“¿En qué momento se jodió el Perú, Zavalita?”
Mario Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral

En este segundo informe destinado a analizar las causas de la situación venezolana, concentraré la atención en lo ocurrido a partir de 1999, año en que Hugo Chávez triunfa en la elección presidencial. Se trata de un período muy complejo, en que tienen responsabilidad en lo ocurrido tanto Chávez como la oposición, aun cuando la mayor parte corresponde, como en todo sistema político, a quien tiene a cargo la conducción del Estado.

La Revolución Bolivariana

No es correcto decir que en diciembre de 1998, con la elección de Hugo Chávez, el proceso democrático se haya interrumpido. No hay, hasta ahora, fundamento para una afirmación categórica en ese sentido. Sin embargo, es cierto que la democracia venezolana ha entrado en un período de muy fuertes tensiones que plantean dudas razonables acerca de su sobrevivencia.

La primera y fundamental duda es el propio inicio de la carrera política de Chávez. En febrero de 1992 saltó a la palestra mundial al encabezar un intento de golpe de Estado para derribar a Carlos Andrés Pérez. La asonada fracasó de modo lamentable y sus principales inspiradores – Hugo Chávez y Francisco Arias Cárdenas – fueron expulsados del ejército, procesados y condenados a la cárcel.

Dos años más tarde, en marzo de 1994, el presidente recién asumido, Rafael Caldera, indultó a Chávez y su grupo poniéndolos en libertad y restituyéndoles la plenitud de sus derechos civiles y políticos.

A partir de ese momento – y no obstante su origen golpista – la carrera política de Chávez se encauzó a través de los canales políticos y electorales que le franqueaba la Constitución.

Subiendo como espuma

Cuatro años después de liberado, en 1998, Chávez anuncia su decisión de ser candidato presidencial en las elecciones de 1999 y funda su propio partido, el “Movimiento Quinta República”. Ese mismo año forma una coalición con pequeños partidos de izquierda que toma el nombre de “Polo Patriótico” y que en las elecciones generales de noviembre de 1998 obtiene un tercio del parlamento y un tercio (8 de 23) de los gobernadores.

En las elecciones de diciembre de 1998 Chávez es elegido presidente con el respaldo del 56% de los votos.

Chávez asume la presidencia de la república en enero de 1999 y a partir de ese momento inicia un rápido proceso de desmantelamiento del viejo orden político – instaurado a partir de 1958 y contenido en la Constitución de 1961 – y la creación de uno nuevo.

El primer obstáculo que debe salvar el presidente recién asumido es descubrir el camino legal para establecer una Asamblea Constituyente, el que le es habilitado por una interpretación de la Ley Orgánica del Sufragio hecha por la Corte Suprema de Justicia. Fundado en esa sentencia Chávez convoca a “la realización de un referendo para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”.

El asunto es importante de destacar pues en un país como Venezuela, que en 190 años de vida republicana ha tenido 22 constituciones, Chávez tiene el mérito de encabezar el primer proceso de dictación de una nueva Constitución que no nace de una ruptura de la institucionalidad, esto es de una guerra civil, una revolución o un golpe de Estado.

En abril de 1999 la creación de una Asamblea Constituyente recibe la aprobación del 80% de los votantes.

Tres meses más tarde, en julio de 1999, se procede a elegir los 131 miembros de la Asamblea, obteniendo el “Polo Patriótico” 125 constituyentes y la oposición los 6 restantes.

El poder originario en acción

Inmediatamente de constituida, la Asamblea, en una decisión jurídicamente muy cuestionable se atribuyó, en sus Estatutos, la condición de “Poder Originario para reorganizar el Estado Venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático. La Asamblea, en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá limitar o decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público. Todos los organismos del Poder Público quedan subordinados a la Asamblea… y están en la obligación de cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos estatales que emita dicha Asamblea. La Constitución de 1961 y el resto del ordenamiento jurídico imperante, mantendrán su vigencia en todo aquello que no colida o sea contradictorio con los actos jurídicos y demás decisiones de la Asamblea…”

La forma y la retórica con que Chávez ejerció estas atribuciones – cuya amplitud es contradictoria con las ideas de democracia y Estado de derecho – es interesante pues ilustra uno de los rasgos de la “revolución bolivariana”. En un primer momento se dictaron decretos muy radicales que importaban, uno la reorganización del poder judicial con atropello de su independencia y, otro, la disolución de la Cámara y el Senado.

Sin embargo, luego del golpe inicial se llegaron a compromisos que significaron ajustarse al Estado de derecho, ya que la reforma judicial la llevó a cabo el Consejo de la Judicatura y que, tras una mediación de la Iglesia Católica, el Congreso continuó funcionando de acuerdo a la Constitución de 1961.

En diciembre la propuesta de la Constituyente fue sometida a un referendo donde se registra, por una parte un 54% de abstención, y por otra, un voto favorable de 72% contra un 28 % de rechazo. La anterior, en apariencia una victoria abrumadora, esconde sin embargo, una realidad más amarga. De un universo de casi 11 millones de electores, sólo 3 millones 300 mil votaron a favor de la nueva Constitución (un 32% del total de los electores potenciales) en tanto 1 millón 300 mil lo hicieron por su rechazo y 6 millones se abstuvieron.

En enero del año 2000, acorde a las disposiciones transitorias de la Carta recién aprobada, se disuelve el parlamento y es sustituido por un “mini-Congreso” (el “Congresillo”) de 21 miembros, todos ellos designados por la Constituyente.

Los frenos a Chávez

En las “megaelecciones” de julio del 2000 Chávez obtuvo un resonante triunfo electoral alcanzando casi el 60% de los votos emitidos en contra de 38% de Arias Cárdenas. Candidatos respaldados por él triunfaron en 15 de las 23 gobernaciones. En la Asamblea Legislativa, el “Polo Patriótico” y su aliado el MAS obtuvieron el 60% de los asientos.

Pero a pesar de esa victoria abrumadora, las elecciones de julio del 2000 dejaron como resultado una oposición política que aun siendo minoritaria, tenía poder para obligar a Chávez a negociar respecto de decisiones que requirieran el voto de los 2/3 de los votos de la Asamblea y, tal vez, incluso respecto de las que exigían 3/5.

Esta oposición parlamentaria estaba compuesta fundamentalmente por Acción Democrática que, contra todas las apuestas, sobrevivió a una lucha electoral muy difícil – no así COPEI – obteniendo un quinto de los asientos de la Asamblea. Dos fuerzas menores, también opositoras, “Proyecto Venezuela” y “Primero Justicia”, lograron representación parlamentaria.

Pero la victoria “chavista” no logró encauzar a la “revolución bolivariana” por un camino de moderación y apego a la institucionalidad. Por el contrario, torpemente, sirvió para alentar, desde el propio bando triunfante, una mayor tensión política y social, de lo cual fueron muestras la arrogancia y el lenguaje confrontacional y agresivo de Hugo Chávez y los líderes del “Partido V República”. Lo anterior lo agravaba la adopción por el gobierno de un conjunto de medidas que se ubicaban en el límite de la legalidad o que la atropellaban francamente.

El golpe contraproducente

En este marco tuvo lugar el golpe del 11 de abril del 2002 que fue un fiasco y cuyo resultado fue llevar a una confusa renuncia de Chávez, a que asumiera como Presidente el líder de Fedecámaras, Pedro Carmona, que duró apenas 48 horas en el gobierno – suficientes para decretar la disolución del Parlamento y el Tribunal Superior de Justicia – y a la vuelta de Chávez a la presidencia en gloria y majestad. El 11 de abril mostró a una oposición que habiendo luchado en nombre de la democracia, en el momento de conquistar el poder, exhibió un declarado propósito dictatorial decretando la disolución o suspensión de las principales instituciones.

La consecuencia de este travestismo fue que aisló a la oposición en el mundo internacional, poniéndola fuera de la corriente de desarrollo de la democracia.

Poco más de un año después del “golpe brutocrático” del 11 de abril (la expresión es de Teodoro Petkoff) la oposición, bajo esa misma conducción, se embarcó en el “paro patronal”, huelga indefinida alentada por los gremios empresariales y los medios de comunicación y que duró algo más de treinta días.

Este paro fue un fracaso absoluto pues no sólo falló en su intento de botar a Chávez, sino que terminó siendo rechazado por la opinión pública la que, de acuerdo a las encuestas, se volcó hacia Chávez, quien subió no menos de 10 puntos porcentuales en esas mediciones. Además, le permitió al líder de “la revolución bolivariana” descabezar las cúpulas sindicales que le eran adversas, particularmente la de PEDEVESA (fueron expulsados más de 10.000 trabajadores del petróleo), y justificar su muy mal manejo de la economía explicándolo como una consecuencia del paro.

Fue después de los graves errores anteriores que la oposición pasó a ser conducida por los partidos. El fracaso del golpe militar, permitió una depuración de las fuerzas armadas por parte de Chávez. A su vez, el patético gobierno de “Carmona el Breve” y el fracaso del “paro patronal” anularon el poder tanto de los sindicatos pertenecientes a la CTV como de Fedecámaras.

Ordenamiento directivo

Sólo en ese momento el liderazgo de la oposición pasó a manos de una heterogénea alianza de partidos que se reconoció como la “Coordinadora Democrática” la que planteó que una oposición democrática debía encauzarse a través de la legalidad, lo que la condujo a buscar en el referendo establecido en la Constitución Bolivariana, aprobada en diciembre del 2000, la revocación del mandato de Hugo Chávez, para lo cual debían reunirse, copulativamente, tres requisitos:

(i) que hubiera transcurrido la mitad del período para el que fue elegido el presidente;

(ii) que solicitara la convocatoria a un referendo revocatorio un número no menor del 20% de los inscritos en el padrón electoral, lo que se estimó en 2.500.000 electores; y

(iii) para que se produjera la revocación del mandato era necesario que en la votación los opositores del presidente fueran mayoría pero, además, obtuvieran un número igual o mayor el total de votos que él obtuvo cuando fue elegido, esto es unos 3.800.000 sufragios.

Que el camino fuera constitucional no significó que fuera fácil. De hecho fue una larga y desgastadora lucha política, comunicacional y de movilización de millones de personas.

El esforzado “firmazo”

Primero, “el firmazo”, esto es la recolección, un poco anárquica de unos 3 millones de firmas por la organización “SÚMATE”. Con razón, el “Chavismo” arguyó que la recolección de esas firmas debía ser reglamentada por el Consejo Nacional Electoral CNE) y sujetarse a ciertas solemnidades.

Ello llevó a un segundo paso que fue la discusión acerca de la forma y contenido de esa reglamentación, la que finalmente fue zanjada. En ese momento se abrió una tercera etapa, “el refirmazo”, en que la oposición, aceptando la invalidez de las anteriores firmas, inició una nueva recolección ajustándose a la normativa dictada por el CNE. El 1º de diciembre del 2003 la oposición declaró haber obtenido más de 3 millones y medio de firmas.

El “chavismo” desconoció el hecho, acusando a la Coordinadora de haber cometido un “megafraude”. La discusión se trasladó al CNE, quien debía calificar las firmas. El proceso de revisión se extendió largamente y se tornó crecientemente ácido.

En una cuestionable interpretación de la legalidad, el CNE objetó sobre un millón de firmas y exigió a los ciudadanos cuyas signaturas habían sido cuestionadas que las ratificaran, demanda que la oposición, después de fuertes recriminaciones, aceptó, dándose lugar al proceso conocido como “los reparos”. Los “reparos” repitieron el proceso del “refirmazo”: gigantesca movilización para ratificar las firmas; acusación de fraude por el “chavismo”; arbitraje del CNE el que, finalmente, bajo fuerte presión internacional, reconoció que se habían juntado firmas suficientes para convocar a un referendo revocatorio del mandato de Hugo Chávez.

Coordinadora heterogénea

En este nuevo escenario la oposición, conducida por la Coordinadora, hizo un gran esfuerzo por avanzar hacia un discurso y una actitud más moderada, convencida – como lo mostraban estudios de opinión – que la radicalización del conflicto favorecía a Chávez. Procuró abandonar el tono acerbamente pesimista de sus mensajes y restablecer su credibilidad democrática después de los infaustos acontecimientos del 11 de abril.

Sin embargo, este cambio hacia la paz y reconciliación no siempre fue compartido por todos en la Coordinadora y continuó siendo desafiado por los medios de comunicación bajo control de la derecha, por poderosos y muy radicalizados comentaristas en la TV y por el “Bloque Democrático”. En rigor nunca hubo un pleno triunfo de la oposición moderada para imponer un estilo y retórica común. Ciertamente no ayudó a este esfuerzo el peligroso agravamiento de la crisis económica que llevó a una caída de 9 puntos en el PIB del año 2002 y de 9,4 en el 2003, lo que contribuyó a dar a la pugna política un carácter desesperado.

Tan grave como esta imposibilidad de imponer un mensaje común, era la falta de unidad que exhibía la oposición y que la proyectaba como una fuerza incapaz de dar seguridad, de generar confianza y de ser una alternativa de gobierno. El país veía en esta descoordinación la sobrevivencia de los viejos vicios de la partidocracia. Sin embargo, un análisis justiciero no debería dejar de reconocer los inmensos esfuerzos que ella hizo por avanzar en la construcción de unidad tanto en lo orgánico como en las propuestas.

Conducción con demasiadas cabezas

En lo orgánico, el punto de partida es patético. La dirección de la oposición radicaba en una Asamblea de no menos de 70 representantes, 50 de ONGs y unos 20 de partidos políticos. Tanto las ONGs como los partidos tenían distinto poder y muchos eran meras organizaciones de fachada que encubrían los deseos de poder y figuración de unos pocos individuos. Sin embargo, un mal sentido de las exigencias de unidad llevó a considerarlos pares. Literalmente no había conducción sino una sociedad de debates, incapaz de definir una estrategia. En medio de enormes esfuerzos se lograron sucesivas reestructuraciones tendientes a concentrar el mando en un número reducido de personas representativas, llegándose a la creación del llamado “G-5” compuesto por cinco personas (Mendoza, Salas Romer, Borges, Fernández por la “gente del petróleo y el presidente de AD, Henry Ramos Allup). Sin embargo, el funcionamiento del G-5 nunca fue satisfactorio y quedó marcado por las tensiones especialmente entre Mendoza y Salas Romer. Finalmente, un par de meses antes del revocatorio, se produjo una lamentable involución cuando se llegó al acuerdo de disolver el G-5 y sustituirlo por un “Comando de Campaña” de 17 integrantes so pretexto de que ello permitiría una mayor integración de los partidos y los independientes.

En el campo de las propuestas los avances fueron no menores. Lograron un acuerdo programático – el “Plan Consenso País” -; lograron suscribir un “Pacto de Gobernabilidad” que fue presentado como un código de conducta de los partidos políticos, los sindicatos, empresarios y la sociedad civil para garantizar la gobernabilidad e iniciaron el debate sobre el mecanismo para nombrar un candidato presidencial único en el caso de que tuvieran éxito en el referendo revocatorio.

Sus grupos más conscientes, además, lucharon por dar una señal a los sectores que viven del subsidio del Estado, de que tenían interés en mantener ciertos programas en aplicación que aun habiendo sido creados por Chávez y no obstante graves fallas de implementación, estaban orientados en el sentido correcto, como los programas Robinson (de alfabetización); Barrio Adentro (de salud con la colaboración de médicos cubanos); de becas para la educación; de asistencia a los microempresarios.

Como se puede suponer, la necesidad de estos últimos reconocimientos fue rechazada por la oposición más radical que continuó sosteniendo un discurso extremista que, en definitiva, sólo favorecía a Chávez.

El 15 de agosto tuvo lugar el referendo revocatorio que la oposición democrática había buscado con extraordinario esfuerzo y dedicación. Sin embargo, fue derrotada. El análisis de este hecho será objeto de un análisis posterior.