La disputa entre posiciones progresistas y conservadoras en educación tienen en Chile una especial particularidad: ambas conviven en una misma reforma educativa. O dicho de otro modo, la actual reforma educativa es el resultado de dos procesos: la reforma financiera y administrativa de los 80 y la reforma pedagógica y de equidad de los 90. A la base de cada una hay dos maneras de entender el mejoramiento educativo, y más ampliamente, el sentido de la educación.

Sólo en un campo tan extenso y complejo como la educación – y de una transición política signada por rupturas parciales con el legado autoritario – puede explicarse una convivencia de esta naturaleza durante tanto tiempo. La reciente aprobación de una ley miscelánea – conocida como “Ley JEC” – que establece normas sobre integración social en las escuelas, procesos de selección de alumnos, Consejos Escolares, renovación y acreditación de directores, etc.; ha venido a interrumpir la precaria y difícil coexistencia. Más ampliamente, el reciente Informe de la OECD, ha dejado instalada la interrogante si estas dos reformas en una, constituye un modelo viable y sustentable de mejoramiento educativo a futuro, y si permite la construcción de un sistema educacional que fortalezca la cultura democrática y la cohesión social del país.

Una mayor precisión en el análisis obliga a reconocer que la coexistencia de estas dos reformas, no constituye una simple superposición de visiones sobre educación cuya línea divisoria se pueda situar nítidamente en el año 90. Durante la pasada década el modelo de construcción abierto en los 80, continuó su desarrollo –particularmente con medidas como el financiamiento compartido -, lo que significa reconocer que la lógica de mejorar la educación a través de introducir incentivos de mercado, es parte, también del pensamiento educativo de una parte de la Concertación.

¿Cómo podríamos caracterizar estos dos modelos o lógicas que coexisten en nuestra actual reforma educativa? La reforma de los 80 – de carácter esencialmente financiera y administrativa – tuvo a la base la idea y el impulso de construir y modelar el sistema educativo como un mercado competitivo (dada las “imperfecciones” de la educación para este propósito se ha hablado también de un “cuasi mercado”).

Para ello se han introducido y combinado, a lo menos, los siguientes mecanismos y procesos: un sistema de subvenciones que premia el número de alumnos y la asistencia; la creación e incentivo al desarrollo de un subsistema de educación privada subvencionada por el Estado (con menores regulaciones que la educación pública-municipal para la administración interna de los colegios y la fijación de condiciones de trabajo de los docentes); la posibilidad de los colegios para seleccionar alumnos; y la libertad de las familias para elegir establecimientos educacionales.

Dicho proceso se ha reforzado en los 90 con el financiamiento compartido, que permite el co-pago de las familias, en distintos tramos (con un tope cercano a los 50 mil pesos mensuales) en la educación privada subvencionada de Básica y Media, y de Media en el caso de la educación pública-municipal. También se ha contribuido a estimular y consolidar al sector privado subvencionado con el acceso a cuantiosos fondos públicos de infraestructura a través de la Jornada Escolar Completa (JEC).

La lógica a la base de este conjunto de medidas ha sido construir una dinámica de competencia entre las escuelas y liceos, descansando en el supuesto general que el libre mercado contribuye a mejorar la calidad de los productos y regula mejor los costos; lo que sería también válido para el sector educación.

En la medida que los establecimientos y sus sostenedores percibirían más ingresos en subvención por un mayor número de alumnos/as, ello debiera significar un estimulo a la mejora de la calidad del servicio educativo, pues ello implicaría mayores ingresos (los malos establecimientos perderían alumnos y por ende percibirían menos subvenciones, lo que en el mediano plazo los llevaría a desaparecer, por su inviabilidad económica). Por otro lado, al premiar la asistencia se mejoraría la eficiencia interna del sistema, creando incentivos para evitar el ausentismo y la deserción escolar.

Por otra parte, la posibilidad de seleccionar alumnos y la libre elección del establecimiento por parte de las familias, abriría una dinámica de competencia entre los establecimientos por captar a los mejores alumnos, y presionaría a las familias a un mayor compromiso y apoyo a la educación de sus hijos, como medio de acceder a las mejores escuelas y liceos. Sólo podrían seleccionar aquellos establecimientos que tienen una demanda superior a la oferta, y ello ocurriría en los buenos colegios y no en los malos.

Por último, el financiamiento compartido o copago – introducido el año 92 – contribuiría a elevar el compromiso de las familias con la educación de sus hijos, y pondría a disposición de los establecimientos nuevos recursos. Estos mayores recursos constituirían un nuevo mecanismo de competencia entre los establecimientos, lo que redundaría en un nuevo incentivo a la mejora de la calidad educativa.

Este modelo, que ya lleva en aplicación más de 20 años, si bien ha sido objeto de investigación educativa, tanto nacional como internacional, no ha sido parte de un debate público abierto y en profundidad en nuestro país. Transcurrido este tiempo, parece conveniente iniciar esta conversación y hacer un primer balance. Entre otras razones para poder despejar cuánto del actual estancamiento de los resultados de aprendizaje y del mediocre desempeño de nuestro sistema educacional, se puede atribuir a la reforma pedagógica y de equidad de los 90, y qué corresponde, en justicia, endosar a la reforma liberal de los 80.

En efecto, instalar como parte del diagnóstico sobre nuestro sistema educativo la existencia de dos reformas en una, con sus respectivas lógicas y dinámicas, contribuye a reconocer la complejidad de la crítica a la reforma educativa actual, y plantea un difícil dilema de futuro: ¿Cuánto de nuestros actuales problemas educativos se deben a una u otra reforma? ¿Se debe optar por un definitivo sinceramiento de las posiciones y resolver la tensión en favor de una de las dos reformas? ¿Se puede plantear una síntesis distinta entre estas reformas?

Ello, sin embargo, es adelantarse demasiado, primero veamos cuáles son las principales limitaciones de la reforma de mercado de los 80, y cuáles son las características principales de la reforma pedagógica y de equidad de los 90, la que luego de 14 años de aplicación también requiere de un análisis y de un balance crítico.