En los últimos días ha sido noticia que España promulgara una legislación favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo. Con esto el gobierno socialista español no ha hecho más que cumplir una promesa electoral, por lo que nadie debería haberse sorprendido tanto. ¿O es que ahora es sorprendente cuando un político cumple sus promesas electorales?

Los fundamentos de esta decisión legislativa, en todo caso, es bueno que los recordemos. Todo arranca de la decisión mayoritaria de los españoles, expresada en las últimas elecciones, de apoyar un giro radical a favor de la igualdad social. Esto se entiende, porque una vez que España ha superado sus atrasos históricos en cuanto a niveles de renta, asimilándose cada vez más a los ingresos medios de Europa, la sociedad ha apostado seriamente por la igualdad de derechos y oportunidades. Lo que significa que se ha generalización de la idea de que el progreso social debe ser compartido por amplias mayorías, que la igualdad de derechos y oportunidades es una característica indispensable de la sociedad en la que los españoles quieren vivir. Que no es compatible una sociedad democrática con ciudadanos con derechos limitados o discriminados.

Pero también significa la comprensión de un aspecto clave de la convivencia democrática. La apuesta por la igualdad nace del reconocimiento de la diversidad. En pocas palabras, las personas somos distintas unas de otras y nos damos un sistema de convivencia basado en el respeto de nuestras diferencias, entre ellas nuestras diferentes opciones para vivir la sexualidad, más allá de puritanismos arcaicos o de discriminaciones excluyentes. No olvidemos que las personas que han decidido forman pareja con otras de su mismo sexo, han sufrido graves discriminaciones a lo largo de la historia, contándose por millones los homosexuales que han sufrido persecución en los regímenes totalitarios del siglo XX.

La reforma legislativa aprobada en España, en estos términos, es una forma de restaurar los derechos legítimos de cerca de un 10% de la población. Pero va bastante más allá en su intención de igualar la vida familiar de las parejas homosexuales y heterosexuales. La legislación se adapta a los tiempos modernos y permite también que los matrimonios homosexuales puedan adoptar hijos y realizarse plenamente como familia; a la vez que incluye una reforma que obliga a los cónyuges, cualquier sea su preferencia sexual, a compartir el trabajo doméstico, eliminando elementos sexistas que han estado tradicionalmente presentes en las relaciones matrimoniales. Pongamos como ejemplo que a partir de ahora los contrayentes no serán invocados como “marido y mujer” sino que recibirán el trato de “cónyuges” y en el momento que formalicen su matrimonio civil, el representante público les recordará que deben compartir las tareas relativas a la crianza y educación de los hijos en condiciones de igualdad, sin tratos discriminatorios para cualquiera de los dos contrayentes.

Un rasgo importante de esta reforma legislativa, es el amplio consenso que recibió en el parlamento. La propuesta originalmente planteada por el grupo socialista, recibió importantes aportaciones de los otros grupos de la cámara, excepto del Partido Popular, que se posicionó en contra. Incluso partidos de raíz católica como el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia Democràtica de Catalunya, han dado un apoyo entusiasta a los cambios legislativos.

La polémicas mediáticas, sorprendentemente, han venido después de la aprobación de la ley. El Partido Popular, conocedor del rechazo que despertaba su postura entre los votantes, había preferido una oposición discreta. Todavía más, una de sus diputadas estrella votó favorablemente a los matrimonios homosexuales y hay alcaldes de derechas que ven con simpatía la ampliación de libertades y derechos – inclusive ha habido cargos públicos del PP que han anunciado que se casaran siguiendo la nueva normativa -.

¿De dónde nace entonces la oposición radical al matrimonio entre personas del mismo sexo? El origen de las polémicas está en la oposición radical de la curia vaticana, que ha llamado a los políticos católicos españoles a no respetar la nueva ley e invocar la objeción de conciencia para impedir matrimonios entre homosexuales. La derecha española, en este caso, solamente ha hecho seguidismo oportunista de la Iglesia y con poco entusiasmo por que se podría debilitar su cohesión interna. Todo hace pensar que el nuevo papado será beligerante, que buscará antes la confrontación que el diálogo y que se encerrará en sus convicciones dogmáticas sin abrirse a los nuevos fenómenos sociales. La respuesta de Rodríguez Zapatero no se ha hecho esperar: España es un Estado no confesional que respeta la opinión del Sumo Pontífice, pero que pide idéntico respeto para su decisiones soberanas y hará todo lo que esté de su mano para que las leyes democráticamente promulgadas sean cumplidas.