La afirmación que en Chile el ingreso se encuentra mal distribuido y su mejoramiento debería ser un asunto prioritario para los próximos años, se ha convertido ya en un lugar común. En la ENADE 2004 todos los posibles candidatos presidenciales lo dijeron.

Sin embargo, como es bastante tradicional en el debate de nuestros problemas socioeconómicos, abundan los voceros que indican la necesidad de ir a una sociedad más igualitaria, pero se dice muy poco acerca del como lograrlo. Es fácil decir que es una vergüenza que, siendo un país exitoso en su desempeño económico, Chile tenga una de las peores distribuciones del ingreso que registran las agencias internacionales. Pero es difícil y comprometedor para esos voceros o candidatos el contestar la pregunta: ¿... y Ud., que haría para mejorar la distribución del ingreso?

El dar una opinión precisamente acerca del cómo mejorar la distribución del ingreso con algunas ideas concretas, es el objetivo de este artículo.

Efecto desmoralizador

No voy a gastar espacio en mostrar las cifras que muestran la inequidad: ellas están en el debate público y son conocidas. Me basta decir que no hay discusión al respecto.

Una declaración previa: la mala distribución del ingreso en Chile no sólo afecta la economía al restarle al mercado nacional a un gran número de pobres que apenas consumen. Afecta principalmente a la moral de la nación chilena, que permite que mientras algunos vivimos a nivel internacional con todas las comodidades a nuestro alcance, un grupo importante de chilenos viva mal alimentado, vestido y educado; cesante o con un trabajo precario; enfermo y vegetando en la lista de espera de un hospital o viviendo de allegado en un tugurio. Para el autor, una situación éticamente inaceptable.

Lo anterior vale sin perjuicio de reconocer el gran éxito de haber logrado entre 1987 y 2000 (1), bajar los chilenos pobres del 45% al 21% de la población y los indigentes del 17% al 6%; aunque este espectacular logro se hizo casi sin afectar la distribución relativa de ingresos entre los distintos estratos.

Tres acciones posibles

En el terreno de las proposiciones concretas uno podría hacer una larga lista de lo que la sociedad chilena debería hacer para convertirnos en un país más igualitario. En lugar de hacer esa lista, me voy a remitir a indicar las tres acciones que – a mi juicio – tendrían el mayor impacto tanto en profundidad en el logro del fin propuesto como en la prontitud en ver los resultados.

Tales proposiciones son: la democratización del sistema tributario; los cambios en el gasto fiscal en educación superior y el fomento del empleo.

1.- La democratización del Sistema Tributario. La estructura tributaria chilena, se muestra a continuación:

Como se ve, sólo el 27% de la carga tributaria afecta directamente a las rentas de las personas y empresas mientras el 72% restante proviene de impuestos indirectos.

¿Una simple alza de tasas?

Cuando se habla de redistribución del ingreso, inmediatamente surge la idea de alzar los impuestos, implicando normalmente que la forma de hacerlo es subiendo las tasas. Por lo demás, eso es lo que se ha hecho desde 1990.

El incremento de las tasas con afán distributivo afecta a los más ricos sólo en el Impuesto a la Renta de las personas naturales, que es progresivo; mientras que cuando se aumentan las tasas de los impuestos indirectos, se afecta a toda la población independiente de su ingreso.

Por otra parte, el aumento de tasa no implica necesariamente que vaya a aumentar la recaudación, más bien puede aumentar la evasión. Tasas del 40% marginal del Impuesto a la Renta de las personas naturales y del 19% del IVA, hacen muy rentables para los honrados las actividades de buscar formas legales de elusión, contratando a los mejores expertos. Para los no tan honrados la tentación de simplemente evadir es poderosa.

El camino: democratizar

Por lo tanto, en pro de la equidad, la acción recomendada no es subir las tasas impositivas, sino realizar la reforma pendiente: la democratización del Sistema Tributario. Se trata de hacer que todos los chilenos seamos iguales ante la Ley de la Renta, eliminando todas las exenciones y las excepciones. Esa es la primera proposición para mejorar la distribución del ingreso en Chile.

Si bien el Sistema Tributario chileno se compara favorablemente con el de muchos países, especialmente por el buen funcionamiento del SII, a lo largo del tiempo se han ido legislando situaciones de excepción que favorecen a distintos grupos. Mi argumento es que estos tratamientos especiales favorecen a los sectores de más altos ingresos, contribuyendo así a acentuar las desigualdades.

La lista de las irritantes desigualdades tributarias que favorecen a las personas de mayores ingresos son: el DFL 2 para la vivienda; el Art. 55 bis; la tributación por renta presunta de agricultores, mineros y transportistas; las Sociedades Contractuales Mineras; el Ahorro Previsional Voluntario; las bandas de precio para algunos productos agrícolas, que pueden llegar hasta el 93% de protección, como en el caso del azúcar (3); las exenciones de variados impuestos para algunas regiones extremas, etc.

Si se eliminaran estas excepciones, se podría bajar las tasas que hoy día pagan los sectores medios y bajos – Impuestos sobre los sueldos e IVA – manteniendo la recaudación. De este modo se reducirían los incentivos a la evasión y la elusión; simplificando de paso nuestro sistema tributario. Pero, sin duda, el efecto mayor es aumentar la tributación para sectores de altos ingresos, bajándola a los sectores medios.

Esta democratización también tendría un efecto social en el sentido que los chilenos sentiremos que vivimos en un país más justo, en el que todos somos iguales ante la ley.

El sistema educacional favorece a los más pudientes

2.- Los cambios en el Gasto Fiscal en Educación. El siguiente cuadro muestra como gasta el Fisco su aporte a la Educación Superior:

Como se ve, el 95% del gasto va a Universidades, por lo queda sólo un 5% para apoyar a toda la Educación Profesional y Técnica, que es a la que acceden los sectores medios (5). A su vez, el 26 % de todo el gasto, la respetable suma de US$ 90 millones, fue ese año a las 2 universidades de más prestigio del país y las más buscadas por los estudiantes.

¿De qué estrato socio económico provienen mayoritariamente los que acceden a estas dos universidades? Es sabido la fiera competencia por el acceso a la educación superior a través de la PSU. Hay sobrada evidencia que los que logran mejor puntaje en esa prueba son aquellos alumnos cuyos padres pudieron pagarle una educación media de alta calidad.

Ellos vienen principalmente del 8% de los alumnos de la educación particular pagada y no del 92% de los niños que deben resignarse a la educación particular subvencionada o la municipal. Por lo tanto, la concentración del financiamiento estatal a la educación superior en las universidades y prioritariamente en sólo 2 de ellas, es un subsidio que beneficia fuertemente a quienes están en el decil más rico de los chilenos.

La forma del subsidio a la Educación Superior es, a juicio del autor, uno de las más flagrantes acciones del Estado a favor de acentuar la mala distribución del Ingreso.

Subsidio a los jóvenes talentosos poco pudientes

La alternativa sería que el subsidio estatal en educación superior se entregara a jóvenes talentosos de bajos ingresos comprobados, para que ellos elijan la educación superior que quieran y con obligación de devolverla cuando sean profesionales.

Parece lógico pensar que muchísimos jóvenes de los estratos más pobres elegirían carreras de los institutos profesionales y centros de formación técnica que tienen un costo familia del orden de $ 2 y $ 4 millones respectivamente, en vez de las largas carreras de profesiones liberales (muchas de ellas con alta saturación de profesionales) que cuestan a una familia un mínimo de $ 10 millones.

Si así ocurriera, y utilizando los mismos recursos fiscales, se estaría multiplicando fuertemente el número de jóvenes con posibilidades de educarse. No cabe duda que un joven que obtiene un título técnico, ha conseguido un pasaporte definitivo para salir de la pobreza.

Obviamente una medida como la propuesta de cambio de la forma de entrega del subsidio fiscal a la educación superior, tendrá, por una parte, la cerrada oposición de los sectores de altos ingresos que educamos a nuestros hijos en forma subsidiada en las mejores universidades y, por otra, el propio establishment de las universidades tradicionales. Con el cambio propuesto, a éstas no les quedará más alternativa que esforzarse en hacer una buena oferta educacional, para atraer a los miles de estudiantes pobres que ahora vendrían con su subsidio en la mano.

En nuestra sociedad es un lugar común enorgullecernos de la democratización que induce nuestro sistema educacional, desde los tiempos de Lastarria y Bilbao. Este aserto hoy día tiene mucho de falacia.

Como se dijo, en la educación superior una parte importante del subsidio estatal va a las familias de altos ingresos. En la educación básica y media, si bien las familias de ingresos medios y bajos reciben el subsidio, lo obtienen a través de un sistema de pésima calidad; principalmente debido a que los profesores y directores no pueden ser calificados en su desempeño y gozan de inamovilidad.

Para qué hablar del casi inexistente sistema público de educación preescolar, época en la cual se desarrolla en los niños la mayor parte de las capacidades que van a determinar su desempeño en la vida. Así, el conjunto del sistema educacional no colabora en fomentar la igualdad de oportunidades, logrando que los pobres avancen más rápido que el conjunto, mejorando así la distribución del ingreso nacional.

Los efectos del desempleo

3.- El fomento del Empleo. La principal causa de la indigencia en Chile es la cesantía. La encuesta CASEN ha mostrado que la más efectiva forma para salir de ese estado, es que algún miembro del grupo familiar se integre al empleo.

A fines de 2004, el INE registra 495.000 cesantes. Pero esta cifra no muestra todo el drama de la pobreza y el sub empleo.

A esa fecha, el INE registraba a 5,8 millones de chilenos como ocupados (hay que hacer notar que el INE califica como ocupado, a quien haya trabajado remuneradamente más de 1 hora en la semana anterior a la encuesta). En ese momento, eran trabajadores formales cotizando al sistema previsional (INP más AFP) sólo 3,8 millones. Por lo tanto, había 2 millones de chilenos considerados como ocupados, que estaban fuera del sistema previsional.

Exceptuando en esta categoría a los empresarios de ingresos medios y altos; a los profesionales independientes y a las FF AA, este es el grupo formado mayoritariamente por los informales: los que hacen pololos, los trabajadores por cuenta propia o los dependientes sin contrato de trabajo. Este es el drama de la informalidad que, en su gran mayoría, constituye el rostro de la pobreza. En este grupo los que están peor, no son los que tienen salarios bajos, son los que no tienen salario.

Si el grupo de los cesantes y los informales encontrara empleo o lo formalizara, mejoraría su posición relativa respecto de la distribución del ingreso nacional.

Sólo si las Mipes contratan…

¿Por qué un gran número de personas está cesante o sub empleada? ¿Estamos en presencia de un desempleo estructural, regido por implacables leyes económicas que no podemos modificar o son nuestras propias leyes y regulaciones las causantes de este drama? Para contestar esta pregunta miremos donde se genera el empleo actualmente.

De acuerdo a la clasificación de MIDEPLAN, el empleo en Chile por tamaño de empresa es el siguiente:

O sea, el 77 % de los chilenos trabaja en empresas que tienen menos de 50 trabajadores. Surge una conclusión indudable: el empleo lo dan mayoritariamente las micro y pequeñas empresas: las MIPES. Por lo tanto, Chile solucionará el problema del empleo, si y sólo si, los pequeños empresarios contratan

Ahora bien, debemos contestar la pregunta: ¿nuestro sistema legal y económico facilita u obstaculiza el empleo por parte de las MIPES? Yo creo que desgraciadamente no lo facilita, siendo tres los principales obstáculos:

El salario mínimo. La productividad del trabajo en las MIPES es más bajo que en las grandes empresas, principalmente por la menor dotación de capital por trabajador. Especialmente baja es la productividad de las personas precisamente más indigentes: jóvenes sin calificación, madres jefes de hogar y personas de la tercera edad.

Al existir un Salario Mínimo y ser éste alto con relación a la productividad, las empresas sencillamente van a contratar menos trabajadores, prefiriendo producir menos o realizar procesos más automatizados ahorradores de mano de obra o simplemente contratarán trabajadores en negro, fuera del sistema previsional.

El Salario Mínimo entre 1993 y 2004 subió un 55 % en términos reales (7). ¿A quiénes favoreció y a quienes perjudicó esta significativa alza? Quienes pudieron conservar su empleo formal ganando ese salario fueron favorecidos con esta alza, los informales y los nuevos cesantes perdieron.

Una legislación perjudicial

La legislación laboral. Si uno observa los términos de la discusión pública acerca de las leyes laborales, parecería que el país sólo está compuesto de grandes empresas, con miles de trabajadores y éstos organizados en sindicatos. No está en el debate la realidad que cerca del 80% de los chilenos trabajan en MIPES.

Teniendo en vista esta realidad distorsionada es que se legisla para las grandes empresas, especialmente en la última reforma del año 2000. Puede decirse que esa reforma afectó poco a las grandes empresas, que ya tienen sindicatos establecidos y cuentan con abundantes medios para defenderse. Esto explicaría la débil oposición a esta reforma que hicieron los grandes gremios empresariales.

En cambio, para las MIPES, los efectos de esta reforma son muy significativos. La judicialización de las relaciones laborales; el mayor costo de las indemnizaciones; las restricciones al despido; la discrecionalidad de los inspectores del trabajo; los sindicatos en empresas de 8 personas con 5 de ellos inamovibles, son disposiciones que tienen efectos devastadores en sus costos.

La reacción de los pequeños empresarios ha sido la que uno esperaría: contratar el mínimo posible de trabajadores aumentando la cesantía y, de contratar, hacerlo fuera de la legalidad aumentando así el número de los trabajadores informales. Si queremos borrar la lacra de la cesantía, se deberá reformular la legislación laboral, especialmente la última reforma.

Nadie le presta a los pequeños

El sistema financiero. Las encuestas que se han hecho a los empresarios de las PYMES, arrojan que uno de los mayores problemas que ellos perciben es la dificultad para obtener créditos bancarios para la operación de sus negocios. Una de las razones importantes que explican este problema, es la existencia de la ley que fija una tasa de interés máxima para los bancos.

Las MIPES son más riesgosas que las grandes empresas y, si los bancos no pueden cobrar ese mayor riesgo en la tasa de interés, sencillamente optan por no prestarles, dejándolas a merced de los prestamistas.

Lo aparentemente paradójico de la economía chilena es que es exitosa en crecimiento económico, pero no genera empleos proporcionalmente. Entre 1985 y 1994 por cada 1% de crecimiento del PIB el empleo aumentó en 0,44%. Entre 1995 y 2003 cada 1% más de PIB, solo generó un 0,21% de crecimiento en el empleo(8).

Si se hubiera mantenido esa misma relación producto–empleo, hoy Chile no tendría cesantes. Estas dramáticas cifras muestra el sesgo anti empleo que está tomando nuestro desarrollo económico. Como claramente los sin empleo o los informales pertenecen a los deciles más bajos del ingreso, este sesgo anti empleo fomenta su mala distribución.

En resumen, nuestro sistema jurídico laboral y financiero, tiene importantes sesgos contra las MIPES, que son las que proporcionan el empleo que permite salir de la pobreza. No son los trabajadores formales los que más necesitan de la protección de las leyes laborales, son los cesantes y los trabajadores informales.

Contra los intereses creados

Conclusiones

Si el país reforma su sistema tributario haciéndolo más igualitario, si además focaliza hacia los pobres el subsidio para que accedan a una educación superior técnica o universitaria y si rompe las barreras para el empleo, habrá dado un decisivo paso para mejorar la vergonzosa mala distribución del ingreso vigente hoy día y que no ha mejorado, pese a los buenos deseos de los últimos tres gobiernos de la Concertación.

El autor está consciente de los poderosos intereses creados que se afectan con las proposiciones enunciadas y de la fuerte resistencia que opondrían a su aplicación. Desgraciadamente no se me ocurre alguna forma de mejorar la distribución del ingreso sin entrar en conflicto con: los propietarios de casas DFL2, la SNA, la SONAMI, la IANSA, los sindicatos de dueños de camiones, la CUT, la FECH, la FEUC y el Consejo de Rectores de las Universidades tradicionales.

Ellos son, por nombrar sólo algunos, quienes usufructúan de políticas estatales y legislación que favorecen a las personas de altos ingresos en desmedro de los más pobres. No será políticamente fácil hacer estos cambios, pero es de justicia.

NOTAS

1) MIDEPLAN. Encuestas CASEN 1987 y 2000.
2) Fuente: www.mindha.cl.
3) Andrés Venturelli, Una Estimación del Efecto Distributivo de las Bandas de Precio 1984-2000, Serie Economía Nº 162, Julio 2003, Centro de Economía Aplicada, Departamento de Industrias, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile.
4) Fuente: www.mineduc.cl. Incluye: Aporte Fiscal Directo (AFD), Aporte Fiscal Indirecto (AFI), MECESUP, Crédito Fiscal, Becas Ministerio de Educación y Aporte Especial Universidad de Chile. No incluye CONICYT ni otras ayudas a la investigación como FONDEF..
5) Acceden los sectores medios y no los bajos, pues toda esta educación es pagada.
6) MIDEPLAN, citado en Pequeñas y medianas empresas industriales en Chile, C. Alarcón y G. Stump, CEPAL 2000.
7) Fuente: A. Marinakis, J.J. Velasco, Salario Mínimo 2004, Indicadores para evaluar su reajuste, Junio 2004, Oficina Internacional del Trabajo, Oficina Regional para el cono sur de América Latina.
8) Fuente: INE y Banco Central.