La retahíla de sucesos que ha afectado al gobierno en los últimos meses ya empiezan a parecer salidos de las plumas de Ionesco, Kafka o de los autores del grotesco italiano. Dada esta apariencia no resulta nada fácil analizarlos y evaluarlos en lógica política para intentar encontrarles explicaciones racionales.

Por lo mismo, alguien con creencias en los fenómenos paranormales podría recomendar que las explicaciones deberían buscarse en alguna extraña maldición o en el criollísimo “mal de ojo”. Porque, en efecto, ese tipo de hechos irruptivos se presentan como si emergieran desde la nada e inmediatamente después de grandes esfuerzos del gobierno – materializados en medidas – por superar situaciones críticas, como si se tratara de una conspiración de brujos.

El gobierno, pese a las dificultades económicas, pudo haber cerrado bien el año 2002, tanto en lo político como en lo comunicacional si, hacia fines de octubre, no hubiese estallado el “caso coimas”. Cuando este “caso” se encontraba más o menos acotado y ya instalado, en lo esencial, en la esfera judicial, se destapa el “caso” MOP-Gate. Cuando, también en este caso, se había avanzado positivamente – no sin costos, por supuesto -, en especial merced al acuerdo nacional para impulsar reformas atinentes a probidad y modernización administrativa, salta el caso “Banco Central”. A raíz, básicamente, del conjunto de estos acontecimientos, el gobierno reacciona con una operación política, siempre mayor para un gobierno: cambia gabinete. Pues bien, a los pocos días se devela el escándalo “CORFO-Inverlink”. ¿Hechicería? ¿“Ley de Murphy”? ¿Yeta? Tal vez alguien debería indagar por esos lados.

Desafortunadamente, aquí todo lo que podemos hacer es sustentar algunas opiniones con base al modesto instrumental que nos conceden las teorías políticas y sociológicas.

Lo casual en la política moderna

Ninguna duda cabe que los acontecimientos de marras han repercutido y repercutirán en lo que eran las dinámicas previsibles de la política nacional y en las estrategias y agendas del gobierno y de sus partidos de apoyo, pero también en las estrategias y agendas de la oposición, lo cual es demostrativo de los enormes roles que puede desempeñar lo casual en la política.

Por cierto que la casualidad ha sido y es un dato de influencia sempiterna en la vida social e individual. Pero en materia estrictamente política lo que importa es la constatación y asunción de la extraordinaria relevancia que ha adquirido lo casual en las sociedades contemporáneas, particularmente en aquellas de desarrollo relativo o intermedio, como la chilena.

Entendiendo que lo casual es un conjunto de circunstancias imprevistas que participan activamente en la configuración de hechos o procesos, su mayor gravitación en la política moderna se debe básicamente a tres razones:

- a la globalización, puesto que ella implica, entre otras cosas, la entronización en la vida nacional de factores de origen y dinámicas mundializadas que, en muchos casos, escapan al control e incluso al conocimiento oportuno de parte de los actores de la vida política nacional;

- a la acelerada movilidad que adquieren las modernizaciones científicas y técnicas y sus secuelas en el orden social, cultural, organizacional, valórico, etc., y que se traducen en transformaciones constantes y moleculares que tardan en ser aprehendidas y respondidas por las estructuras e instituciones políticas;

- a la considerable ampliación de agentes y elementos partícipes en los procesos de toma de decisiones y que son generados por la naturaleza propia de las economías de mercado, máxime cuando éstas se instalan y desarrollan por la vía de cambios en lapsos breves y relativamente radicales.

Estas tres fuentes estables de imprevistos se encuentran – unas más directamente que otras – tras los casos en debate: inadecuación o rezago de las instituciones ante la infinidad de variables que operan en una economía de libre mercado; inapropiada percepción de las transformaciones en las escalas ético y conductuales que ha introducido la modernidad capitalista; carencia de instancias y mecánicas capaces de “vigilar” los comportamientos de la economía y sus agentes de manera más totalizadora, etc.

Lo casual es Inevitable, pero restringible

León Tolstoi en su novela Guerra y Paz cuenta que el general ruso Kutuzov acostumbraba a quedarse dormido ante las exposiciones de estrategia militar que hacían los asesores militares prusianos contratados por el Zar para enfrentar a Napoleón. Kutuzov explicaba su indiferencia por los planes y esquemas que proponían los prusianos, porque pensaba que la guerra estaba llena de azares. Decía que un ataque, por muy planificado que estuviera, podía verse frustrado por un simple tropiezo y caída del caballo del oficial que comandaba el ataque. Sin duda que la visión de Kutuzov es aplicable a la política.

Ahora bien, sin negar el perenne riesgo de lo azaroso en actividades como la guerra y la política, hay que tener en cuenta dos cuestiones. En primer lugar, que un vehículo blindado está menos propenso a accidentes que un caballo. Es decir, que el progreso y uso de los recursos técnicos no evita, pero sí elimina, imprevistos. Y, en segundo lugar, que lo azaroso no es un designio metafísico o mágico. En el fondo, es resultado de falta de conocimientos, de ignorancias. Algunos hechos no se pueden prever porque no se dispone de instrumental para ello.

Pero hay otros que no se prevén, porque, existiendo el instrumental para hacerlo, no se le emplea. Cuando así ocurre, la interrupción de lo casual resulta de errores y no de circunstancias inevitables.

Si algo enseñan y advierten las irregularidades que preocupan al país desde hace meses es, precisamente, que no sólo los últimos gobiernos, sino que la política y las elites en general, han cometido errores en materias de diagnósticos y previsión

Economía y política: relación simbiótica

En análisis anterior (Informe Nº 273) me referí a las presiones anti-éticas que ejerce el creciente encarecimiento de la política y de las campañas electorales. Fenómeno que ha ido en ascenso y cuya principal responsabilidad recae en la UDI y sus círculos, tanto porque su ostentación de recursos es la causa mayor que impele al encarecimiento de la política como porque sistemáticamente – hasta hace poco – se negó a normar y limitar los gastos.

Pero el asunto en cuestión es bastante más grave y profundo. En Chile, histórica y estructuralmente, ha existido siempre una relación insana y oscura entre la economía y la política o, dicho más estrictamente, entre zonas o áreas de ambos campos. En términos gruesos, la totalidad de la economía y de la política jamás han funcionado plenamente como subestructuras autónomas, regidas por vínculos externos, por interrelaciones expresivas de la independencia de cada cual. Bien puede decirse que las relaciones entre ambos campos han tenido siempre o han conservado rasgos pre-capitalistas, propios del viejo sistema oligárquico, en el entendido de que un sistema de ese carácter no sólo consiste en la concentración del poder político en un mismo y pequeño grupo elitario, sino que consiste también en el uso, de parte de fracciones propietarias, del poder político como instrumento económico para evitar someterse a las leyes típicas de la competencia mercantil y asegurar su prosperidad a través de recursos extraeconómicos, especialmente políticos.

Detrás de muchas de las grandes fortunas empresariales chilenas (individuales o grupales) e, incluso de las no tan grandes, no se encuentran sólo o de manera preponderante habilidades emprendedoras, disposición al riesgo o notables capacidades de “iniciativa privada”, sino también, y casi siempre, relaciones simbióticas con el poder político.

Insisto en que no estoy hablando de las inevitables, naturales y hasta legítimas relaciones conflictivas (y también de cooperación) ni tampoco de la constante y normal competencia de poderes entre el poder económico y el poder político que se establecen en cualquier sociedad caracterizada como capitalista, sino, por el contrario, de un tipo de relaciones y de competencias de origen y naturaleza precapitalistas.

Tampoco, por supuesto, debe confundirse el poder político con el poder del gobierno. Los vínculos simbióticos a los que me refiero aluden al poder político en general, el que se manifiesta en las diversas instancias estatales (ejecutivas, legislativas, judiciales) o paraestatales (partidos políticos, personalidades.)

Efectos de la relación simbiótica

Son estos malsanos vínculos entre economía y política los que subyacen en los casos de corrupción e irregularidades, particularmente por el cúmulo de consecuencias que genera y que enumero a continuación:

1. Sin desconocer la existencia en Chile de un promedio de empresarios eficientes, “profesionalizados”, la imbricación insana entre economía y política ha permitido que proliferen y pervivan conjuntos de capitalistas diletantes, amateurs, esto es, ajenos a las lógicas, prácticas y éticas propias de lo que se supone debe ser un empresario típico y moderno, según los paradigmas ideales y empíricos de los pensamientos y experiencias que con más vehemencia promueven y defienden las virtudes de las economías de mercado. Son capitalistas que, de hecho, piensan que el principal factor económico son las relaciones sociales y políticas y que virtualmente basta la cantidad y calidad que de éstas se tengan para “hacer negocios”, para sostener empresas. El problema real estriba en que las articulaciones simbióticas entre economía y política viabilizan esas prácticas, que implican violaciones o alteraciones de las leyes de mercado, que lindan permanentemente entre lo legal e ilegal, creando una propensión también permanente a la perpetración de ilícitos.

2. Por usos y costumbres esas prácticas han configurado una suerte de irregularidad sistémica en parte del funcionamiento económico, factualmente legitimada merced al soslayamiento que frente a ella hacen, en complicidad, instancias económicas y políticas. Ese carácter sistémico o semi sistémico deviene en un mecanismo protector y reproductor de irregularidades, puesto que su corrección drástica podría acarrear consecuencias económicas y sociales negativas de no poca monta.

3. No están equivocados los indicadores internacionales que muestran a Chile como un país con baja corrupción. No obstante, cabe la siguiente pregunta o conjetura: ¿hasta dónde los circuitos de irregularidades sistémicas no reemplazan las formas y funciones que en otros países cumple la abierta corrupción? Si la respuesta es afirmativa, estamos ante un verdadero drama colectivo, social, nacional, toda vez que querría decir que en Chile y en ciertas áreas existiría un tipo de corrupción sui géneris, cubierta por un manto de complicidades institucionales, sociales, culturales, mediáticas, etc. y, por ende, difícil de detectar, denunciar y combatir.

4. Y al respecto, habría que plantearse otras preguntas: el halagado modelo económico nacional ¿no comprenderá orgánicamente la presencia de estos circuitos sistémicos de irregularidades? ¿Funcionaría sin ellos con la misma eficiencia?

Este conjunto de efectos se complementan para configurar dos consecuencias globales que afectan a la esfera económica y a la esfera política. La inserción dentro del ordenamiento general del país de zonas y prácticas que responden a la simbiosis entre economía y política, alteran la salud de una efectiva economía de mercado debido a que son zonas y prácticas que se sustraen de una rigurosa libre competencia y que compiten con las ventajas que le agregan las relaciones o complicidades políticas.

En el ámbito político ocurre una situación similar. También allí se generan competencias desleales. Es evidente que el político y/o las instancias políticas “simbiotizadas”, que integran las redes que operan con nexos simbióticos entre lo económico y lo político, tienen enormes ventajas respecto de los políticos o instancias políticas que no participan en esas redes, no tan sólo por la muy superior disponibilidad de recursos financieros, sino también porque a su poder formal o institucional (en tanto político) le suma el poder factual que adquiere por la sola pertenencia a dichas redes.

Encrucijada

El fenómeno en cuestión (simbiosis economía/política) es un dato duro de la realidad nacional. En primer lugar, porque está históricamente arraigado. Nace y permanece, como ya se dijo, durante el largo período de predominio de una economía y sociedad oligarquizada y, de hecho, fue revitalizado en el curso de régimen dictatorial. En segundo lugar, y como resultado de su prolongada existencia, porque está inmerso dentro del esquema estructural del funcionamiento de la economía y de la política. Y, en tercer lugar, porque cuenta con amparos y reproductores en el orden político-cultural. Fracciones y entidades de la derecha chilena (tradicional y neoliberal), unas de manera consciente y otras inconscientemente, han protegido el sistema de irregularidades, incluso reforzándolo discursivamente (Vg., defensa de la facticidad del poder, relativización del valor intrínseco de las instituciones políticas, etc.) y empíricamente (demanda de desregulaciones indiscriminadas, peticiones para que no se apliquen normas y leyes ante flagrantes irregularidades, etc.)

El mundo progresista o concertacionista no es enteramente inocente en la pervivencia del fenómeno. No puede negarse que algunos de sus actores se han comprometido con ese sistema y, aunque no sean numéricamente significativos, han aportado a su perpetuación.

Pero no están allí las mayores responsabilidades de la Concertación. Éstas radican, en lo esencial, en la actitud casi pusilánime con la que ha enfrentado el problema. En parte, porque no lo ha captado a cabalidad y en parte porque quienes sí lo han percibido en su real magnitud, temen que intentar superarlo signifique estremecer todo el sistema político y económico.

El asunto es que se ha llegado a un punto que es una encrucijada. Si no se actúa con perspectivas de resolver lo substancial del fenómeno, el país continuará sujeto a la expectante espera de más sorpresas y sobresaltos como los conocidos. Y si se actúa con perspectivas drásticas sería inevitable el paso por zonas de turbulencias amenazantes.

Parece difícil decidir un rumbo. Pero la decisión se facilitaría si se entendiera que la mantención del actual estatus será, a la postre, un freno para optimizar las virtudes de una economía de mercado y para desarrollar un sistema político democrático, garante de estabilidad, eficiente e idóneo a lo moderno.