas elaboradas.

Esta experiencia muestra, claramente, que el trabajo en equipo, con la participación de todos los sectores, constituye un eje importante en el encuentro del sentido de la acción gremial y educacional. Permite comprender, asimismo, que la sola búsqueda de la equidad educativa, sin una participación democrática real de los actores involucrados en la construcción del destino educacional del país, es absolutamente insuficiente para lograr éxito en los cambios que el país anhela.

La intensa labor desarrollada y el sentido que ella asumió, demuestran que los procesos participativos y pluralistas son posibles y dejan atrás, por la fuerza de los hechos, prejuicios y temores que sólo frenan y obstaculizan el esfuerzo de pensar en función del país y de nación.

Este Congreso, ha significado, también, un gran paso para el gremio docente.

El profesorado ha comenzado a comprender que es inseparable lo educativo-pedagógico de lo reivindicativo, superando, así, una deuda histórica con los profesores y toda la sociedad chilena.

Hoy los docentes chilenos tienen el mérito de haber sido capaces de elaborar una propuesta que, de hecho, transforma a los profesores en protagonistas del cambio educativo. Esto abre espacio para impulsar el cambio democrático educativo global, pero al mismo tiempo, posibilita comenzar a operar el cambio en el aula, en el espacio diario donde se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La discusión del Congreso ha fortalecido la convicción nacional de que lo que el país requiere es un verdadero cambio educacional, que permita abordar los graves problemas de calidad y equidad, que logre superar los rasgos de autoritarismo que aún permanecen y, sobre todo, fomente una mentalidad democrática y plural.

Tenemos la certeza de que el futuro de Chile no sólo requiere un ser social altamente productivo y con las mayores capacidades tecnológicas sino, fundamentalmente, un ser social con una formación integral y armónica, un ser humano pleno, partícipe activo del quehacer nacional.

Hacia allá apuntan las principales resoluciones elaboradas por el Primer Congreso Nacional de Educación, cuyas propuestas se resumen, sintéticamente, en este artículo.

A partir del diagnóstico respecto a las actuales políticas educativas, se construyó una posición crítica y fundamentada sobre las mismas, particularmente en relación a la subsidiariedad del rol del Estado, a la falta de participación del gremio en la definición de las políticas educativas, a la inspiración economicista que orienta al sistema educacional, a la desarticulación (municipalización y privatización), a los contenidos y metodologías que no favorecen la formación de un ser humano integral, de un ciudadano creativo y transformador, y a la situación profesional y laboral de los docentes.

El Congreso resaltó el papel principal que debe ejercer el Estado, pronunciándose por la necesidad que éste recupere su rol histórico, haciéndose responsable de todo el proceso educativo, asegurando el carácter público y la gratuidad de la educación. El Ministerio de Educación debe recuperar su rol esencial, en el marco de una gestión descentralizada que permita asumir las particularidades regionales y locales.

Para los profesores chilenos, una educación pública fuerte es la única que puede garantizar calidad y equidad educativa, movilidad social y el desarrollo de un espíritu democrático.

Se reiteró, paralelamente, la necesidad de una profunda evaluación del proceso de municipalización.

El Congreso ratificó que, en la actualidad, en relación a la educación privada con subvención estatal, no existe control ni fiscalización de la gran cantidad de recursos que se entregan, lo que genera situaciones de lucro indiscriminado, arbitrariedades e injusticias laborales. Tampoco existe supervisión técnico pedagógica suficiente para cautelar el cumplimiento de las políticas de calidad y equidad de la educación.

Frente a esta realidad, el Congreso se pronunció, categóricamente, en relación con la educación particular subvencionada, por detener su expansión; exigir efectivo control y fiscalización de los recursos estatales que recibe, así como el que los docentes de este sector se acojan al estatuto docente, recibiendo todos sus beneficios.

En relación con el financiamiento se acordó la necesidad de aumentar substantivamente los recursos destinados a la educación pública, en el marco de un profundo proceso de redistribución del ingreso.

El Congreso desarrolló, también, una amplia discusión sobre temas propiamente educativo-pedagógicos, debatiéndose ampliamente la necesidad de revisar contenidos y metodologías con un trabajo de equipos interdisciplinarios y la participación de los padres y apoderados, para favorecer el cambio de la cultura escolar y de las prácticas pedagógicas. Se planteó, asimismo, la incorporación de la diversidad étnica y de las distintas realidades locales y regionales en el proceso educativo. En esta perspectiva, el gremio asumió la necesidad de impulsar y fortalecer un amplio movimiento de renovación pedagógica.

Fue igualmente un tema relevante el intercambio de ideas y opiniones en torno a los procesos de formación docente. El Congreso se pronunció por un profundo cambio en las actuales ofertas de formación docente, así como por la necesidad de un perfeccionamiento permanente, gratuito, pertinente y de calidad, dentro de la carga horaria del docente.

En otro plano, el Congreso reafirmó que para hacer posible una educación de calidad es absolutamente necesario mejorar la infraestructura y el equipamiento escolar, reducir la cantidad de alumnos por curso a no más de treinta, redistribuir la carga horaria docente de manera tal de permitir el trabajo colectivo e interdisciplinario y el perfeccionamiento permanente, y, especialmente, mejorar substantivamente las condiciones de vida y salariales del magisterio.

Al respecto, el Congreso planteó que es imprescindible superar, en breve plazo, el grave deterioro del status profesional y de los derechos y condiciones de trabajo, económicas y sociales que ha causado el modelo neoliberal y los procesos de municipalización y privatización de la educación.

El magisterio chileno, finalmente, concordó que en los actuales marcos legales es imposible realizar los cambios necesarios propuestos para implementar una reforma educativa integral que asegure una educación de calidad para todos los chilenos. En este sentido, el Congreso se pronunció por impulsar el término de la Constitución Política de 1980, así como la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).

En definitiva, para una nueva educación se requiere un nuevo país. En la construcción de ese nuevo país, más justo, más equitativo, más democrático, esta experiencia de los profesores chilenos constituyó un aporte, que más allá de haber permanecido ignorado como noticia de interés en los medios de comunicación, creemos que ha significado uno de los hechos políticos más relevantes del año 1997.

Presidente Nacional Colegio de Profesores